Reforma electoral y venta de tierras: el Gobierno enfrenta resistencias en el Congreso
El Gobierno nacional se encuentra inmerso en una compleja trama de negociaciones y confrontaciones en el Congreso, donde sus iniciativas clave en materia electoral y de régimen de tierras rurales chocan con fuertes resistencias de la oposición y de los gobernadores. La disputa, que algunos analistas califican de estrategia de “decoradores” más que de “urbanistas”, expone la debilidad de origen de la administración y su minoría legislativa.
La reforma electoral: PASO y el “contrato prenupcial” provincial
Uno de los focos de tensión es la propuesta de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Gobierno, que carece de una estructura partidaria sólida y depende de apoyos externos, busca desarmar a sus adversarios quitándoles una herramienta que les permite dirimir internas y fortalecer coaliciones. Sin embargo, esta iniciativa encuentra un fuerte rechazo, incluso dentro de sectores de la oposición.
Un sector gravitante del radicalismo, liderado por figuras como Jesús Rodríguez, Mario Negri y Ernesto Sanz, ha impulsado una carta al Comité Nacional del partido reclamando un pronunciamiento urgente en favor de las PASO. Argumentan que el sistema es “una herramienta indispensable para la construcción y sostenimiento democrático de coaliciones políticas” y defienden el principio de Equidad Electoral.
Paralelamente, los gobernadores han planteado una condición innegociable para apoyar cualquier iniciativa electoral del oficialismo: que el Gobierno y La Libertad Avanza se comprometan a no intervenir en sus territorios en las elecciones de 2025. Para darle cuerpo a esta exigencia, circula entre la mayoría de los mandatarios provinciales una propuesta para adelantar y unificar las elecciones provinciales en un mismo día, buscando así “despegarse de la pelea nacional por la presidencia” y negociar apoyos nacionales de manera individual. Este “desacople generalizado” operaría como un “contrato prenupcial” entre la Nación y las provincias.
En este contexto, incluso se ha reflotado la idea de las “colectoras” o la Ley de Lemas, sistemas que permiten a un candidato presidencial ser sostenido por varias listas legislativas. Esta práctica, prohibida por decreto en 2019 durante la gestión de Mauricio Macri y respaldada por sentencias de la Cámara Nacional Electoral, podría ser resucitada por la vía de un nuevo decreto. En La Rioja, por ejemplo, el gobernador Ricardo Quintela y su entorno, incluyendo a la diputada nacional Gabriela Pedrali y la vicegobernadora Teresita Madera, ven en la Ley de Lemas una oportunidad ante la puja por la sucesión provincial, mientras la senadora Florencia López prefiere las PASO.
El proyecto de tierras y la intervención eclesiástica
Otro frente de batalla se libra en el Senado en torno al capítulo “Tierras” del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad. Esta semana, el episcopado católico argentino, envalentonado por la confirmación del viaje del Papa León XIV a la Argentina, Uruguay y Perú, desembarcó en la Cámara Alta para expresar su rechazo a la desregulación que permitiría la venta ilimitada de tierras a extranjeros.
La gestión de la visita episcopal surgió del interbloque peronista. Los obispos, a través de la Pastoral Social de la Iglesia que encabeza Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, han emitido un comunicado repudiando el proyecto. Argumentan que “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”, al dejar sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, incluso aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales. Según la Iglesia, la iniciativa “se aparta de la doctrina acuñada por San Juan Pablo II” al favorecer a unos pocos.
La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, se comprometió a facilitar los salones necesarios para que los obispos expresen su opinión. El Gobierno, por su parte, justifica la medida basándose en la baja calificación que recibe Argentina en el ranking de libertades económicas de la Heritage Foundation, un think tank conservador de derecha vinculado al “Project 2025”, plataforma del segundo mandato de Donald Trump.
El dictamen final del proyecto, que ya circula en su borrador número 12, ha sido trabajado en el bloque de la UCR y contiene severas restricciones a la venta de tierras a extranjeros, especialmente cuando se trata de estados que buscan adquirir propiedades en zonas de seguridad fronteriza. El artículo 25 prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de una docena de tipos de sociedades que pueden encubrir la voluntad de un estado extranjero, “salvo expresa ley del Congreso Nacional”. Esta modificación es un triunfo parcial de la Iglesia, que ya había logrado revertir el capítulo que afectaba a las bases del programa de la Ley de Villas, tras la intervención de Monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata.
El futuro de Manuel Adorni en el centro de la escena
En medio de estas discusiones legislativas, la interpelación al vocero presidencial Manuel Adorni, solicitada por la oposición, ha sido acordada para el 2 de julio. Sin embargo, en los pasillos del Congreso circula la versión, repetida por senadores de La Libertad Avanza, de que el Gobierno lo removerá del cargo antes de esa fecha. Esta situación, que se inició como una “disputa de decoradores”, comienza a dañar las relaciones con aliados y dificulta la sanción de normas que la gestión necesita, aumentando la desconfianza y afectando la métrica del riesgo país.
