Reforma judicial: el Gobierno busca excluir a la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura
El Gobierno nacional trabaja en un ambicioso proyecto de reforma judicial que prevé excluir a la Corte Suprema de Justicia del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y remoción de los magistrados. La iniciativa contempla además una reestructuración de la justicia federal que reducirá la cantidad de juzgados de primera instancia en Comodoro Py y recortará los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, en busca de un esquema institucional más acotado y con menor peso político.
Cambios en el Consejo de la Magistratura y pacto con las provincias
El plan trazado desde el Ministerio de Justicia busca modificar la ley del Consejo de la Magistratura reduciendo la representación de todos sus estamentos: jueces, abogados, académicos y legisladores nacionales. De este modo, la Corte Suprema perdería injerencia en las decisiones administrativas, disciplinarias y en la definición de las ternas para nuevos magistrados.
Para lograr el aval legislativo en el Congreso, el Poder Ejecutivo evalúa ofrecer una compensación económica a los gobernadores. La propuesta consiste en eliminar cargos de camaristas vacantes en el fuero laboral y criminal nacional, traspasando el ahorro presupuestario a las provincias. En el fondo de la discusión se encuentra también la transferencia de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto anual asciende a $633.120 millones, cifra que representa un 29,6% del presupuesto total del Poder Judicial de la Nación.
Respecto de las tensiones presupuestarias que genera el traspaso de competencias, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, remarcó durante un plenario del organismo:
“El traspaso es cuestión de los poderes políticos, es decir, de que la decisión es de quién pone el dinero”.
Achique en Casación y reordenamiento en Comodoro Py
La reforma proyecta recortar de 13 a 9 la cantidad de miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal más importante del país por debajo de la Corte. Con este esquema, el Ejecutivo prevé congelar los concursos en marcha para cubrir cuatro vacantes y mantener únicamente a los nueve magistrados en funciones: Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo, Carlos Alberto Mahiques, Ángela Ledesma, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Alejandro Slokar y Daniel Petrone. La medida busca eliminar las subrogancias cruzadas entre salas y acotar los márgenes de decisión interna.
En paralelo, el plan del Ministerio de Justicia conducido por Juan Bautista Mahiques prevé reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia con sede en Comodoro Py 2002. De las cuatro vacantes actuales, la intención oficial es avanzar solo con el concurso del juzgado N° 12 —donde Diego Arce encabeza el orden de mérito— y desactivar el resto. Asimismo, si el juez Daniel Rafecas concreta su traslado a la Cámara Nacional de Casación Penal, el juzgado N° 3 también se daría de baja.
De aprobarse el rediseño, la nómina de jueces de primera instancia en Comodoro Py quedaría conformada por María Servini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Giorgi, Julián Ercolini y quien resulte designado en el juzgado 12, reconfigurando el fuero a cargo de las investigaciones por delitos del poder.
