La “uberización” narco: el nuevo desafío de la justicia en Argentina
Una investigación de la Justicia federal porteña acaba de exponer la tercera transformación del narcotráfico en Argentina, revelando una «cocina» de cocaína en un precario cuarto de un asentamiento en Puerto Madero. El hallazgo, que incluyó un horno de secado artesanal, compresores hidráulicos y moldes de compactación, custodiado por un joven inmigrante, evidencia la sofisticación y descentralización que el crimen organizado está adoptando en el país.
Este nuevo modelo, que se asemeja a la lógica de las aplicaciones de delivery y mensajería, permite a las organizaciones narco importar materia prima semi-procesada –como pasta base de cocaína o fentanilo– y finalizar la producción cerca de los grandes centros de consumo. Esto no solo reduce costos, sino que también maximiza las ganancias al agregar valor en el mercado local.
Producción local y tecnología al servicio del narco
La adaptación tecnológica no se limita a la cocaína. En el caso de la marihuana, los narcos explotan la selección genética de semillas y sistemas avanzados de iluminación, calefacción y riego. Esto les permite instalar cultivos industriales en cualquier inmueble, produciendo la cantidad necesaria para el mercado local sin depender de importaciones.
Esta estrategia de «uberización» del narcotráfico comenzó a gestarse a principios del siglo XXI con drogas sintéticas como las metanfetaminas. Los laboratorios locales se multiplicaron para reducir costos y aumentar el valor agregado de diversas sustancias. Hoy, los desarrollos tecnológicos y el conocimiento científico disponible en internet potencian este sistema flexible y deslocalizado de fabricación y distribución.
A nivel minorista, la tecnología ha facilitado la capilarización social y geográfica de las organizaciones narco, permitiendo que cualquier persona se convierta en un potencial «emprendedor» del crimen. Este fenómeno, conocido en Inglaterra como county lines –líneas de condado–, ya se detecta en varias regiones del planeta, incluida Argentina, involucrando telefonía celular, inmuebles, personas en situación de vulnerabilidad –incluso explotadas sexualmente– y, por supuesto, drogas.
El mundo digital como nuevo campo de acción
La masificación de billeteras virtuales como Mercado Pago y Ualá, junto a aplicaciones de delivery como PedidosYa y Rappi, ha permitido a las organizaciones narco descongestionar sus estructuras tradicionales. El narcotráfico abandona el espacio físico y se lanza a la conquista del mundo digital.
El sistema es tan simple como sofisticado: distribuidores de rango medio reciben pedidos por celular y se comunican con vendedores al menudeo. Estos últimos recogen la mercancía en puntos específicos y la entregan directamente a los compradores, incluso en otras ciudades. Las drogas se almacenan en casas abandonadas o habitadas por personas de bajos recursos, quienes son coaccionadas o convencidas mediante violencia física o la promesa de supervivencia económica. Los puntos de retiro de la mercancía varían frecuentemente, incluso de barrio o ciudad.
Las organizaciones han adoptado la filosofía de las plataformas, desconcentrando sus estructuras y captando a personas con pretensiones de ser «emprendedores narco» o que buscan sobrevivir en condiciones precarias. Ya no requieren un gran número de miembros para demostrar su poderío y, de hecho, buscan reclutar a individuos sin antecedentes penales o menores, lo que minimiza el riesgo y el compromiso para la cúpula.
La capilaridad de este nuevo sistema, que permite la existencia de «empleados» sin patrones visibles, representa un desafío formidable para los Estados. La lucha contra el narcotráfico se ve obligada a reorientar su enfoque, buscando el punto de inflexión no solo en las personas involucradas, sino en el propio sistema que las habilita y las explota.
Lucas Manjón es Profesor Superior de Historia y oficial mayor en el MPF; representa a la asociación italiana Libera en la Argentina y coordina el proyecto Bien Restituido, para la administración y la reutilización social de bienes cautelados y decomisados en causas penales.
