Conflicto en Granja Tres Arroyos: dos gremios denuncian salarios en cuotas y «situación insostenible»
La empresa avícola Granja Tres Arroyos enfrenta una fuerte controversia tras el cierre por tiempo indeterminado de su planta en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Dos gremios clave, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), han elevado su voz de alarma, denunciando un “incumplimiento salarial” generalizado y una “situación insostenible” que afecta a más de 1200 trabajadores en distintas provincias del país.
Mientras la compañía atribuye el cierre a un supuesto conflicto interno del gremio de los alimentos, las organizaciones sindicales desmienten esta versión y acusan a Granja Tres Arroyos de ser la responsable de la crisis debido a reiterados atrasos y pagos fragmentados de los salarios. La situación, según los gremios, no solo se limita a Entre Ríos, sino que también impacta a empleados en Buenos Aires, Córdoba y Chaco.
Uatre: Salarios en «ocho o nueve cuotas» y «temor a perder la fuente laboral»
Uatre expresó su “profunda preocupación” por la situación de los trabajadores de las avícolas WADE – Grupo GTA, quienes, según el gremio, “hace más de un año y medio sostienen el funcionamiento de la empresa mientras padecen el atraso y el pago fragmentado de sus salarios”. Los trabajadores, denuncian, perciben sus haberes en “más de ocho o nueve cuotas, afectando seriamente la economía de cada hogar”.
“Hoy los trabajadores perciben sus haberes en más de ocho o nueve cuotas, afectando seriamente la economía de cada hogar. Muchas familias no pueden cubrir el plato de comida diario, acumulan servicios impagos, alquileres atrasados y un creciente endeudamiento, todo agravado por el temor permanente a perder la fuente laboral.”
El gremio detalló que se han realizado “múltiples gestiones, reuniones y presentaciones ante organismos y representantes de la empresa”, incluyendo audiencias mensuales ante el Ministerio de Trabajo. Además, se brindó asistencia con mercadería y se gestionó la continuidad de servicios esenciales para las familias afectadas, con apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Uatre exige a la empresa que “exponga con claridad su situación administrativa, informe directamente a sus trabajadores sobre el estado real de la organización, y solicite al Gobierno las herramientas necesarias para preservar las fuentes laborales y brindar tranquilidad a las familias”. Advirtieron que “el tiempo de las promesas incumplidas se acabó: no daremos un paso atrás hasta que cada compañera y cada compañero reciba lo que le corresponde”.
Consultada por LA NACION, la empresa indicó que la situación en Wade es “normal al día de hoy, se está trabajando normalmente y pagando los salarios según lo acordado con los trabajadores”. Agregaron que mantienen un “diálogo permanente con Uatre y con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires”. Sin embargo, se aclaró que los trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay no están vinculados a Uatre, sino a otros sindicatos de los alimentos.
STIA: «Incumplimientos salariales reiterados» y «prácticas antisindicales»
En medio de la escalada del conflicto, el STIA respondió públicamente la versión empresarial, asegurando que la crisis se originó por “incumplimientos salariales reiterados y no por las medidas gremiales”. El sindicato acusó a Granja Tres Arroyos de mantener “deudas salariales de larga data, aplicar prácticas ‘antisindicales’” y utilizar el pago parcial de haberes como “mecanismo de presión” sobre los trabajadores.
Según la denuncia del STIA, la empresa “todavía adeuda la segunda quincena de abril y la primera de mayo de 2026”. Además, el “esquema de cancelación en cinco cuotas” presentado para regularizar salarios “fue incumplido”, ya que solo se habría pagado “una cuota y media”.
El sindicato rechazó la caracterización empresaria de las protestas como “medidas inflexibles y desproporcionadas”, sosteniendo que se trató de “acciones encuadradas dentro de la legislación laboral vigente frente a la falta de pago de salarios”.
STIA también acusó al Grupo GTA de “exigir que los operarios abandonen los reclamos y retomen tareas a cambio de cobrar parcialmente los salarios adeudados”.
“Granja Tres Arroyos exige a los operarios que desistan del reclamo y trabajen en estas condiciones abusivas a cambio de abonarles parcialmente lo que se les debe, explotando la situación de necesidad extrema a la que han sido empujados los operarios. En esta tesitura, algunos se ven obligados a someterse a estos requerimientos por la apremiante situación de sus familias, lo que origina tensiones entre estos y sus compañeros que sostienen la protesta legítima.”
El comunicado del STIA también cuestionó la decisión de cerrar la planta sin ofrecer precisiones sobre el futuro laboral de los empleados ni sobre la cancelación de las deudas. Afirmaron que los incumplimientos impactan incluso en obligaciones familiares básicas, como el pago de cuotas alimentarias. “Esta representación sindical sostiene que el conflicto no es la causa del cierre, sino una consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones básicas del empleador y de sus intentos por imponer condiciones laborales abusivas bajo presión económica”, destacaron.
El jueves se realizó una audiencia de conciliación laboral en la Secretaría de Trabajo de Paraná, con la participación del Sindicato de la Carne, el Sindicato de Industrias de la Alimentación y autoridades de la empresa, pero no se llegó a un acuerdo y se pasó a cuarto intermedio.

