Obra pública: el oficialismo impulsa una ley para destrabar contratos paralizados hace 20 años
El oficialismo en el Senado de la Nación avanzará con un proyecto de ley clave para destrabar la parálisis de la infraestructura nacional. Se trata del «Régimen Excepcional para la Regularización de la Obra Pública», una iniciativa que busca dar un cierre definitivo a contratos que, en algunos casos, arrastran una inactividad de casi dos décadas. El plan contempla un sistema de compensación económica y la renuncia de las constructoras a iniciar demandas judiciales contra el Estado.
El trasfondo político y el aval de la Casa Rosada
La propuesta es impulsada por el senador libertario Enzo Fullone (Río Negro), acompañado por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), y el legislador Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos). Según confirmaron fuentes parlamentarias, el proyecto cuenta con el visto bueno del Poder Ejecutivo para ser tratado este año como parte de una «agenda legislativa de segunda generación», en paralelo a reformas electorales y energéticas. El debate en comisiones se activará una vez que se retome la discusión sobre la ley de biocombustibles, un tema que quedó congelado tras la salida de Manuel Adorni de la gestión de gobierno.
Un «sistema bloqueado» y el impacto en las provincias
El senador Fullone, con experiencia previa como directivo de Vialidad Nacional en Río Negro, fundamenta la necesidad de la norma en el colapso administrativo actual. Según los informes técnicos que acompañan el proyecto, existen al menos 57 obras públicas nacionales en estado de neutralización. En la Patagonia, por ejemplo, la parálisis afecta de manera directa a corredores estratégicos como las rutas nacionales 22, 23 y 151, cuyos trabajos se iniciaron entre 2009 y 2021.
“Esta es una realidad extendida en todo el país. Hay contratos que permanecen abiertos administrativamente, son contratos que no cuentan con recepción definitiva ni cierre formal, aunque en muchos casos las obras estén terminadas, en uso o hayan sido ejecutadas hace varios años”, explicó Fullone.
Concesiones mutuas y la «certificación de cierre»
El núcleo del proyecto radica en un esquema de «concesiones recíprocas» de mutuo acuerdo con una vigencia de 24 meses. Para las constructoras, los incentivos incluyen la condonación de multas acumuladas por la parálisis, la devolución de las pólizas de caución y fondos de reparo, y la garantía de no recibir sanciones en el Registro de Constructores. A cambio, el Estado exige que las firmas renuncien a reclamar el lucro cesante por los tramos no ejecutados y desistan de cualquier acción judicial presente o futura.
Para instrumentar este acuerdo, se creará una «certificación de cierre». Mediante esta figura, el Estado pagará una suma fija y definitiva por gastos de mantenimiento y vigilancia de los obradores. Este monto se calculará mediante un informe técnico que evaluará el avance físico-financiero de la obra, el tiempo de paralización y la conveniencia para el interés público, permitiendo así liberar los predios para futuras licitaciones.
