Caso $LIBRA: un inversor apeló su exclusión como querellante y acusa al juez Martínez de Giorgi de “premisas falsas”
Con duras críticas al proceder “arbitrario” del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, uno de los inversores afectados por el lanzamiento y colapso de la “memecoin” $LIBRA apeló la decisión que lo excluyó como querellante. Ahora, la Cámara Federal porteña deberá definir si lo reincorpora al expediente penal o confirma su apartamiento.
Martínez de Giorgi había hecho lugar a un planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli. El juez consideró que los denunciantes no habían acreditado un perjuicio patrimonial directo que justificara su rol como querellantes, argumentando que las operaciones se desarrollaron en un mercado de activos digitales de alta volatilidad y que la documentación aportada no era suficiente para demostrar la titularidad de los criptoactivos.
En su apelación, sin embargo, Martín Romeo, patrocinado por el letrado Nicolás Oszust, sostuvo que la decisión del magistrado fue “arbitraria” y surgió de un planteo “extemporáneo” de Novelli, a pesar de que la legitimación procesal de las víctimas ya había sido zanjada y confirmada previamente por la Cámara Federal.
Romeo argumenta que el juez basó su decisión “en afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos”, ignoró prueba documental clave como actas notariales, incurrió en “absurdos lógicos” sobre la trazabilidad de la tecnología blockchain y “tergiversó de manera deliberada la doctrina firme emanada por el Superior”.
“Esta afirmación es rotundamente falsa y demuestra que el juez ha resuelto a espaldas del expediente.”
Las “premisas falsas” y el rol de Javier Milei
Romeo afirmó que la decisión de apartarlo se basó en “premisas falsas”. La primera es la “falsa equiparación de una estafa pre-programada con el riesgo inherente a una ‘memecoin’”. A esto se suma que el juez omitió valorar la “maniobra de ‘calidad simulada’” y las de “insider trading”.
Según el recurso, el colapso de $LIBRA no se debió a la volatilidad inherente a este tipo de activos digitales, sino a una maniobra planificada para beneficiar a quienes contaban con información privilegiada antes de la difusión pública del proyecto. La apelación sostiene que esta estrategia incluyó “la instrumentación de la figura del presidente de la Nación [por Javier Milei] como garante máximo de confianza” con su posteo en la red social X, lo que sirvió para un “lavado de prestigio”.
Exigencias probatorias y la tecnología blockchain
Otro de los ejes de la apelación de Romeo apunta al estándar probatorio exigido por el magistrado. Sostuvo que la decisión de Martínez de Giorgi fija requisitos incompatibles con el funcionamiento de la tecnología blockchain y con la etapa inicial de una investigación penal. De consolidarse este criterio, argumenta, dificultaría que las víctimas de presuntas estafas con criptoactivos puedan acceder al proceso como querellantes.
A esto se suma, según Romeo, que el magistrado incurrió en una “falsedad” al sostener que no existían pruebas de que él era titular del dinero afectado. “Esta afirmación es rotundamente falsa y demuestra que el juez ha resuelto a espaldas del expediente”, sostuvo su letrado, Oszust, quien recordó que se aportaron actas notariales. “Una escribana dio fe y certificó notarialmente la titularidad de Martín Romeo sobre su dispositivo celular, el acceso mediante desbloqueo a las billeteras de Phantom y Lemon, y la constatación visual de las operaciones de compra y venta de la criptomoneda Libra”, remarcó.
El recurso también sostiene que Martínez de Giorgi incurrió en un “absurdo lógico y dogmático respecto a la tecnología blockchain, la identificación de las víctimas y la irrazonable exigencia probatoria sobre el origen de los fondos”. Argumenta que la tecnología blockchain, lejos de ser un obstáculo, “aporta una trazabilidad matemática, pública y exacta”, y que el “pseudoanonimato” de la red fue levantado y unido a la identidad de Romeo a través de las actas notariales.
Precedente de la Cámara Federal y futuro judicial
El recurso también sostiene que el juez reabrió un debate que ya había sido resuelto por la Cámara Federal al reconocer la legitimación de los querellantes. Martínez de Giorgi, afirmó, “se ha arrogado facultades de revisión que violentan la autoridad de cosa juzgada formal de resoluciones superiores”. Romeo estimó que “no hay absolutamente ninguna diligencia nueva, pericia o elemento probatorio surgido con posterioridad que refute el desapoderamiento patrimonial sufrido por Martín Romeo ni la veracidad de las actas notariales aportadas. Al contrario, los informes de la UFECI y de la PFA han corroborado la trazabilidad del vaciamiento”.
En la apelación, Romeo dejó planteada la denominada cuestión federal y efectuó reserva de acudir, en caso de un fallo adverso, mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que la resolución vulnera su derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso.
Ahora, serán los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña —Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— quienes deberán evaluar si revocan o confirman la decisión de apartar a Romeo como querellante. La resolución también podría sentar un precedente sobre el alcance de los derechos de las presuntas víctimas en investigaciones penales vinculadas con criptoactivos.
