Causa Insaurralde: el silencio político de Kicillof y la Legislatura bonaerense frena las investigaciones
El exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, transita el avance de la causa judicial en su contra bajo un manto de hermetismo político casi total en La Plata. A un año del escándalo que forzó su salida del gobierno bonaerense, tanto el Poder Ejecutivo liderado por Axel Kicillof como la Legislatura provincial optaron por el silencio y la inacción frente a las sospechas de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que cercan al exintendente de Lomas de Zamora.
El distanciamiento de la gestión provincial quedó en evidencia en las últimas declaraciones oficiales. Tras meses de evitar pronunciar su nombre, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, delegó toda la responsabilidad en los tribunales durante una conferencia de prensa reciente:
“Si existió delito, la justicia tendrá que sancionarlo”, afirmó el funcionario de máxima confianza de Kicillof.
En los pasillos de la Gobernación, voceros del oficialismo deslizan en estricto off the record que el desembarco de Insaurralde en el gabinete provincial en 2021 no fue una decisión propia de Kicillof, sino una imposición de Máximo Kirchner tras la derrota electoral de aquel año. Con este argumento, el entorno del gobernador busca desligar a la conducción provincial de los movimientos financieros del exfuncionario, bajo la premisa de que Kicillof no estaba al tanto de las actividades que le permitieron acumular su fortuna.
Freno opositor y rosca interna en la Legislatura
El amparo político a Insaurralde también se replica en la Cámara de Diputados bonaerense, donde un intento de la oposición por exponer el caso terminó naufragando. El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Ramón “Nene” Vera, presentó un proyecto de solicitud de informes para investigar si la Gobernación o el Tribunal de Cuentas provincial habían iniciado auditorías sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete tras la difusión de imágenes que revelaban fajos de dólares termosellados en su propiedad.
Sin embargo, la iniciativa legislativa expuso las fracturas internas del bloque libertario y la influencia que el lomense aún conserva en el armado parlamentario. De los 20 legisladores que componen la bancada de LLA, solo cinco acompañaron el proyecto con su firma: además de Vera, suscribieron Analía Corvino, Luis Ontiveros, Oscar Liberman y María Fernanda Coitinho.
La mayor parte del bloque, referenciada en el armador político Sebastián Pareja, evitó sumarse al reclamo de informes. Entre los que no firmaron se destaca Juan Osaba, quien está designado para asumir la presidencia de la bancada en un enroque de autoridades con Agustín Romo. Para concretar este esquema de rotación —en el que Romo pasaría a ocupar la vicepresidencia de la Cámara baja—, el sector de Pareja necesita el aval del presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, un dirigente de extrema confianza y terminal política directa de Martín Insaurralde. El pragmatismo legislativo terminó imponiéndose sobre la vocación de control.
Las pericias judiciales acorralan al exfuncionario
Mientras la política platense mira hacia un costado, el frente judicial de Insaurralde se complica. El último peritaje contable ordenado por la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito arrojó resultados determinantes sobre su situación patrimonial. Según confirmaron fuentes judiciales, el nivel de gastos del exintendente no se condice bajo ningún aspecto con los ingresos declarados en blanco durante su extensa trayectoria en la función pública.
El informe pericial oficial detectó severas inconsistencias financieras y consumos sin respaldo documental suficiente tanto en las cuentas de Insaurralde como en las de su exesposa, la conductora Jésica Cirio. La investigación penal se inició a fines de 2023, luego de que salieran a la luz fotografías y videos del exjefe de Gabinete a bordo de un lujoso yate en el mar Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici, un episodio que dinamitó su carrera política pero que, hasta el momento, no alteró la paz de sus aliados en la provincia de Buenos Aires.
