Propiedad privada: el oficialismo busca aprobar en el Senado una polémica reforma clave para Sturzenegger
El Gobierno nacional buscará este jueves en el Senado recuperar el control de la agenda legislativa y avanzar con la aprobación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Se trata de una iniciativa polémica que genera fuertes tensiones entre el oficialismo y sus aliados habituales, y que terminará de definirse en el recinto con un escenario de final abierto.
La sesión está convocada para las 12. La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se muestra confiada en que logrará el quórum necesario para habilitar el debate y aprobar un temario que, además del proyecto de propiedad privada, incluye pliegos judiciales y ascensos diplomáticos. Sin embargo, en los días previos llamó la atención el silencio de los senadores de los bloques dialoguistas, quienes evitaron dar definiciones precisas sobre las disidencias que aún mantienen con la iniciativa redactada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Modificaciones clave y los puntos de conflicto
El proyecto original, que obtuvo dictamen de comisión en mayo, debió ser modificado en trece oportunidades para contener las objeciones de la oposición dialoguista, y no se descartan nuevos cambios durante el debate en el recinto. Entre las concesiones que debió hacer el oficialismo, la presión de los aliados logró eliminar el protocolo de «desalojo exprés» y forzó el mantenimiento del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), una herramienta que el Poder Ejecutivo pretendía derogar.
No obstante, los puntos que mayor resistencia generan están vinculados a la desregulación de tierras rurales, mediante la eliminación del límite del 15% para la compra de campos por parte de extranjeros. La propuesta oficialista, amparada en preceptos constitucionales sobre las autonomías provinciales, delega en los gobiernos locales la autorización para estas operaciones, incluso en zonas de seguridad de frontera. Además, introduce la figura del «silencio administrativo», por el cual la falta de respuesta estatal ante un trámite de compra se interpretará como una autorización automática para la venta a extranjeros. Otro eje de debate es la derogación de las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego, lo que habilitaría el loteo, la venta o el cambio de uso del suelo en terrenos rurales que hayan sufrido incendios de manera reciente.
El poroteo en el recinto y las posturas opositoras
Para alcanzar la media sanción, el oficialismo cuenta con sus 21 senadores propios y busca consolidar el apoyo del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), fuerzas que acompañaron el dictamen de mayoría. Sin embargo, persisten las dudas sobre el comportamiento de legisladores clave como Alejandra Vigo y Carlos «Camau» Espínola (Provincias Unidas), este último firmante en disidencia junto a Edith Terenzi (Chubut), alineada con el gobernador Ignacio «Nacho» Torres.
En tanto, las representantes de Salta, Flavia Royón, y de Tucumán, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, aún no adelantaron su voto, mientras que los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut enfrentan reclamos de organizaciones de su provincia para rechazar la medida. Desde la vereda opuesta, el peronismo ratificó su rechazo unánime a lo que consideran un proceso de «extranjerización de la tierra». Por su parte, la senadora jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal), autora de un dictamen de minoría, anticipó que reclamará modificaciones en el recinto para asegurar pautas claras de protección territorial frente a los desalojos y la venta indiscriminada de tierras.
