Estafa piramidal en Parque Leloir: detuvieron a un abogado acusado de un fraude por un millón de dólares
Un abogado de la zona oeste del Conurbano bonaerense quedó detenido en las últimas horas, acusado de liderar una millonaria estafa piramidal que operaba desde una exclusiva oficina en el partido de Ituzaingó. La maniobra, que ya acumula denuncias por un perjuicio económico superior al millón de dólares, involucra a otro profesional del derecho que actualmente se encuentra prófugo de la Justicia con pedido de captura activo.
La organización delictiva montó su centro de operaciones en el Complejo Thays, un lujoso desarrollo inmobiliario ubicado en Parque Leloir. Desde allí funcionaba la presunta firma Avalon Capital Futures Investments, una compañía que captaba ahorristas mediante promesas de rendimientos extraordinarios en moneda extranjera. Detrás de esta estructura se encontraban los abogados Ángel Elías Gómez, detenido este jueves, y Juan Ignacio Lombardo, quien logró eludir los procedimientos policiales.
El engaño de los retornos en dólares
La investigación judicial, bajo la conducción del fiscal Lucio Rivero de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada 2 de Ituzaingó, se inició a partir de una serie de denuncias de damnificados que confiaron sus ahorros a los letrados. Según se detalló en el expediente, los imputados captaban clientes exigiéndoles desembolsos en efectivo con la promesa de invertirlos en la Bolsa de Comercio y en el mercado de criptomonedas.
Para dotar de aparente legalidad y prestigio a la firma, los socios se presentaban falsamente como miembros activos de la Cámara de Comercio de la República Argentina. La mecánica del fraude respondía al clásico esquema Ponzi. Desde la fiscalía explicaron la dinámica del engaño:
“lo que hacían los estafadores los primeros dos o tres meses era pagar ese supuesto interés como para mantenerlos enganchados y lograr que hicieran otra inversión mayor”
Una vez que las víctimas colocaban sumas más significativas, los pagos cesaban abruptamente. Frente a los reclamos de los ahorristas, los abogados interponían excusas ligadas a supuestas fluctuaciones negativas de los mercados financieros y, finalmente, cortaban toda vía de comunicación y desaparecían del mapa.
Allanamientos, autos de alta gama y un prófugo
La jueza de Garantías N° 3 de Morón, Laura Pinto, ordenó una serie de allanamientos simultáneos que derivaron en la captura de Gómez en un domicilio de la calle Rodríguez Flores, en la localidad de Villa Ariza, Ituzaingó. Sin embargo, los procedimientos para dar con Lombardo en su vivienda de un exclusivo barrio cerrado resultaron negativos, por lo que se mantiene vigente su orden de detención.
Los investigadores policiales también registraron las oficinas del Complejo Thays y una propiedad en el Buenos Aires Golf Club de Bella Vista. Durante los operativos se secuestró documentación de vital importancia para la causa, incluyendo carpetas institucionales de «Avalon Capital», credenciales que sindicaban a Lombardo como «Founder & CEO» y numerosos contratos que exponen la escala del fraude.
Los registros incautados revelan que los damnificados realizaban colocaciones individuales que oscilaban entre los 50.000 y los 350.000 dólares, vinculadas a supuestas inversiones en el sector de criptoactivos y en el mercado de la soja. Además, la policía incautó tres vehículos de alta gama pertenecientes a los sospechosos: un Mercedes Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S y una camioneta Dodge RAM 1500.
Medidas judiciales y el alcance del fraude
Hasta el momento, la Justicia imputó formalmente a los acusados por cinco hechos tipificados como estafa reiterada en concurso real. No obstante, el volumen de contratos y carpetas secuestradas en las oficinas de Parque Leloir hace presuponer a los investigadores que el número de víctimas y el monto total del desfalco podrían incrementarse considerablemente en las próximas semanas.
Como parte de las medidas de prueba para determinar la ruta del dinero y la estructura societaria, el fiscal Rivero solicitó informes urgentes al Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Inspección General de Justicia (IGJ). En paralelo, la jueza Pinto decretó la inhibición general de bienes de ambos abogados para resguardar posibles activos de cara a un eventual resarcimiento de las víctimas.
