Causa AFA: la trama judicial por la quinta de Pilar y el rol clave del juez González Charvay

La disputa judicial por la competencia de la causa que investiga la ostentosa casaquinta de Pilar atribuida a presuntos testaferros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó una serie de movimientos clave. Durante más de seis meses, los titulares formales del predio han buscado que el caso tramite en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, quien ha mostrado una receptividad favorable a los planteos de la defensa para retener y atraer los distintos expedientes vinculados a la entidad deportiva.

El expediente no solo gira en torno al inmueble de Villa Rosa, equipado con haras y una colección de más de medio centenar de vehículos de alta gama, sino también a la ingeniería financiera detrás de las operaciones. En el centro de la escena aparecen el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y los propietarios formales del inmueble, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte. Asimismo, la pesquisa alcanza a la firma TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni, la cual recauda ingresos internacionales de la AFA cobrando una comisión del 30%.

Aunque González Charvay dejó de estar al frente de la causa principal hace casi un mes, su juzgado podría retomar el control si así lo resuelve la Cámara de Casación tras la audiencia fijada para el 12 de agosto. Una decisión en ese sentido iría a contramano de lo determinado por la Cámara en lo Penal Económico y de la posición de los fiscales intervinientes. Como informó este medio Causa AFA: la Cámara de Casación definirá qué juez debe investigar la lujosa mansión de Pilar, la definición de la alzada será determinante para el futuro procesal de las actuaciones.

Las idas y vueltas de la competencia y el capítulo provincial

La puerta de entrada para la intervención de la Justicia Federal de Campana se abrió cuando el camarista Leopoldo Bruglia dispuso el pase del expediente de Comodoro Py al fuero Penal Económico. En esa resolución, el magistrado sugirió evaluar la competencia territorial de Campana, oportunidad que la defensa de Pantano y Conte aprovechó para solicitar la inhibitoria ante González Charvay.

En paralelo, el juez de Campana conserva el control sobre otra arista judicial de la AFA. Se trata de una causa originada en Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón solicitó la detención del presidente de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia, y de Toviggino por presuntas transferencias millonarias hacia un entramado de sociedades vinculadas al tesorero. Tras el rechazo inicial del juez Sebastián Argibay y su remisión a Campana, la Cámara Federal de San Martín debe definir si el expediente se queda con González Charvay, vuelve al fuero de origen o parte hacia Penal Económico.

Argumentos técnicos, peritajes decisivos y el perfil del juez

Quienes defienden la postura de González Charvay sostienen que existen argumentos técnicos fundados en la garantía del juez natural por el territorio donde se ubica la quinta y en la necesidad de evitar un doble juzgamiento. Sin embargo, desde la Cámara en lo Penal Económico, los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio argumentaron que la complejidad de las maniobras de lavado excede la ubicación geográfica del inmueble y remarcaron la falta de avances sustanciales durante el trámite en Campana.

Actualmente, el expediente principal tramita de forma subrogante en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, a cargo de la jueza Verónica Straccia. Allí avanza un peritaje contable encomendado a expertos de la Corte Suprema de Justicia para analizar los ingresos de la AFA desde 2019, las comisiones de TourProdEnter y los giros recibidos por Real Central, la firma de Pantano y Conte.

Con reputación de juez severo construida en causas de narcotráfico como «Bobinas Blancas», González Charvay ostenta además antecedentes de alto impacto político: procesó con un embargo de $350 millones al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, llevó a juicio oral al exintendente de Pilar Nicolás Ducoté y respaldó al intendente Federico Achával para cobrar tasas municipales en facturas de servicios públicos.