Tierras de la Armada en Ushuaia: polémica por la venta de un predio estratégico
La decisión del Gobierno de avanzar con la venta de un predio perteneciente a la Armada en Ushuaia generó un fuerte debate dentro de las Fuerzas Armadas. Aunque oficialmente se trata de un terreno declarado «innecesario» para el servicio militar, fuentes castrenses cuestionan la medida, advirtiendo sobre la naturaleza estratégica de los bienes en juego y la incertidumbre respecto al destino de los fondos que se obtengan de estas operaciones.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), mediante la Resolución 101/2026 firmada el 26 de junio, resolvió desafectar un predio de 2.939 metros cuadrados de la Base Naval Ushuaia para incorporarlo al proceso de venta. El inmueble, ubicado entre las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en un sector cercano a la planta Orión, fue declarado «innecesario» luego de que el Ministerio de Defensa informara en agosto de 2025 que no existían previsiones de utilización futura. Un informe técnico de la AABE señaló que el lugar no registra ocupaciones permanentes, salvo un uso transitorio por parte de Camuzzi Gas del Sur para acopio de caños.
El valor geopolítico de Ushuaia y la inquietud militar
Sin embargo, la discusión dentro de la Armada excede ampliamente este lote puntual. Fuentes militares afirman que estos terrenos forman parte de una de las áreas más sensibles desde el punto de vista geopolítico de la Argentina. Ushuaia es la principal puerta de acceso nacional al Atlántico Sur, a la Antártida y al pasaje bioceánico entre los océanos Atlántico y Pacífico. En esta región convergen intereses estratégicos de potencias como Estados Unidos y China, mientras persiste la disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.
«La ubicación de esos terrenos tiene un valor estratégico que excede completamente su valor inmobiliario», resumió un oficial consultado.
La preocupación también se vincula con proyectos que durante años fueron analizados para fortalecer la presencia militar en la ciudad fueguina, incluyendo la posibilidad de desarrollar una base naval integrada que concentrara capacidades de la Armada y permitiera ampliar la infraestructura logística para operaciones en el Atlántico Sur y la Antártida. Otro jefe militar comparó la situación: «Es como si Estados Unidos decidiera venderle al mercado un terreno estratégico del Comando Sur en Florida».
Reequipamiento militar y la falta de garantías
El trasfondo de estas operaciones es la política del Gobierno de financiar parte del reequipamiento militar mediante la venta de inmuebles estatales. El denominado Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar prevé que las Fuerzas Armadas reciban el 70% de lo obtenido por la venta de inmuebles propios y el 10% cuando se trate de bienes de otros organismos.
Pero precisamente allí aparece otra fuente de desconfianza. Oficiales consultados expresan no tener garantías de que esos porcentajes efectivamente lleguen a las cuentas destinadas al reequipamiento. Recuerdan los fuertes recortes presupuestarios de Defensa durante el último año y sostienen que aún no existen antecedentes que demuestren que los recursos provenientes de estas ventas terminarán financiando nuevas capacidades militares.
«Nos piden desprendernos de patrimonio estratégico con la promesa de que el dinero volverá a las Fuerzas, pero nadie puede asegurar hoy que eso vaya a ocurrir», señaló una fuente castrense.
La inquietud cobra mayor dimensión por el contexto regional. Mientras Argentina mantiene un discurso de reafirmación de sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, fuentes militares observan con preocupación algunos gestos diplomáticos recientes hacia el Reino Unido. Este mismo fin de semana, un buque de guerra británico, el HMS Medway, permanecía en Punta Arenas, Chile, una presencia que en otros años hubiera motivado una protesta formal de Buenos Aires y que esta vez transcurrió sin cuestionamientos públicos del Gobierno.
Para los oficiales, el desprendimiento de terrenos en Ushuaia envía una señal contradictoria con el objetivo declarado de reforzar la presencia argentina en el extremo austral, en un momento en que el Atlántico Sur adquiere una importancia creciente por razones militares, logísticas, energéticas y antárticas. Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que la política de la AABE busca racionalizar el patrimonio inmobiliario del Estado, desprendiéndose de inmuebles considerados ociosos o sin utilidad para obtener recursos y optimizar la administración de los bienes públicos.
Sin embargo, dentro de las Fuerzas Armadas, la discusión ya no pasa por el tamaño del lote puesto a la venta, sino por el precedente que inaugura: la posibilidad de perder espacios ubicados en uno de los puntos de mayor valor estratégico del país, sin la certeza de que los fondos obtenidos regresen efectivamente al sistema de Defensa.
