Bruglia recurre a la CIDH para frenar el concurso que busca reemplazarlo en la Cámara Federal
El camarista federal Leopoldo Bruglia presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de suspender el Concurso N° 461 del Consejo de la Magistratura. Este proceso busca cubrir las dos vocalías de la Sala I de la Cámara Federal porteña, cargos que actualmente ocupan Bruglia y su colega Pablo Bertuzzi.
La presentación de Bruglia se enmarca en una petición internacional que tramita desde 2021, junto con los reclamos de Bertuzzi y Germán Castelli, por la revisión de sus respectivos traslados. El magistrado busca frenar lo que considera un intento del Estado Argentino de removerlo de su cargo, el cual desempeña de forma interina desde diciembre de 2016 y con designación efectiva desde abril de 2018.
“Vengo a solicitar de esa honorable Comisión el dictado de una medida cautelar de no innovar que implique la inmediata suspensión de todas las acciones que intenta el Estado Argentino para concluir con su propósito de removerme del cargo de juez que vengo desempeñando (…) desde diciembre del año 2016 en forma interina y desde el 9 de abril de 2018 con designación efectiva en el cargo, conforme a la legislación vigente”, escribió Bruglia en la presentación.
La solicitud ante la CIDH se produce en la antesala del plenario del Consejo de la Magistratura, convocado para este miércoles por su presidente y juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. En dicho plenario, entre otros asuntos, se tratará el Concurso N° 461, mediante el cual el organismo deberá resolver las ternas de candidatos para cubrir las dos vocalías de la Sala I de la Cámara Federal, el tribunal clave encargado de revisar las decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py.
Críticas a funcionarios y «aplicación selectiva» del fallo de la Corte
El texto presentado por el camarista, incorporado a fines de la semana pasada a la petición P-35-21 en trámite ante la CIDH, incluye fuertes críticas a funcionarios del gobierno y a colegas del Poder Judicial. Bruglia apuntó específicamente contra el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el viceministro, Santiago Viola.
Señaló que Viola fue designado por el actual gobierno como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura y recordó que tanto él como Bertuzzi lo habían procesado en el pasado. En aquella causa, el actual viceministro de Justicia, quien responde directamente a Karina Milei, fue acusado de haber promovido testigos falsos que declararon contra el juez federal Sebastián Casanello.
El camarista sostuvo que funcionarios y jueces que integran el Consejo impulsan una aplicación selectiva del fallo de la Corte Suprema de 2020. Dicho fallo estableció que los jueces trasladados ocupan sus cargos de manera transitoria hasta completar el proceso constitucional de designación. Bruglia ejemplificó esta situación con el caso del juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, para quien, lejos de promoverse un concurso en el Consejo de la Magistratura, el Gobierno pidió prorrogarle el mandato por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal.
En este contexto, el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti ha declarado públicamente que “la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad”.
