Cámara Federal: El Consejo de la Magistratura elevó las ternas para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi
El Consejo de la Magistratura oficializó la elevación al Poder Ejecutivo de las ternas de candidatos para ocupar dos vacantes en la Sala I de la Cámara Federal porteña, el tribunal estratégico que interviene en los casos de corrupción más resonantes. Esta decisión es el primer paso formal para reemplazar a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, un movimiento que el Gobierno de Javier Milei busca concretar para reconfigurar la integración de este fuero.
La terna aprobada por mayoría incluye en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola. La segunda nómina está compuesta por Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Pablo Bertuzzi, quien volvió a concursar para el cargo que actualmente ocupa. Si bien la decisión final recae en el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el presidente Milei, los nombres de Pablo Yadarola y el re-postulante Bertuzzi se perfilan como los favoritos para ser propuestos al Senado.
La denuncia de Bruglia ante la CIDH y las críticas al Gobierno
La movida del Consejo de la Magistratura se produce en medio de una fuerte ofensiva judicial por parte de Leopoldo Bruglia. A fines de la semana pasada, el magistrado solicitó una medida cautelar de no innovar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su presentación, Bruglia reclamó la suspensión de todas las acciones vinculadas al concurso del Consejo de la Magistratura, que, según su denuncia, buscan removerlo de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
La petición de Bruglia, que incluyó duras críticas a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a colegas del Poder Judicial, se incorporó dentro de la petición P-35-21, en trámite ante la CIDH desde 2021. En esa instancia se analiza la situación de Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli, tras los embates que lideró el kirchnerismo contra ellos durante la presidencia de Alberto Fernández.
El juez identificó un “punto de no retorno” en la eventual designación de sus reemplazantes, que, a su criterio, tornaría irreversible su salida del cargo. Según sostuvo, el 27 de abril pasado, el consejero Diego Barrotaveña reactivó el concurso 461, que había permanecido paralizado durante la instancia de solución amistosa ante la CIDH. Tres días después, el 30 de abril, las ternas fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo en menos de quince minutos y, según Bruglia, “sin debate sustantivo, tras una reunión previa a puertas cerradas”.
De acuerdo con el planteo del magistrado, el Poder Ejecutivo proyecta que las ternas sean elevadas al Ministerio de Justicia a mediados de este mes, que los pliegos ingresen al Senado en julio y que los nuevos jueces juren en agosto. Ese sería, sostuvo, el momento en que la situación se volvería irreversible.
Acusaciones de trato desigual y conflicto de intereses
En su presentación, Bruglia señaló directamente al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al viceministro, Santiago Viola. Consignó que Viola fue designado por Milei como representante del Poder Ejecutivo ante el propio Consejo y recordó que tanto él como Bertuzzi lo habían procesado en el pasado en una causa en la que Viola fue acusado de haber promovido testigos falsos que declararon contra el juez federal Sebastián Casanello.
El camarista sostuvo que funcionarios y jueces que integran el Consejo impulsan una “aplicación selectiva” del fallo de la Corte Suprema de 2020. Dicho fallo estableció que los jueces trasladados ocupan sus cargos de manera transitoria hasta completar el proceso constitucional de designación. Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, desde un tribunal oral a la Cámara Federal porteña con el aval del Consejo. Sin embargo, tras el fallo de la Corte Suprema, Bruglia remarcó que las nuevas pautas se aplicaron únicamente en sus casos, mientras que en decenas de situaciones similares no se activaron concursos ni se retrotrajeron vacantes.
Como respaldo a su planteo, Bruglia presentó el caso de Carlos Mahiques (padre del actual ministro de Justicia). Lejos de activar un concurso en el Consejo de la Magistratura, el presidente Javier Milei impulsó darle un nuevo acuerdo por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. Ese acto, sostuvo Bruglia, “evidencia con nitidez el trato desigual”.
La gravedad institucional del argumento de Bruglia encuentra un respaldo inesperado en las palabras del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, uno de los firmantes del fallo “Bertuzzi”. Lorenzetti declaró públicamente que “la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad”, contrastando el tratamiento recibido por Carlos Mahiques con el de Leopoldo Bruglia.
El origen del conflicto y la interrupción de la solución amistosa
El conflicto se remonta a noviembre de 2020, cuando la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi” en el marco de un “per saltum” y fijó el carácter transitorio de todos los traslados de jueces y camaristas. En 2024, el Estado argentino impulsó ante la CIDH un proceso de solución amistosa que implicó la paralización de los concursos 461 y 479 durante casi dos años.
Sin embargo, ese proceso se interrumpió el 15 de octubre de 2025, apenas veinte días antes del inicio del juicio oral en la “causa Cuadernos”. El cambio de estrategia se consolidó con la llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia y de Santiago Viola al Consejo, en marzo de este año.
Bruglia sostuvo además que ya agotó las instancias internas, al solicitar sin éxito ante el Consejo de la Magistratura la suspensión del concurso al amparo del artículo 25 del reglamento de la CIDH. Según indicó, el organismo habría considerado que no reviste carácter de parte interesada, una interpretación que el magistrado cuestionó.
Así, la cautelar ante la CIDH apunta a suspender todas las acciones vinculadas al concurso 461 hasta que la Comisión Interamericana se pronuncie sobre el fondo del caso. Bruglia sostuvo que se encuentran acreditados los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable, e invocó la posible vulneración de garantías como la estabilidad judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Según alertó, si los nuevos jueces juran antes de que la CIDH resuelva, cualquier decisión posterior del organismo podría resultar de imposible cumplimiento.
