Caso Odebrecht: buscan evitar la prescripción de una causa clave por los gasoductos
La jueza María Eugenia Capuchetti libra una batalla judicial contra reloj para evitar el cierre de una de las causas más relevantes vinculadas a las coimas pagadas por la constructora brasileña Odebrecht en Argentina. El expediente, que investiga sobornos en las obras de ampliación de gasoductos durante el kirchnerismo, se encuentra en riesgo de prescripción, lo que podría dejar impunes los hechos.
Odebrecht, protagonista del escándalo del Lava Jato, admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países, obteniendo a cambio contratos por 3340 millones de dólares. De ese monto, 735 millones de dólares correspondieron a sobornos en diez países latinoamericanos, y la propia empresa reconoció haber abonado 35 millones de dólares en Argentina entre 2007 y 2014. A diferencia de otros países donde hubo condenas y exfuncionarios presos, en Argentina aún no se registraron sentencias firmes por estos pagos.
Actualmente, varias causas relacionadas con Odebrecht avanzan con distinta suerte en el país. Una por la construcción de dos plantas potabilizadoras con AySA está en juicio; otra, por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, se encuentra paralizada. En el caso de los gasoductos, una investigación tendrá sentencia el próximo martes, mientras que la que impulsa Capuchetti corre serio riesgo de prescripción.
Gasoductos: el inminente veredicto y la causa en riesgo
La causa de los gasoductos que está a punto de recibir un veredicto el martes próximo, juzga al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, acusado de negociaciones incompatibles con la función pública. El Tribunal Oral Criminal Federal 2, integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini (los mismos del caso Vialidad), dará a conocer el fallo. El fiscal general Diego Luciani describió la maniobra como un “claro e inadmisible direccionamiento” hacia Odebrecht, solicitando penas de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para De Vido y el exsecretario de Energía Daniel Cameron.
Paralelamente, la jueza Capuchetti lucha desde hace un año y medio para evitar el archivo de un caso desprendido de esta investigación, también por los gasoductos, que aborda el delito de cohecho. Este expediente está ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma. La complejidad de la situación se acentuó el 7 de mayo pasado, cuando la Sala II de la Cámara Federal sobreseyó por prescripción a dos exejecutivos de Odebrecht, Luis Beuret y Marcio Faria Da Silva, en la causa por cohecho en la construcción de los gasoductos. La decisión fue firmada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, con la disidencia de Martín Irurzun.
El debate jurídico sobre la prescripción
El núcleo de la discusión reside en la aplicación del artículo 67 del Código Penal, que establece la suspensión de la prescripción cuando uno de los imputados es funcionario. Este precepto busca evitar la impunidad de aquellos que, por su posición, podrían valerse de herramientas institucionales. La defensa de los imputados argumenta que no basta con ser funcionario, sino que el cargo debe estar directamente relacionado con el área investigada.
Julio De Vido fue ministro de Planificación Federal hasta 2015 y diputado nacional hasta 2017, periodos en los que la prescripción se considera suspendida. Julio Bragulat, gerente general de Cammesa hasta 2020, también mantiene la suspensión por sus funciones. Sin embargo, el debate se intensifica con el caso de Cristian Folgar, quien ingresó en 2022 como personal técnico administrativo en la Cámara de Diputados, en el despacho de la entonces diputada Margarita Stolbizer. La jueza Capuchetti argumentó en abril de 2026 que el asesoramiento de Folgar en energía, producción e infraestructura está directamente vinculado al objeto de la investigación, lo que suspendería la prescripción. No obstante, la Sala II de la Cámara Federal rechazó sus argumentos el 7 de mayo de 2026, con el voto de Boico y Farah, declarando la prescripción y sobreseyendo a Beuret y Faria Da Silva.
Ante este escenario, la jueza Capuchetti había citado a indagatoria a trece personas, incluyendo a De Vido, Cameron, Marcheschi, Folgar, Beuret, Bragulat y Faria Da Silva, con audiencias fijadas para octubre de 2026. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal, el 26 de mayo de 2026, revocó el llamado a indagatoria de Faria Da Silva, basándose en que la prescripción ya había sido declarada. Este nuevo criterio judicial, que adopta una interpretación más restrictiva sobre la suspensión de la prescripción, favorece a los acusados y contrasta con la jurisprudencia previa que sostenía que la condición de funcionario bastaba para suspender el plazo para todos los imputados.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal tiene ahora la última palabra: deberá decidir si confirma el sobreseimiento y la prescripción o si ordena continuar la investigación en una causa que, a diferencia de lo ocurrido en Brasil o Perú, aún no registra condenas firmes en Argentina por los sobornos de Odebrecht.
