Desregulación económica: el Gobierno alista un paquete de reformas y pedirá facultades delegadas
El Poder Ejecutivo nacional tiene ultimado un nuevo paquete de desregulación económica redactado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la conducción de Federico Sturzenegger. El proyecto de ley, que actualmente atraviesa la etapa final de revisión técnica en la Casa Rosada a la espera de la firma del presidente Javier Milei para ser enviado al Congreso, busca eliminar trabas en más de una decena de sectores productivos y de servicios, e incluye un pedido de facultades delegadas por el plazo de seis meses.
Emergencia y facultades delegadas por seis meses
El aspecto con mayor densidad política se encuentra en el Título 10 de la iniciativa. Allí, el Ejecutivo solicita la declaración de la emergencia administrativa y de competencia por un plazo de seis meses. De aprobarse, este mecanismo le otorgaría a la Casa Rosada la potestad de modificar o derogar regulaciones mediante decretos sin necesidad de someter cada cambio al debate parlamentario individual.
Entre los alcances pretendidos figuran la facultad de intervenir sobre regímenes de precios mínimos o máximos, cupos de producción, beneficios sectoriales y monopolios legales que la gestión oficial considera distorsivos. Como contrapartida institucional, la propuesta obliga al Gobierno a remitir informes trimestrales al Congreso con el detalle de las decisiones adoptadas bajo este marco extraordinario.
La estrategia legislativa busca acelerar transformaciones tras las dificultades observadas en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, donde proyectos impulsados por la cartera de Sturzenegger —como el paquete sobre propiedad privada, la Ley Hojarasca y la reforma a la Ley General de Sociedades— permanecen frenados o sufrieron postergaciones por falta de consensos.
Salud, cultura, energía y servicios financieros
En el ámbito de la salud y el comercio farmacéutico, la propuesta reitera la intención oficial de autorizar la exhibición y venta de medicamentos de venta libre en góndolas, además de habilitar la comercialización digital con envío a domicilio. Tras los reveses judiciales que frenaron partes del DNU 70/23 por cautelares promovidas por entidades del sector, el oficialismo intenta otorgarle respaldo legal mediante una ley aprobada por el Poder Legislativo.
Para el mercado del libro, el texto establece la derogación del régimen de precio uniforme, lo que permitirá a las librerías definir de manera independiente el valor final de venta, aplicar descuentos y ofrecer promociones. En materia energética, el proyecto propone desregular el mercado del gas licuado de petróleo (GLP): el Estado dejará de fijar precios, cupos de comercialización y márgenes de rentabilidad sobre las garrafas, circunscribiendo su actuación únicamente a la fiscalización de seguridad técnica.
Asimismo, en el plano financiero, la iniciativa actualiza el sistema de garantías comerciales y créditos. Entre sus novedades principales se destaca la habilitación de activos virtuales como criptomonedas para respaldar obligaciones, junto con la incorporación de contratos inteligentes, firmas digitales, la digitalización de warrants y la creación de un registro federal unificado de garantías.
Inmuebles, arrendamientos rurales, transporte fluvial y economías regionales
En el sector agropecuario, la iniciativa plantea la derogación de la Ley de Arrendamientos Rurales, permitiendo que propietarios y contratistas fijen libremente plazos, montos y modalidades de pago sin topes ni mínimos normativos. Respecto del transporte de cargas y cabotaje marítimo, retoma aspectos del DNU 340/2025 al autorizar que buques con bandera extranjera realicen navegación de cabotaje interno bajo permisos temporarios.
Por otra parte, el proyecto introduce un giro profundo en la actividad inmobiliaria al eliminar la obligatoriedad del título universitario y la matrícula profesional para ejercer la profesión de corredor o martillero público, desregulando el acceso a la intermediación en operaciones de compraventa y alquileres.
En materia de economías regionales, el articulado reforma el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), limitando sus tareas a la verificación de la calidad del producto final, e impone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Por último, se elimina la exigencia general de recurrir a traductores públicos matriculados para trámites administrativos nacionales y se fija un límite impositivo para las cooperativas: aquellas con excedentes anuales superiores a los $500 millones deberán tributar el Impuesto a las Ganancias.
