Brasil: Entra en vigor la Ley de Dosimetría que reduce penas por ataques del 8 de enero
BRASILIA.- Una nueva normativa legal que impacta directamente en las condenas por los ataques a las sedes de los Tres Poderes del 8 de enero de 2023 en Brasilia, conocida como Ley de la Dosimetría, fue promulgada este viernes por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre. Esta ley, que reduce las penas para los implicados, entra en vigor en todo el territorio nacional tras su publicación inminente en el Diario Oficial.
La promulgación recayó sobre Alcolumbre debido a que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no lo hizo en el plazo de 48 horas tras ser notificado oficialmente por el Congreso. Lula viajó a Estados Unidos el miércoles 6 de mayo, fecha en la que vencía el plazo para su acción. Esta situación generó un vacío que, según la legislación brasileña, habilita al presidente del Senado a formalizar la ley.
La medida es de particular relevancia porque beneficia directamente al expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta una condena de 27 años y tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado, relacionada con los sucesos del 8 de enero.
Claves de la nueva normativa y su proceso legislativo
La Ley de la Dosimetría fue aprobada inicialmente por el Congreso en diciembre del año pasado. Sin embargo, el presidente Lula da Silva la vetó integralmente el pasado 8 de enero. Este veto fue anulado por una sesión conjunta de la Cámara de Diputados y el Senado el 30 de abril, reinstaurando la voluntad del Poder Legislativo.
El texto de la ley introduce cambios significativos en la aplicación de las penas. Impide la acumulación de condenas por los delitos de abolición violenta del Estado y golpe de Estado. En su lugar, establece que se aplique únicamente la pena correspondiente al crimen más grave, con un incremento que oscila entre un sexto y la mitad de la misma.
Además, la normativa contempla una reducción de entre uno y dos tercios de la pena cuando los hechos ocurran en un contexto de multitud, siempre y cuando el condenado no haya sido financiador ni líder del movimiento. Estas disposiciones son cruciales para aquellos procesados por los incidentes del 8 de enero, incluyendo a figuras políticas de alto perfil.
Reacciones políticas y futuras impugnaciones
La promulgación de la ley desató una ola de reacciones en el ámbito político brasileño. Aliados del presidente Lula da Silva ya manifestaron su intención de impugnar la constitucionalidad de la medida ante el Supremo Tribunal Federal (STF). Esta acción legal puede ser iniciada una vez que la ley entre oficialmente en vigor.
Por su parte, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, celebró la medida y aprovechó la ocasión para lanzar duras críticas contra el actual mandatario. En un mensaje publicado en la red social X (anteriormente Twitter), Flávio Bolsonaro afirmó:
“El Brasil no puede seguir siendo conducido por un presidente cansado, superado y movido por el rencor. Lula tuvo la oportunidad de promulgar la ley y prefirió dejar vencer el plazo. Una vez más eligió la omisión y el conflicto.”
El legislador bolsonarista también argumentó que “ningún país consigue avanzar mientras vive sumergido en persecuciones, inseguridad jurídica y castigos desproporcionados”, y enfatizó que “el brasileño quiere volver a discutir lo que realmente importa: empleo, seguridad pública, emprendimiento, crecimiento y oportunidades”.
Flávio Bolsonaro concluyó su mensaje señalando que “el Senado dio un paso importante para recolocar a Brasil en el camino de la serenidad institucional” y llamó a “dar vuelta la página, pacificar el país y permitir que Brasil siga adelante sin el peso de disputas políticas interminables”. Este cruce de declaraciones subraya la polarización política que atraviesa Brasil en torno a los hechos del 8 de enero y sus consecuencias legales.
