Explosión en NAO: se define la sentencia por la tragedia de Cutral Co
Este martes 12 de mayo, la ciudad de Cutral Co, en la provincia de Neuquén, será el epicentro de una definición judicial largamente esperada. El tribunal colegiado a cargo del juicio por la explosión en la destilería New American Oil (NAO), ocurrida en 2022, dictará sentencia. Este veredicto llega tras años de incansable lucha de las familias de Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara, los tres operarios que perdieron la vida en el siniestro.
El proceso judicial, que culmina con la lectura de la sentencia a las 13 horas, es considerado por los allegados a las víctimas como una excepción. Sostienen que se consiguió gracias a la movilización persistente frente a un entramado de complicidades políticas, empresariales y burocráticas que, en muchos casos similares, garantizan la impunidad.
Sin embargo, un aspecto central de la denuncia de las familias se mantiene: la cúpula empresarial responsable de las condiciones que llevaron a la tragedia no forma parte de los acusados que enfrentarán el veredicto final. Los dueños y accionistas principales de NAO quedan al margen de esta instancia, consolidando lo que las víctimas y sus representantes legales califican como un régimen de impunidad patronal.
Originalmente, Rodrigo Arias, gerente general y socio de la empresa, estaba imputado en la causa. No obstante, logró acceder a una suspensión de juicio a prueba (probation) antes de esta etapa, evitando una posible condena penal a cambio de cumplir ciertas condiciones y ofrecer una reparación económica. En consecuencia, el juicio se centra en personal técnico y mandos medios de la planta. Los cinco imputados que llegan a sentencia son Guido Torti, jefe de planta; Silvio Saibene, jefe de mantenimiento; Gimena Brillo, licenciada en Seguridad e Higiene; Natalia González, técnica en Seguridad e Higiene; y Alfredo Novaro, auditor externo de la firma.
Desinversión y negligencia: el costo humano de la ganancia
Durante el juicio, se expuso que la explosión no fue resultado de “fallas técnicas” aisladas, sino de una política deliberada de desinversión. La planta operaba bajo un régimen de negligencia estructural, caracterizado por la ausencia de protocolos de seguridad adecuados, instalaciones eléctricas incompatibles con áreas de alto riesgo explosivo y auditorías de seguridad que resultaron ser fraudulentas.
El fiscal Gastón Liotard describió la operación como un “manejo a ciegas”, desestimando los intentos de la defensa de responsabilizar a los operarios fallecidos. Esta perspectiva sugiere que la priorización de la tasa de ganancia se impuso sobre la seguridad de los trabajadores, revelando una desidia que, desde una mirada de clase, se interpreta como una estrategia empresarial.
El rol del sindicato y la lucha por la justicia
El comportamiento del Sindicato de Petroleros Privados, bajo la conducción de Marcelo Rucci, fue objeto de críticas. Tras la muerte de Herrera, Molina y Jara, la acción gremial se limitó a una medida de fuerza de siete horas, seguida de un silencio que se extendió por casi cuatro años. Las familias denuncian que la dirigencia sindical abandonó su acompañamiento en las querellas y en la lucha callejera, mientras destinaba recursos a actos de validación política con el poder provincial.
Este caso contrasta con otros incidentes, como el fallecimiento de Víctor Vázquez, operario de Rakiduamn en un pozo de YPF meses antes. En ese caso, la impunidad se consolidó rápidamente: una única pericia, calificada de falsa, cerró la causa; el abogado sindical abandonó la querella; y el sistema administrativo catalogó la muerte como un “riesgo laboral” inevitable, asegurando la continuidad de la operación sin responsables.
La llegada de la causa NAO a la instancia de sentencia oral y pública es una excepción en un sistema que, a menudo, tiende al archivo y el olvido. La aplicación del artículo 186 del Código Penal (estrago doloso) se atribuye a la presión de un colectivo que se negó a aceptar el “precio de la sangre” como parte del salario. Sin embargo, la ausencia de la cúpula empresaria en el banquillo de los acusados subraya el límite de una justicia que, según las familias, preserva a quienes concentran el poder económico.
El 12 de mayo, en Cutral Co, no solo se juzga un incidente industrial; se pone en tela de juicio la pretensión del capital de disponer de la vida obrera sin consecuencias, y se valida la lucha independiente de las familias y la clase trabajadora como única vía para romper el pacto de silencio en torno a las muertes laborales.
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Víctor Herrera · Gonzalo Molina · Fernando Jara
Presentes en la lucha contra la impunidad
