Tarifas de gas: el Gobierno cambia el cálculo de sobrecostos para evitar picos de aumento en invierno

Con el objetivo de atenuar el impacto tarifario que genera el encarecimiento de los combustibles importados, el Gobierno nacional modificó la mecánica de traslado de costos a las facturas del servicio público de gas. A través de la resolución 167/2026, la Secretaría de Energía dispuso reformar la liquidación de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), el instrumento técnico mediante el cual se traslada a la tarifa final el valor real del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Una estrategia para aplanar la curva de los aumentos

Hasta la aplicación de la nueva medida, el ajuste por la importación de gas mantenía un esquema fuertemente estacional, concentrando la carga financiera en los meses más fríos del año, momento en que los requerimientos de consumo aumentan de manera drástica y se apela a la compra de buques en el exterior. Con las modificaciones reglamentadas, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) liquidará e integrará estos valores cada dos meses de forma homogénea a lo largo de todo el año comercial.

La intención oficial busca neutralizar lo que en el área energética denominan como el «doble efecto estacional»: la convergencia entre un aumento exponencial en el volumen consumido por las bajas temperaturas y la cotización pico del fluido importado. El esquema adoptado replica la metodología aplicada por la petrolera YPF en el mercado de combustibles, donde la fluctuación internacional del crudo no se convalida inmediatamente en surtidores, sino que se administra diferida en el tiempo.

El trasfondo técnico evidencia una fuerte brecha de precios. Mientras que el gas extraído de los pozos locales cotiza cerca de los US$4 por millón de BTU durante la temporada invernal, la cotización del gas natural licuado (GNL) traído por barcos ascendió hasta los US$23 por millón de BTU como consecuencia directa del conflicto bélico en Medio Oriente y las complicaciones para el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz.

“Para dar más previsibilidad y estabilidad al consumidor, tratamos de que la factura sea lo más plana posible, haciendo que las diferencias se reflejen con mayor periodicidad y menos estacionalidad”, señaló la secretaria de Energía, María Tettamanti.

Evolución de las compras internacionales y subsidios

En el área de infraestructura, la entrada en operatividad de la ampliación del gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) permitirá moderar la dependencia de los buques metaneros. Para el próximo período invernal, el Ejecutivo prevé reducir el ingreso de barcos de GNL a una horquilla de entre 10 y 11 buques, frente a las 23 embarcaciones adquiridas durante la última temporada. Las autoridades proyectan además transferir las operaciones de compra directamente a la gestión del sector privado para los años venideros.

En materia tarifaria reciente, las facturas del mes de julio incluyeron incrementos promedio del 3,01% en el gas a escala nacional y un 1,5% en el servicio eléctrico para la región del AMBA. En simultáneo, las autoridades extendieron el régimen de bonificación extraordinaria del 25% en el servicio de gas destinado a las franjas de usuarios vulnerables, a la vez que se elevó del 11,97% al 16,59% el descuento en materia de electricidad.

El trasfondo legislativo y la revisión de las Zonas Frías

A la reorganización del costo del gas se suma la agenda legislativa en el Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados aprobó la media sanción a un proyecto de ley que establece el recorte del régimen de beneficio tarifario por «zonas frías», normativa que actualmente alcanza subsidios para 11 provincias del país, entre las que figura territorio bonaerense.

La iniciativa —que debe ser discutida en el Senado— pretende conseguir un impacto positivo en el gasto público estimado en $272.000 millones. El texto elimina la subvención directa para hogares de segmentos medios y altos en diversos distritos del interior, limitando las excepciones al sector patagónico, Malargüe y la Puna, reduciendo adicionalmente la cobertura tarifaria sobre los fletes de transporte y distribución. El proyecto también habilita al Poder Ejecutivo a ajustar recargos del fondo fiduciario del gas, diseñar esquemas de regularización de deudas operativas con Cammesa y prorrogar la promoción de energías renovables hasta el año 2045.