Ética pública: el adornismo y la cultura del privilegio que resisten en el poder
A solo tres semanas de la renuncia de Manuel Adorni, la escapada recreativa del viceministro de Justicia al Mundial de Estados Unidos reabre un debate incómodo en el seno del Gobierno. El viaje de Santiago Viola, quien asumió a mediados de marzo y lleva apenas cuatro meses en la función pública, expone la persistencia de una cultura del poder que sobrevive a los nombres propios: el «adornismo», un sistema de códigos donde el cargo público se concibe como un privilegio y no como un sacrificio.
Los códigos del privilegio y la «avivada»
La peripecia del exjefe de Gabinete describe un modo de entender la función pública que trasciende su caso concreto. En la lógica del adornismo, el funcionario que realiza un viaje oficial se autopercibe como un «deslomado» que merece compensaciones. Esta idea justifica que el Estado pague el pasaje de familiares en el avión presidencial, vuelos en jets privados, estadías en hoteles de lujo y consumos difíciles de explicar con un salario ministerial.
En el caso del secretario de Justicia, cuya foto en un estadio de Estados Unidos encendió las alarmas, desde el oficialismo aseguran que no existieron invitaciones de la AFA ni accesos de cortesía al sector VIP. Sin embargo, la imagen instala suspicacias. Tras el escándalo de Adorni, las explicaciones oficiales ingresan en el terreno de la duda. El adornismo condensa la arrogancia y la avivada, rasgos de un modelo cultural enquistado en la política que busca sacar ventaja de cualquier posición de poder.
¿Qué son un departamento en Caballito y una cascada en el country frente a ese mecanismo diseñado para robarle al Estado?
La comparación con la matriz de corrupción
Desde sectores afines al oficialismo se suele argumentar una diferencia de escalas frente a la megacorrupción del kirchnerismo. La reciente aparición pública de Martín Insaurralde en Puerto Madero, fumando un habano sin pudor frente a las sospechas que lo rodean, ilustra esa otra cultura de negocios y política promiscua. Ante los bolsos de José López, el vestidor de Insaurralde o las condenas a Julio De Vido en causas como Vialidad y Cuadernos, el departamento en Caballito o la cascada en el country atribuidos al entorno de Adorni parecen menores.
No obstante, la discusión de fondo no es cuantitativa sino ética. Aunque existen investigaciones abiertas y aún no cuantificadas como las causas $LIBRA y Andis, la lógica detrás de un jet privado a Punta del Este y un yate en Marbella es similar. Cuando un funcionario de máxima jerarquía decide vacacionar en un Mundial de fútbol a meses de asumir, emite un mensaje claro: las obligaciones de Estado pueden esperar, el placer personal no se posterga y las prerrogativas individuales están por encima del escrutinio público.
La cuestión está en reconocer la delgada línea que separa el compromiso con la función pública del aprovechamiento de una posición de privilegio
Una cultura transversal que desafía la República
El ejercicio abusivo del poder no reconoce fronteras partidarias. El año pasado, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se negó a realizar un control de alcoholemia mientras conducía un vehículo oficial que acumulaba 137 multas impagas por más de 22 millones de pesos, obligando además a un empleado estatal a trasladarlo a su domicilio. Este tipo de conductas revela una creencia generalizada de que el funcionario está por encima de la ley.
Asumir un cargo de alta jerarquía implica una renuncia a la comodidad y a la privacidad en pos del deber. El adornismo desafía esta regla republicana básica al invertir la carga de la obligación: cuando el exjefe de Gabinete cuestionaba a quienes indagaban sobre su patrimonio con un «¿quién sos vos?», olvidaba que es el funcionario quien debe rendir cuentas al ciudadano, y no a la inversa.
Es el funcionario el que le debe explicaciones al ciudadano, y no al revés
La reciente crisis patrimonial que derivó en la salida de Adorni —quien se retiró respaldado por el Presidente bajo la afirmación de tener «todo declarado»— debería abrir un debate profundo sobre la ejemplaridad pública. Limitar la discusión al tamaño de los vestidores o conformarse con niveles menores de opulencia sería un fracaso moral para una sociedad que exige transparencia.
