Reforma laboral: Javier Milei afianza su pacto con la CGT y preserva la caja sindical
El Gobierno nacional de Javier Milei oficializó modificaciones clave en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral que consolidan una señal de distensión hacia la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT). Mediante el Decreto 612/26, rubricado por el Presidente junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Poder Ejecutivo dispuso que el tope del 2% fijado para las cuotas solidarias sindicales se calcule sobre el total de las remuneraciones mensuales de los trabajadores y no únicamente sobre el salario básico convencional. Asimismo, la normativa volvió a autorizar los aportes económicos de las empresas hacia las organizaciones gremiales siempre que tengan un destino específico, un mecanismo que garantiza la sustentabilidad financiera de la estructura sindical.
La trama secreta de la negociación y el freno a las medidas de fuerza
Las modificaciones en el texto reglamentario representan un nuevo gesto del oficialismo hacia la dirigencia gremial. Durante la tramitación parlamentaria en el Senado, gestiones nocturnas encabezadas por dirigentes con llegada a la Casa Rosada desarmaron la propuesta original impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que buscaba eliminar de manera tajante las contribuciones solidarias. La jugada generó duras críticas de sectores opositores internos de la central obrera, como el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó el acuerdo alcanzado entre las partes.
Se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los trabajadores.
La estrategia política de la CGT, conducida formalmente por el triunvirato integrado por Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, priorizó evitar fracturas internas e interlocutar de forma directa con Balcarce 50. El principal articulador de este diálogo fue el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien tejió enlaces estratégicos con la jefatura de Gabinete. Como contrapartida a los cambios normativos, Martínez frenó en las reuniones de consejo directivo las propuestas para convocar a un quinto paro general contra la gestión libertaria, limitando la acción sindical a movilizaciones de menor escala, como la marcha en apoyo a los jubilados —cuyo haber mínimo se ubica en $481.989 con bono incluido— y la tradicional convocatoria hacia la Iglesia de San Cayetano.
Frente judicial y la revisión de convenios colectivos
Pese a la tregua en las calles, la conducción cegetista mantiene abierta una vía institucional mediante sus equipos legales liderados por Marta Pujadas y Pablo Topet. La central obrera promovió acciones ante la Justicia Contencioso Administrativa para objetar aspectos vinculados a las limitaciones al derecho a huelga y la preservación de la prelación de los convenios colectivos de trabajo, con la expectativa de obtener definiciones tras el receso judicial.
En paralelo, el plan del secretario de Trabajo, Julio Cordero, para revisar 446 convenios colectivos sectoriales con cámaras patronales registra una baja adhesión. A su vez, el funcionario sigue con atención el avance de la investigación judicial sobre la obra social del gremio de peones rurales (Osprera), en la que el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a Sergio Aguirre por presuntas irregularidades en contrataciones tras la intervención dispuesta sobre el organismo.
Obras sociales: la pelea por el financiamiento del sistema de salud
El otro frente decisivo de negociación se desarrolla en el Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones. Ante el incremento del trabajo informal y la consecuente disminución de aportantes, las prestadoras médicas sindicales enfrentan una situación financiera delicada. Según estimaciones de la propia CGT, la recaudación promedio del sistema se ubica en $67.525 por beneficiario, mientras que el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) asciende a aproximadamente $110.000 per cápita, lo que coloca a más de 9 millones de afiliados por debajo de la línea de sustentabilidad del esquema sanitario.
Frente a esta brecha, la dirigencia sindical reclama una reestructuración integral que modifique los aportes de regímenes como el monotributo y revise las prestaciones obligatorias. El déficit operativo alcanza a las prestadoras de mayor volumen: la Obra Social de los Empleados de Comercio (Osecac) registra saldos negativos mensuales de $5.000 millones, la entidad administrada por el gremio de Camioneros de Hugo Moyano acumula un déficit de $3.000 millones al mes, y Unión Personal (UP) —asociada al gremio de UPCN conducido por Andrés Rodríguez— reporta descalces financieros de entre $7.000 y $11.000 millones mensuales en un contexto de constantes renegociaciones de convenios sanitarios.
