Cámara Federal: Martín Irurzun presiona a la Corte para resistir su jubilación en la feria judicial
Martín Irurzun, uno de los jueces más influyentes de Comodoro Py durante las últimas tres décadas, juega sus últimas fichas para evitar el retiro. Al borde de cumplir los 75 años, el presidente de la Sala II de la Cámara Federal solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilite días y horas inhábiles durante el fin de semana y la feria judicial de invierno para resolver un recurso que le permita continuar en su cargo, desafiando el límite de edad que establece la Constitución Nacional.
La última jugada en los tribunales
El magistrado cumplirá 75 años el próximo 18 de julio, en pleno receso invernal de la Justicia. Frente a la inminencia de la fecha, su defensa presentó un pedido de habilitación de feria para que el máximo tribunal se pronuncie sobre una medida cautelar que ya fue rechazada en primera y segunda instancia. La recepción en el cuarto piso de Talcahuano fue de rigor: un secretario notificó la llegada del expediente, pero en los pasillos de la Corte aseguran que nada se moverá durante el receso, lo que deja a Irurzun al borde de la jubilación efectiva.
Bajo el patrocinio de los abogados Alberto Antonio Spota y Federico Dal Maso, el camarista también inició una demanda de fondo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal contra el Estado Nacional. Su objetivo es que se declare la «nulidad absoluta» del tercer párrafo del inciso 4° del artículo 99 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, el cual exige un nuevo acuerdo del Senado para que los magistrados continúen en funciones una vez alcanzados los 75 años.
En el entorno del juez barajan la posibilidad de solicitar una licencia extraordinaria una vez finalizada la feria judicial como una estrategia para ganar tiempo sin tener que abandonar formalmente el despacho. Sin embargo, allegados a la defensa admiten que el escenario es sumamente adverso y que, de no mediar una resolución judicial de último momento, Irurzun dejará de ser camarista federal a partir de las cero horas del próximo domingo.
La batalla legal contra la reforma de 1994
La presentación judicial de Irurzun reedita la histórica tensión entre los precedentes «Fayt» y «Schiffrin» de la Corte Suprema. El planteo central de la demanda sostiene que la Ley 24.309, que declaró la necesidad de la reforma constitucional de 1994, no facultó a la Convención Constituyente a fijar un límite de edad para los magistrados, sino únicamente a modificar los mecanismos de selección y remoción. Según el escrito, al incorporar el tope etario, la Convención se excedió en sus atribuciones, vulnerando la garantía de inamovilidad y el carácter vitalicio de los cargos judiciales.
Aunque el escrito reconoce que la Corte Suprema convalidó el límite de los 75 años en el fallo «Schiffrin» en 2017 (revirtiendo la doctrina «Fayt»), la defensa de Irurzun argumenta que aquel estándar «se ha extinguido». El argumento se apoya en que la composición del tribunal ha cambiado sustancialmente, señalando que la salida de Juan Carlos Maqueda alteró las mayorías que sostenían dicho criterio.
Estrategia de recusación y vacantes clave
Como parte de su estrategia, Irurzun se reservó el derecho de recusar a cualquier miembro de la Corte que haya participado como convencional constituyente en la reforma de 1994. Esta advertencia apunta de manera directa al actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien fue convencional en Santa Fe y redactó uno de los votos mayoritarios en el caso «Schiffrin».
Con una Corte integrada actualmente por tres miembros activos para este caso, un eventual apartamiento de Rosatti dejaría la resolución en manos de Ricardo Lorenzetti —quien votó a favor de la validez del límite de edad en 2017— y de Carlos Rosenkrantz, el único disidente en aquel fallo. Ante esta paridad, el tribunal se vería obligado a convocar a conjueces para destrabar la situación, un proceso administrativo complejo que resulta inviable de resolver en el transcurso de la feria judicial.
La inminente salida de Irurzun, quien ingresó a la Cámara Federal en 1994, representa un quiebre institucional en Comodoro Py. Su jubilación abrirá una de las vacantes más codiciadas de la justicia federal: un asiento en el tribunal de apelaciones que revisa todas las causas de corrupción pública y de crimen organizado del país, un espacio estratégico que el Poder Ejecutivo nacional buscará cubrir con un candidato propio.
