Aprender 2025: el Gobierno instaló «un título positivo» en Lengua y el informe completo matizó las mejoras
La difusión de los resultados de la prueba Aprender 2025, tomada a todos los alumnos de sexto grado del país el año pasado, generó un debate sobre la apropiación política de las evaluaciones educativas. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, desplegó un dispositivo de comunicación para destacar una mejora significativa en Lengua, presentándola como un logro de su gestión.
El martes pasado, el Ministerio de Capital Humano organizó una campaña oficial centrada en dos mensajes clave: que “la escuela primaria alcanzó los mejores resultados en Lengua de la última década” y que esta mejora era consecuencia directa del Plan Nacional de Alfabetización, implementado en 2024. La estrategia incluyó una mención del vocero presidencial Adrián Ravier, un video de la ministra Sandra Pettovello, un comunicado oficial con datos parciales, la participación del secretario Carlos Torrendell en un programa de televisión y una campaña en redes sociales.
El informe completo y los matices de los resultados
Sin embargo, la información completa del informe técnico de la prueba Aprender 2025 no fue publicada de inmediato. Los medios de comunicación debieron informar con datos parciales hasta el viernes por la noche, cuando el documento se hizo público en la web, coincidiendo con el partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde.
La lectura detallada del informe técnico permitió matizar los ejes centrales de la comunicación oficial. En primer lugar, la evolución en Lengua, si bien muestra una mejora, exhibe una tendencia ascendente que se inicia en 2013, no limitándose solo a los últimos dos años. En segundo lugar, el propio informe aclara explícitamente que “no se puede atribuir causalidad” entre los desempeños obtenidos y el Plan Nacional de Alfabetización.
Los resultados de las pruebas Aprender 2025 muestran avances concretos en los aprendizajes de los estudiantes y confirman que las políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto generan mejoras reales.
La discusión sobre la propiedad de los datos educativos
El autor Ricardo Braginski, editor de Sociedad y especialista en Educación, plantea la pregunta fundamental: ¿de quién son las evaluaciones educativas? Si la ley establece que son organizadas por la Secretaría de Educación e implementadas por el Consejo Federal de Educación con recursos públicos, ¿es legítimo que un gobierno se las apropie para un uso político?
En un Estado democrático, las evaluaciones y sus datos pertenecen a la sociedad en su conjunto. Esto implica que debería existir una fecha de publicación del informe completo que permita a docentes, directivos, expertos, funcionarios provinciales y familias acceder a toda la información al mismo tiempo para elaborar sus propias conclusiones. Además, en aras de la libertad de prensa y el derecho a la información transparente, se esperaría que los medios de comunicación tuvieran acceso a todos los datos desde el primer momento.
Esta práctica de difusión transparente ha sido la norma desde el inicio de estas pruebas, con la excepción del último tramo del gobierno de Cristina Kirchner, cuando la difusión de los resultados se demoró por más de dos años, generando fuertes críticas por debilitar el debate público. La intención del ala política del gobierno actual fue, según Braginski, instalar “un título positivo”, ofreciendo una única interpretación antes de cualquier matiz. Si bien puede ser una estrategia eficaz en términos de comunicación, resulta discutible desde la perspectiva de la transparencia y el propósito real de las evaluaciones, que es entender los aprendizajes de los alumnos, identificar dificultades y diseñar políticas públicas efectivas.
