Déficit de infraestructura: empresarios y gremios advierten en la Rural que faltan US$ 25.000 millones anuales

En un duro diagnóstico sobre el estado de la obra pública y el desarrollo nacional, los principales referentes del sector empresarial y sindical de la Argentina advirtieron que el país arrastra un déficit de infraestructura crítico que compromete seriamente su competitividad global. Durante una jornada clave organizada por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) en la Exposición Rural de Palermo, las entidades estimaron que reconstruir el stock existente demandaría unos US$1,5 billones, mientras que el mantenimiento básico requiere un flujo anual de US$25.000 millones.

El encuentro reunió en un mismo panel a la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Obrera de la Construcción (Uocra). El consenso fue unánime: la reactivación económica no será sostenible sin estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y el retorno del financiamiento a largo plazo.

Un atraso estructural que frena la competitividad

Gustavo Weiss, presidente de Camarco, puso números a la crisis. Detalló que el valor de reposición amortizado de la infraestructura nacional se ubica en los US$600.000 millones, y que sostener lo que ya existe demanda el 4% del PBI, el doble de lo que el Estado destina actualmente. Weiss fue categórico sobre las limitaciones que impone este escenario:

“Sin infraestructura no vamos a ser competitivos; sin eso, es muy difícil que la industria pueda competir en términos internacionales, que el agro, en vez de producir 100 millones de toneladas, pase a producir 150 o 180”

El constructor planteó una máxima para la etapa que viene: «Tanta inversión privada como sea posible, pero tanta inversión pública como sea necesaria», recordando que las provincias y los municipios también deben jugar un rol activo en el financiamiento.

Por su parte, Martín Rappallini, titular de la UIA, advirtió que la Argentina hoy destina apenas el 2% del PBI a infraestructura, muy por debajo del estándar internacional de entre el 4% y el 5%. «Hemos abusado de los stocks», graficó, al explicar que el país consume infraestructura de hace décadas sin reinversión. No obstante, vio una ventana de oportunidad en el despegue de la minería y la energía para redefinir el esquema logístico nacional.

Moneda de largo plazo y el reclamo de garantías estatales

Desde el sector financiero, Francisco Gismondi (gerente general de Adeba) apuntó directamente a la inflación y la macroeconomía como los principales escollos para el desarrollo del crédito. Aunque celebró que el financiamiento al sector privado trepó del 5% al 13% del PBI en los últimos dos años, reconoció que la Argentina sigue «a años luz» de sus vecinos de la región.

“Sin moneda estable, sin estabilidad macroeconómica, no hay ningún tipo de posibilidad de tener inversión de largo plazo”

En sintonía, Mario Grinman, presidente de la CAC, respaldó el rumbo de ordenamiento fiscal del Gobierno, advirtiendo que el equilibrio de las cuentas públicas «no se consigue sin sufrimiento». Sin embargo, aclaró que el sector público no puede retirarse por completo de la planificación de infraestructura:

“Coincido en la necesidad de que el Estado participe activamente; si no puede ser en el financiamiento, que sea en las garantías para las obras públicas”

Los reclamos de la producción y la incertidumbre gremial

El presidente de la SRA, Nicolás Pino, recordó que gran parte de la riqueza del país transita por 400.000 kilómetros de caminos de tierra. «Tenemos la responsabilidad de producir más y de estar a la altura de esa demanda. Pero para que toda esa mayor producción pueda ser conducida se necesita algo que hace mucho no se hace en la Argentina: infraestructura», sentenció, mencionando la urgencia de avanzar con la hidrovía, rutas y ferrocarriles.

La perspectiva laboral y social fue aportada por los representantes de la CGT y la Uocra. Cristian Jerónimo, secretario de la central obrera, coincidió en la necesidad de ordenar las variables macroeconómicas, pero encendió alarmas sobre el costo social del ajuste. Para ilustrar la ineficiencia logística actual, mencionó que recorrer los 60 kilómetros que separan a Neuquén de Añelo, la puerta de entrada a Vaca Muerta, puede demorar hasta tres horas por el estado de las rutas.

Finalmente, Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, sumó un reclamo político directo sobre la falta de interlocutores oficiales en la gestión actual:

“Ojalá tengamos la oportunidad de saber quién es el que se encarga de infraestructura, porque no sabemos con quién hablar”

Martínez cerró exigiendo reglas claras y transparencia, advirtiendo que ningún inversor internacional arriesgará capital en el país sin condiciones de sustentabilidad básica y previsibilidad a largo plazo.