Caso Vialidad: la fiscalía recalcula el decomiso a Cristina Kirchner y condenados, que asciende a casi $900.000 millones

La cifra que deberán devolver los condenados en el caso Vialidad, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner, podría ascender a 897.851.557.131 pesos. Este nuevo cálculo, de carácter extraoficial, es analizado por el fiscal Diego Luciani, quien considera que el monto previamente convalidado por la Corte Suprema de Justicia, de 685.000 millones de pesos, se encuentra desactualizado y debe ser ajustado por inflación.

La diferencia entre ambos valores, que representa un incremento del 31,08%, surge de la necesidad de actualizar el monto desde julio del año pasado, cuando se realizó la última determinación. El Ministerio Público Fiscal sostiene que, a la fecha, se han “perdido 212.861.206.992 pesos” en valores reales, lo que equivale a un incremento promedio del 1,49% mensual.

El origen del monto y la decisión de la Corte

En junio de 2023, tras la firmeza de la sentencia en el caso Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, solicitó a los peritos contables de la Corte Suprema que determinaran el valor actual del dinero implicado en la maniobra defraudatoria. El monto original reclamado por la acusación en 2022 era de 85.000 millones de pesos.

La pericia estableció que el decomiso correspondiente al fraude cometido entre 2003 y 2015, a través de las 51 licitaciones viales adjudicadas a Lázaro Báez con mecanismos irregulares como direccionamiento de contratos, concursos simulados y sobreprecios promedio del 65%, ascendía a 684.990.350.139,86 pesos. Las defensas recurrieron este mecanismo técnico, pero la Corte Suprema, al rechazar las quejas hace pocos días, dejó firme el monto del decomiso.

Sin embargo, la fiscalía de Luciani, según fuentes judiciales, ha comenzado a analizar nuevamente los valores. El nuevo cálculo extraoficial se realizó con la misma fórmula aplicada por los peritos de la Corte, que fue avalada la semana pasada. “Dado que el monto ya está desactualizado, al menos desde julio del año pasado, se analiza reclamar la actualización. Cuantas más chicanas interpongan para no devolver a la sociedad lo que desapoderaron del Estado, el monto de decomiso será mayor”, expresaron fuentes judiciales a Clarín.

Será el TOF 2 quien deba ordenar la actualización si considera pertinente el pedido del fiscal Luciani.

El decomiso como herramienta judicial y la resistencia de los condenados

El decomiso es la herramienta legal que tiene el Poder Judicial para recuperar el producido del delito, es decir, para que los condenados devuelvan lo que se apropiaron ilícitamente del Estado. El fiscal Luciani ha exigido en reiteradas ocasiones una pronta ejecución patrimonial, dado que Cristina Kirchner y los demás acusados “jamás depositaron de forma voluntaria el valor reclamado por el TOF 2”.

Según el fiscal, los condenados han recurrido a “todo tipo de artilugios procesales, declarados inadmisibles una y otra vez” por los tribunales. Esta resistencia, a criterio del Ministerio Público, “dilata el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme” y exhibe “total falta de arrepentimiento”, constituyendo “una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

Luciani sostiene que muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante doce años”.

Avance sobre bienes y futuras tandas de decomisos

El primer pedido de decomiso, confirmado por la Cámara de Casación, incluye 111 bienes muebles e inmuebles: 20 de la familia Kirchner, 84 de Lázaro Báez y el resto dividido entre empresas y otros acusados. La Corte Suprema deberá determinar si la ejecución de estos bienes, ordenada por el TOF 2 en noviembre pasado, es correcta, tras atender la queja interpuesta por la ex Presidenta y los demás condenados.

Si el máximo tribunal desestima esos reclamos, se constituirá en el titular de los bienes decomisados y deberá determinar el destino de las propiedades y vehículos. Aquellos que no sean funcionales a la tarea judicial podrán ser cedidos a organismos públicos o rematados.

El TOF 2, presidido este año por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, ya trabaja en una segunda etapa de bienes a decomisar, presentada por el fiscal Luciani en febrero. Esta tanda se compone de 141 inmuebles —13 de sociedades de la familia Kirchner y 128 de sociedades vinculadas a Lázaro Báez— y 46 automotores. Además, el Ministerio Público reclama 4.664.000 dólares de una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de una caja de ahorro del Banco de Galicia, y 53.280,24 pesos.

Esta medida busca recuperar en propiedades un valor cercano a los 685.000 millones de pesos. El TOF 2 ordenó avanzar sobre todos los bienes incorporados al patrimonio de los acusados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período en el que se desarrolló la maniobra defraudatoria. Esto incluye 19 inmuebles que Cristina Kirchner heredó a sus hijos en 2016 a título gratuito. Entre las propiedades de Cristina Kirchner en esta segunda tanda que la fiscalía pide decomisar se encuentran su departamento porteño de la calle San José 1111, el hotel La Aldea de El Chaltén y el hotel Alto Calafate, investigado por lavado de activos, además del chalet de Río Gallegos, casas, terrenos y departamentos en la capital santacruceña.

Finalmente, el fiscal Luciani trabaja en un tercer pedido de bienes a decomisar, que contemplará la individualización de bienes de sociedades involucradas, inmuebles, estancias y automotores. Se analizan 18 participaciones accionarias de Lázaro Báez y algunas propiedades de la familia Kirchner a través de sus empresas: Los Sauces, Co.Ma SA y Hotesur.