Ley de Memoria Democrática: más de 2,4 millones de pedidos de nacionalidad española

Más de 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, una normativa que busca reparar el exilio y la pérdida de lazos con España. La cifra exacta de peticiones asciende a 2.450.000, de las cuales unas 306.000 ya se han inscrito oficialmente, según datos recopilados por Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española, en una entrevista con la Agencia EFE.

Este proceso, que inicialmente se abrió por dos años y fue prorrogado por un tercero, cerró el periodo de presentación de solicitudes en octubre de 2025. La ley, aprobada en 2022, contempla requisitos específicos para los solicitantes, quienes deben ser descendientes de españoles nacidos fuera del país que perdieron o renunciaron a su nacionalidad debido a causas políticas, ideológicas, de credo u orientación sexual. También se incluyen hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que fueron privadas de su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978. Alonso destacó que el número de solicitudes denegadas es muy bajo, lo que indica que la mayoría de los postulantes cumplen con los criterios.

Argentina lidera las solicitudes y presiona a los consulados

Argentina se posiciona como el país con el mayor volumen de peticiones gestionadas bajo esta ley, concentrando un 40% del total. Solo la demarcación de Buenos Aires registra cerca de 650.000 solicitudes. Le siguen en la lista México, Sao Paulo (Brasil), Cuba y Miami (Estados Unidos), lo que subraya la fuerte demanda en América Latina y otras regiones con histórica emigración española.

La masiva afluencia de solicitudes generó una significativa sobrecarga para la red consular española, que ya venía experimentando presión por el aumento de españoles residentes en el exterior. Violeta Alonso recordó que el número de españoles en el exterior pasó de 1,5 millones en 2010 a 3,2 millones en la actualidad, y se estima que superará los cinco millones cuando concluya la tramitación de todos los expedientes de la Ley de Memoria Democrática. Ante este escenario, la presidenta del Consejo enfatizó la urgente necesidad de “redimensionar” los recursos consulares para garantizar una atención adecuada.

Soluciones y propuestas a futuro

Alonso calificó el elevado número de solicitudes como un “éxito” de la ley, afirmando que “para nosotros siempre han sido españoles, les faltaba el vínculo jurídico”. Sin embargo, también hizo un llamado al Estado para que provea una respuesta administrativa acorde a este “acceso a derechos”.

Como parte de las iniciativas para aliviar la presión, cuatro de las cinco oficinas consulares argentinas contarán próximamente con el apoyo de una empresa externa. Esta firma se encargará de la recepción y digitalización de los expedientes pendientes, aunque la resolución e inscripción final de la nacionalidad seguirá siendo responsabilidad exclusiva de los consulados. El Consejo General de la Ciudadanía Española solicitó extender este mecanismo a otros países con alta demanda.

En paralelo, el Consejo aboga por una reforma legislativa que otorgue estabilidad al acceso a la nacionalidad. La presidenta considera preferible contar con una ley “estable” o una modificación del Código Civil que reconozca de manera permanente los derechos de los descendientes de españoles, abandonando el formato de medidas temporales que ha caracterizado estos procesos hasta ahora.