AFAgate y la Justicia: el trasfondo del episodio con Tapia que enciende alarmas en el Gobierno
El denominado AFAgate y las crecientes derivaciones judiciales que rozan al titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, amenazan con convertirse en un frente de tormenta para el esquema político y judicial que rodea al presidente Javier Milei. Entre versiones sobre un procedimiento de la Homeland Security Investigation (HSI) en Nueva York, la citación formal del empresario Javier Faroni ante la justicia de Florida para el próximo 30 de julio y expedientes sensibles en trámite en Comodoro Py, el escenario judicial suma tensión e incertidumbre sobre la estrategia de reelección del oficialismo.
Interrogatorios en Nueva York y la sombra del FBI
El primer indicio de las complicaciones que rodean a la cúpula de la AFA trascendió con la demora de un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Nueva York, en el que viajaban Tapia y un grupo de jugadores de la selección nacional. Según fuentes del área migratoria, el dirigente de la AFA habría sido retenido durante 40 minutos por agentes del ICE e interrogado en una oficina reservada del aeropuerto. Las dudas giran en torno a si existió la incautación de sus teléfonos celulares y si el procedimiento responde a la causa por el movimiento de fondos de la firma TourPro Enter, agente internacional de la AFA en la que está involucrado Faroni.
La inquietud sobre el alcance de las investigaciones en suelo estadounidense coincide con la llegada a Buenos Aires de Andrew Bailey, director adjunto del FBI. Con la misión oficial de monitorear el acuerdo de cooperación con el Centro Nacional Antiterrorista (CNA) —que funciona bajo la órbita de la SIDE—, la visita de Bailey generó atención adicional. En ausencia de Cristian Auguadra, hombre de confianza de Santiago Caputo, el funcionario norteamericano fue recibido por el número dos del organismo, José Lago Rodríguez, en un contexto donde el seguimiento sobre el lavado de dinero resulta un eje central.
Despliegue policial e hilos de poder en la Justicia
En el terreno local, el impacto del caso derivó en llamativos movimientos políticos e institucionales. Tapia negoció con el gobierno de la provincia de Buenos Aires un despliegue de 4.000 efectivos de la Policía Bonaerense para custodiar los accesos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al predio de la AFA. Este esquema se suma al avance de las gestiones para trasladar la sede de la personería jurídica de la institución al municipio bonaerense de Pilar, en un marco de virtual desconexión de la entidad madre del fútbol con las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional.
Paralelamente, las gestiones judiciales asignadas en el mapa político a Juan Bautista Mahiques para mantener despejado el frente tribunalicio enfrentan un escenario complejo. El fuero federal debate expedientes sensibles, como la causa contra el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por la propiedad de una mansión en Pilar, radicada en el juzgado de Adrián Rodríguez Charvay. A esto se suma el tablero de vacantes e influencias donde operan jueces de la Cámara Federal de Casación Penal como Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, este último con aspiraciones de llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Internas y reordenamiento en el esquema del Gobierno
El ruido judicial salpica también las alianzas políticas dentro del propio espacio oficialista. Mientras Diego Santilli se enfoca en afianzar su rol en la provincia de Buenos Aires, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, evalúa las opciones electorales donde compiten figuras como la senadora Patricia Bullrich. Las fricciones internas, incrementadas tras la salida de Manuel Adorni, tuvieron su correlato judicial en denuncias cruzadas por amenazas entre asesores de Bullrich y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, un trámite que quedó radicado en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
