El Gobierno acusa a Tapia y Toviggino de asociación ilícita fiscal en AFA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), bajo la dirección de Andrés Vázquez, presentó una ampliación de denuncia penal de alto impacto contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En esta nueva presentación judicial, ARCA acusa directamente a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, de integrar una presunta “asociación ilícita fiscal”. La maniobra, según la denuncia, se habría concretado mediante la utilización sistemática de facturación apócrifa, con el objetivo de ocultar el destino final de fondos y evadir impuestos por un monto cercano a los 300 millones de pesos.
La denuncia fue radicada ante el juzgado penal económico a cargo de Diego Amarante, que ya investigaba a la AFA por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto que rondaba los 19 mil millones de pesos. Esta causa previa ya había puesto bajo lupa el manejo financiero de la entidad que preside Tapia, desencadenando una serie de medidas judiciales y requerimientos de información sobre sus movimientos económicos.
El nuevo escrito, al que accedió Infobae de fuentes del caso, amplía el alcance de la investigación e introduce una hipótesis aún más grave: la posible existencia de una estructura organizada dedicada a cometer delitos tributarios a través de la emisión de facturas falsas.
El esquema de la presunta evasión y el perjuicio fiscal
La ampliación de la denuncia, incorporada al expediente CPE 1182/2025, profundiza la investigación sobre operaciones realizadas entre 2023 y 2025. ARCA sostiene que la maniobra habría generado un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66. Según el documento, el organismo detectó un patrón de uso sistemático de proveedores que carecían de “capacidad económica, financiera y operativa”. Estas empresas habrían sido utilizadas para emitir comprobantes apócrifos y justificar pagos cuyo destino final no pudo ser determinado.
ARCA afirma que la AFA desplegó “un ardid tendiente a encubrir los verdaderos destinatarios del dinero” y que las operaciones detectadas presentan “indicios graves, precisos y concordantes” compatibles con un esquema de evasión tributaria agravada mediante el uso de facturación falsa.
Además de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, el escrito identifica a otros dirigentes como parte de la estructura investigada: el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.
Empresas fantasma y la ruta del dinero
La ampliación de la denuncia se realizó tras una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria de ARCA, enfocadas principalmente en operaciones económicas vinculadas al predio de Ezeiza. La investigación detectó pagos de la AFA a una red de empresas con irregularidades estructurales y características típicas de usinas de facturación. Entre las firmas observadas se encuentran Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA, Holdembrog SA, Consultek Consultora y Servicios SRL, Belesan SAS, Albamonte Construcciones SRL, Logistic Winter SRL, Central Hotel SRL e Inapey SA.
Un segundo grupo de compañías, detectadas por cruces de facturación electrónica, incluye a Alianza Producciones SA, Xmart Solutions SRL, Capadoccia SRL, Prussian Blue SRL, Nuevo Expreso San Ignacio SRL, GYE Turismo SRL, Abidan SA, MB Canning y Ultrecht SRL. Muchas de estas sociedades, según ARCA, integraban la base de contribuyentes “no confiables”.
El organismo sostiene que estas empresas habrían sido utilizadas para simular operaciones comerciales y emitir comprobantes sin respaldo económico real. La denuncia describe sociedades sin empleados, sin maquinaria, sin capacidad financiera acorde a los montos facturados y con domicilios inexistentes o abandonados. También se mencionan estructuras societarias conectadas por socios repetidos y cambios abruptos de actividad comercial.
El circuito financiero y el pedido de indagatoria
Según la reconstrucción de ARCA, la maniobra operaba en varias etapas. Primero, la AFA contrataba supuestos servicios u obras. Luego, las firmas emitían facturas electrónicas para justificar gastos y reducir la carga tributaria. Finalmente, los pagos se realizaban mediante transferencias y, principalmente, cheques que circulaban a través de múltiples endosos.
ARCA sostiene que el 77,11% de los pagos investigados fue realizado mediante cheques y apenas el 22,89% mediante transferencias bancarias.
Esta modalidad, según el organismo, permitió fragmentar la trazabilidad de los fondos y dificultar la identificación de los beneficiarios finales. Muchos cheques emitidos por la AFA fueron endosados varias veces y terminaron depositados por empresas o personas sin relación comercial directa con las operaciones originales. A modo de ejemplo, BLD SA informó que cheques destinados a Construcciones Far West SRL se usaron para comprar hacienda, y Frigorífico Rioplatense recibió cheques de proveedores de la AFA para cancelar ventas de carne vacuna. ARCA considera que esto constituye una “ruptura de la cadena de pagos” y un patrón de ocultamiento del verdadero destino de los fondos.
La denuncia detalla inconsistencias severas en la actividad declarada por las firmas investigadas, que emitían facturación por obras o servicios sin infraestructura ni capacidad operativa. ARCA concluyó que las operaciones “carecen de sustento económico real” y que las facturas no reflejan prestaciones efectivas, siendo utilizadas exclusivamente para generar efectos fiscales indebidos y encubrir a los verdaderos destinatarios de los pagos.
Los montos atribuidos a cada período fiscal superan el umbral para configurar evasión agravada. La conducta encuadra en el artículo 2 inciso d de la Ley 27.430, que reprime el uso de comprobantes apócrifos para ocultar operaciones y evadir tributos. La ampliación de la denuncia pide formalmente que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita fiscal, argumentando que la maniobra tuvo continuidad temporal, habitualidad, coordinación entre actores y una estructura organizada para cometer delitos tributarios de manera sistemática. ARCA solicitó que Tapia, Toviggino y los demás dirigentes mencionados sean convocados a prestar declaración indagatoria, y que la Justicia profundice la investigación sobre toda la estructura financiera involucrada.
