Prisión domiciliaria para Julio De Vido por la tragedia de Once
La Cámara Federal de Casación Penal otorgó este lunes la prisión domiciliaria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. La decisión implica que el ex funcionario continuará cumpliendo la condena de cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once en su chacra de la localidad bonaerense de Zárate, en lugar de la cárcel federal de Ezeiza.
Fuentes judiciales confirmaron que el tribunal consideró prioritarias las cuestiones de salud del ex ministro, de 76 años, quien semanas atrás fue sometido a una operación de angioplastia donde le colocaron un stent. Ahora, el Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py, a cargo de la ejecución de la pena, deberá establecer las reglas específicas para la detención domiciliaria, incluyendo la posible utilización de una tobillera electrónica. La salida de De Vido de la prisión se concretará durante este mismo lunes.
El camino judicial y las razones de la decisión
La defensa de De Vido, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, había solicitado desde el inicio la prisión domiciliaria. Argumentaron la avanzada edad del ex ministro y sus múltiples problemas de salud, que incluyen hipertensión arterial, diabetes insulinorrequiriente y dislipemia. Subrayaron también la reciente internación y la operación cardiovascular que requirió la colocación de un stent, sosteniendo que la cárcel no es un lugar adecuado para tratar su complejo cuadro médico.
En dos ocasiones, el juez de ejecución Ricardo Basílico había rechazado el planteo, al considerar que el estado de salud de De Vido no presentaba una modificación sustancial que justificara una solución distinta a la permanencia en la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, la situación cambió al llegar el caso a Casación.
El contexto y circunstancias que connotan la situación particular del interno De Vido llevan al menos a dudar que los medios con los que cuenta la Unidad 19 resulten suficientes y adecuados para cubrir todas las condiciones que el Cuerpo Médico indicó como imprescindibles.
Los jueces de Casación Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci adoptaron un criterio diferente. Entendieron que el cuadro de salud de De Vido exige controles clínicos especializados, una dieta adecuada, medicación permanente y una infraestructura médica que la unidad federal no puede garantizar de manera óptima. La reciente operación fue un factor determinante en su análisis.
Antecedentes y otras causas de De Vido
La condena por la tragedia de Once, que dejó 52 muertos y más de 700 heridos el 22 de febrero de 2012, es la única que Julio De Vido cumple actualmente. Fue condenado a cuatro años de prisión por no haber controlado el destino de los fondos públicos destinados a la empresa concesionaria del servicio del Sarmiento. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme esta condena el año pasado, lo que llevó a la detención del ex ministro el 13 de noviembre de 2023 en Comodoro Py.
Esta es la segunda vez que De Vido es detenido. La primera ocurrió en octubre de 2017 por la causa de Río Turbio, tras la quita de sus fueros como diputado nacional. En esa ocasión, estuvo en la cárcel de Marcos Paz hasta diciembre de 2019, cuando obtuvo la prisión domiciliaria, también cumplida en su chacra. En marzo de 2020 fue excarcelado y permaneció en libertad hasta su nueva detención por la tragedia de Once.
El ex ministro tiene otras condenas y causas penales, aunque ninguna de ellas se encuentra firme ni lo mantiene detenido. Fue condenado en casos vinculados a la importación de Gas Natural Licuado y la compra de trenes a España y Portugal. Sin embargo, fue absuelto en causas como la financiación de la novela «Mamá Corazón», la causa «Vialidad» (donde fue condenada Cristina Kirchner) y el caso de la valija con 800 mil dólares de Guido Antonini Wilson.
Actualmente, De Vido enfrenta tres juicios orales: por la construcción de viviendas del plan «Sueños Compartidos» de Madres de Plaza de Mayo, la causa de los «cuadernos de la corrupción» y por presuntas irregularidades en la concesión de la ampliación de dos gasoductos de Odebrecht, donde la Fiscalía solicitó una pena de cuatro años de prisión.
