Volver al Trabajo: la Justicia avaló el fin del programa y más de 900 mil personas dejarán de cobrarlo
La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener activo el programa Volver al Trabajo. Con esta decisión judicial, el Gobierno nacional quedó habilitado para avanzar con el cierre definitivo de la asistencia social, lo que dejará a más de 900.000 beneficiarios de todo el país sin el cobro mensual de $78.000.
El fallo fue firmado por los jueces de la Sala II, Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández. Los magistrados dejaron sin efecto la resolución de primera instancia dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien previamente había ordenado la restitución de los pagos hasta tanto se implementara una alternativa de política pública para los ex titulares del Potenciar Trabajo.
Los alcances del fallo y el futuro del beneficio
A partir de esta resolución, la cartera conducida por Sandra Pettovello ya no tendrá la obligación legal de realizar las transferencias de fondos. Según los plazos administrativos del programa, la última liquidación se efectivizó el pasado viernes 3 de julio. De este modo, a partir de agosto de 2026, el beneficio dejará de pagarse de forma definitiva.
La estrategia del oficialismo consiste en reemplazar este esquema de asistencia por un sistema de vouchers de capacitación laboral. Esta iniciativa, anunciada por el Ministerio de Capital Humano meses atrás, busca promover la inserción en el empleo registrado mediante la formación profesional. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo aún no se han brindado precisiones técnicas ni cronogramas sobre el funcionamiento de este nuevo mecanismo.
Por otro lado, el Gobierno confirmó que el Programa de Acompañamiento Social, la otra rama en la que se dividió el antiguo Potenciar Trabajo, continuará vigente sin modificaciones en sus condiciones ni en los montos actuales de cobro.
Fuerte rechazo de los movimientos sociales
La decisión judicial generó una inmediata reacción de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La organización social denunció que el fallo priva de un ingreso indispensable a casi un millón de familias en un contexto de alta vulnerabilidad económica.
Desde la UTEP argumentaron que la Cámara Federal consideró que sostener la cautelar implicaba «adelantar el resultado final del juicio», desoyendo el carácter alimentario del beneficio. A través de sus canales oficiales, la organización gremial apuntó contra la resolución de los magistrados:
La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario.
Con este panorama, las organizaciones que nuclean a los trabajadores informales anticiparon que continuarán con las presentaciones judiciales y las medidas de fuerza para reclamar la continuidad de los programas de asistencia y denunciar lo que consideran una connivencia entre el Poder Judicial y el Ministerio de Capital Humano.
