Caso Bailaque: el contador Gabriel Mizzau «se arrepintió» y reveló cómo el exjuez buscó «emprolijar» su DDJJ
El exjuez federal Marcelo Bailaque, actualmente bajo prisión domiciliaria y enfrentando tres causas judiciales, se encuentra en una situación aún más comprometida tras la declaración de su amigo y contador personal, Gabriel Mizzau. Mizzau, quien no solo llevaba las finanzas del exmagistrado sino también las del jefe narco Esteban Alvarado, se presentó como arrepentido en la causa que investiga a Bailaque.
La confesión de Mizzau es un golpe clave para la investigación, ya que el contador tiene un conocimiento profundo de las finanzas, inversiones y el crecimiento patrimonial de Bailaque. Los fiscales buscan determinar si el exjuez recibió dinero de Alvarado y cómo esos fondos pudieron haber sido invertidos, sospechando que se trataría de un pago por la «protección» brindada al capo narco rosarino.
Según fuentes judiciales, Mizzau declaró en tres oportunidades en los últimos meses. De sus extensas charlas con los investigadores, se desprende que entre 2014 y 2015 Bailaque adquirió dos propiedades, una de ellas a nombre de su pareja. Ante esta situación, el exjuez habría convocado a Mizzau para que intentara «emprolijar» su declaración jurada, dado que sus ingresos en blanco no eran suficientes para justificar dichas compras. Mizzau admitió haber realizado esta tarea y, a la par, recibió información calificada del expediente que tenía a Alvarado como principal sospechoso de liderar una organización narco.
La doble vida contable del exjuez y el narco
Mizzau mantenía contacto directo con Rosa Capuano, entonces pareja de Alvarado y encargada de blanquear el dinero del narcotraficante a través de la creación de empresas de transporte como Santino, Sagrado Corazón de María y Toia. La firma del contador aparece en la documentación de estas empresas, un hecho que ya había sido revelado por LA NACION el 11 de junio de 2024, cuando se hizo público que Mizzau tenía como clientes tanto al juez como al jefe narco.
Al acogerse a la figura del arrepentido y aceptar su culpabilidad, Mizzau deja a Bailaque como el único implicado que no ha firmado acuerdos de colaboración. El exjuez espera la fecha del juicio oral que deberá afrontar en soledad.
«Mizzau aportó información de carácter patrimonial que nos permite avanzar en casos conexos. Reconoció los hechos y la calificación jurídica», aseguró Diego Iglesias, titular de PROCUNAR, en la audiencia de esta semana.
Mizzau estaba imputado por lavado de activos, acusado de prestar asesoramiento contable al entramado societario que Alvarado montó desde 2014. Empresas como Logística Santino, Sagrado Corazón de María, Toia y Edra funcionaban como pantallas para blanquear la fortuna acumulada por el narco, quien se benefició de la falta de investigación por parte de Bailaque en la justicia federal. La primera condena contra Alvarado provino del fuero provincial, tras una investigación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
El contador firmó balances, gestionó habilitaciones municipales y nunca realizó reportes de operaciones sospechosas, todo mientras llevaba las cuentas del juez que tenía la causa contra Alvarado en sus manos. En la nota de LA NACION de 2024, Bailaque reconoció a Mizzau como su contador, pero afirmó desconocer que también asesoraba al narcotraficante.
El cerco judicial se cierra sobre Bailaque
La publicación de LA NACION marcó el inicio del desmoronamiento de la situación de Bailaque. El Consejo de la Magistratura, que ya había iniciado un sumario disciplinario en abril de 2024, aceleró la investigación. Los fiscales federales avanzaron con las imputaciones y, en noviembre de ese año, se formalizó la investigación penal. El 30 de abril de 2025, el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz le dictó prisión preventiva por noventa días, la cual se hizo efectiva tras la renuncia de Bailaque en junio de 2025, aceptada por el gobierno de Javier Milei el 30 de ese mes. El exjuez fue acusado de prevaricato, abuso de autoridad, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.
Mizzau no es el primer colaborador en esta causa. Antes lo hizo Carlos Vaudagna, extitular de ARCA en Rosario, quien en marzo de 2025 se presentó como arrepentido y admitió que en una cena en el quincho de Bailaque se planificó una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias con fines extorsivos. Iglesias pagó 140.000 de los 200.000 dólares exigidos, en reuniones con el financista Fernando Whpei en las oficinas del Museo de la Democracia.
También Whpei, titular del Grupo Unión y otro amigo del exjuez, se plegó a la figura de colaborador. Sus revelaciones comprometen a Bailaque en el manejo irregular de fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, donde el magistrado habría permitido el giro de más de mil millones de pesos hacia una mutual controlada por Whpei, en lugar de una entidad regulada por el Banco Central.
Con tres arrepentidos declarando en su contra –Vaudagna, Whpei y ahora Mizzau–, el cerco sobre Bailaque se estrecha. Los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari presentaron en febrero de 2026 tres acusaciones formales y solicitaron una pena de 10 años de prisión, cinco de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, cinco de inhabilitación absoluta y multas. En el escrito de más de 200 páginas, calificaron las conductas de Bailaque como «un supuesto paradigmático de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial».
El capítulo más grave de la acusación contra Bailaque se relaciona con su actuación en la causa contra Alvarado. En 2013, la Policía de Seguridad Aeroportuaria presentó informes que señalaban al narco y a su socio Luis Medina. El fiscal Marcelo Di Giovanni pidió intervenciones telefónicas, pero Bailaque las rechazó o demoró hasta once meses. Esta pasividad fue crucial para que Alvarado consolidara su poder criminal, acumulando una fortuna y controlando el narcotráfico en Rosario durante nueve años, dejando un rastro de asesinatos. Recién en 2019, cuando Alvarado ya había sido detenido por fiscales provinciales, Bailaque lo procesó. El narco fue condenado a prisión perpetua por la justicia provincial y a 15 años por el fuero federal.
La decisión de Mizzau de colaborar con la Justicia aporta información patrimonial que, según los fiscales, permitirá avanzar en causas conexas. El juicio oral, que los fiscales esperaban que comenzara en el primer semestre de 2026, es ahora inminente. Bailaque sigue detenido en su domicilio, mientras la causa que comenzó con la revelación de un vínculo contable entre un juez y un narco expone una trama de corrupción judicial sin precedentes en la historia de Rosario.
