Cajas y telecomunicaciones: Karina Milei avanza sobre las áreas clave de Santiago Caputo
La reestructuración de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología ha llevado la tensión interna en el Gobierno a un escenario de máxima densidad. El rediseño administrativo marca un avance directo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre áreas estratégicas que hasta ahora permanecían bajo la influencia del asesor presidencial Santiago Caputo. Este movimiento no solo redefine el control de dependencias clave, sino que también pone bajo la lupa millonarias cajas de negocios y operaciones controvertidas realizadas bajo la gestión del denominado «Mago del Kremlin».
La ejecución de este plan se apoya en el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene una estrecha subordinación política con la hermana del Presidente. El objetivo de Santilli de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires lo obliga a alinearse de manera absoluta con la conducción partidaria de Karina Milei, de quien depende para habilitar una eventual alianza electoral entre La Libertad Avanza, el Pro y la UCR de cara a los próximos comicios bonaerenses.
El nuevo mapa de poder en las empresas estatales
Con el nuevo esquema, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología pasa a reportar al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, mientras que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) queda bajo la órbita directa de Santilli. En tanto, las firmas estatales Arsat y Correo Argentino serán gestionadas por su mano derecha, Gustavo Coria. Aunque en las segundas líneas se mantiene a funcionarios nombrados originalmente por Caputo, como el secretario Darío Genua y el titular del Enacom, Martín Ozores, en el oficialismo se los lee como perfiles técnicos adaptables a la nueva conducción política.
Esta mutación administrativa altera la lógica de toma de decisiones en el área de telecomunicaciones. A diferencia del esquema previo, donde las resoluciones eran dictadas por funcionarios formales que reportaban a asesores sin cargo público —como Santiago Caputo, su hermano Francisco o su colaborador Manuel Vidal—, ahora los responsables políticos coincidirán directamente con quienes firman los decretos y resoluciones administrativas.
Expedientes calientes y la fusión de telecomunicaciones
El control del Enacom sitúa a Santilli frente a decisiones de alto impacto regulatorio y económico. Sobre su escritorio descansa el expediente para autorizar la fusión entre Telefónica y Telecom (perteneciente al Grupo Clarín), un proceso que anteriormente era monitoreado por Caputo a través de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal. Asimismo, la nueva gestión deberá evaluar la reciente y veloz licitación para la contratación de un software de alertas tempranas denominado AlertAR, convocada el pasado 7 de julio con fecha de presentación de ofertas para el 22 del mismo mes.
Por su parte, Coria deberá responder a las demandas de transparencia legislativa. Entre ellas, se destaca un pedido de informes de la diputada Margarita Stolbizer referido a una transferencia de fondos del Enacom hacia Arsat financiada mediante el Fondo del Servicio Universal (FSU), en medio de las restricciones impuestas por la Ley Bases para el financiamiento de empresas públicas.
Auditorías sobre el Correo, OCA y el escándalo de Arsat
La gestión del Correo Argentino implicará revisar los contratos de logística con la firma Flecha Log, vinculada a Leonardo Scatturice, actual propietario de OCA y Flybondi, y señalado por su cercanía a Santiago Caputo. Scatturice se encuentra bajo investigación judicial en una causa liderada por el juez en lo penal-económico Pablo Yadarola, iniciada tras el arribo de un vuelo privado con valijas sin declarar de la diputada Laura Belén Arrieta. Además, OCA enfrenta un concurso de acreedores donde su principal acreedor es la ARCA (ex AFIP), organismo conducido por Andrés Vázquez, allegado al empresario.
El frente más complejo se ubica en Arsat, empresa anteriormente conducida por Facundo Leal, quien actualmente se encuentra detenido en el marco de una causa penal en San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez. En los allanamientos a las propiedades de Leal se secuestraron casi 2,5 millones de dólares, armas y equipos de espionaje. La investigación judicial avanza con declaraciones clave, como la de su chofer Tomás Scalera, quien detalló reuniones de Leal con personas vinculadas al entorno de Caputo y firmas multinacionales de tecnología.
