Combustibles: un fallo judicial obliga a las petroleras a informar los aumentos al Gobierno
Un fallo de la Justicia de La Plata dictó la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Economía de la Nación que eximía a las empresas petroleras de informar previamente los aumentos en los precios de los combustibles. De esta manera, las compañías del sector energético deberán volver a comunicar de forma anticipada cualquier incremento en los surtidores al Gobierno nacional.
La medida cautelar fue impulsada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), una organización civil con trayectoria en litigios colectivos vinculados a tarifas y servicios públicos. El fallo judicial frena uno de los ejes de la política de desregulación económica que buscaba eliminar los controles y los registros previos en el mercado de hidrocarburos.
El freno a la desregulación de los combustibles
La resolución del Palacio de Hacienda que quedó sin efecto había eliminado la obligación que tenían las refinadoras y comercializadoras de naftas y gasoil de dar aviso previo sobre las actualizaciones de precios. La decisión judicial reestablece este mecanismo de control, argumentando la necesidad de proteger los derechos de los usuarios y garantizar la transparencia en un mercado sensible que impacta de manera directa en la inflación y en la canasta básica de los ciudadanos.
Para el Cepis, la quita de esta obligación de informar dejaba a los consumidores en una situación de total indefensión ante las decisiones unilaterales de las grandes petroleras. Con esta resolución judicial, el Estado nacional recupera la herramienta de monitoreo previo sobre los movimientos de precios de las empresas operadoras en el país.
Avance legislativo en la provincia de Buenos Aires
En sintonía con el frente judicial, la discusión por el precio de las naftas sumó un nuevo capítulo en el plano político provincial. En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires avanza un proyecto de ley que propone obligar a las petroleras a informar cualquier actualización en los valores de los combustibles con un mínimo de 72 horas de anticipación.
Este proyecto busca mitigar el impacto de los aumentos imprevistos y otorgar previsibilidad tanto a los usuarios particulares como a los sectores productivos y del transporte de cargas, altamente dependientes de los insumos energéticos. De aprobarse, la provincia de Buenos Aires sumaría un marco regulatorio propio para complementar el control sobre el expendio de combustibles en su territorio.
