Restricción judicial: Manuel Adorni deberá pedir permiso para salir del país por la causa de enriquecimiento ilícito

La Justicia Federal impuso una restricción a las salidas del país de Manuel Adorni, exjefe de Gabinete. Por pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez federal Ariel Lijo resolvió que el exfuncionario deberá solicitar autorización judicial para cualquier viaje al exterior.

Esta medida marca la primera restricción procesal directa para Adorni en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, una causa que también involucra a su esposa, Bettina Angeletti. Fuentes judiciales aclararon que no se trata de una prohibición total de salida, sino de la aceptación del ofrecimiento del propio Adorni de notificar al tribunal sobre eventuales viajes. De hecho, su abogado defensor, Matías Ledesma, ya comunicó al magistrado que su cliente no tiene planes de viajar, desmintiendo versiones sobre una posible mudanza a Uruguay.

A pesar de la restricción, el fiscal Pollicita descartó por el momento elementos que justifiquen una detención o que indiquen un riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación. La solicitud de prohibición de salida había sido presentada por la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, en su rol de denunciantes.

Audios, gastos y una compra bajo la lupa

La situación de Adorni se complicó tras la difusión de un audio en el que se lo escucha ofrecer «todo el soporte que necesites» al contratista Matías Tabar, quien debía declarar en la causa. Tabar, al presentarse ante Pollicita el 4 de mayo, reveló que Adorni le había pagado 245 mil dólares en efectivo por refacciones en una vivienda que adquirió en el barrio cerrado Indio Cua. Aunque el fiscal consideró que estas conversaciones no buscaron entorpecer la investigación, sí las evaluó como un dato que complejiza aún más la situación del exfuncionario.

Uno de los puntos centrales de la investigación es el costo de la casa en el barrio privado de Exaltación de la Cruz y las obras realizadas. El inmueble, que había sido omitido en la declaración jurada de 2024, se escrituró por 120.000 dólares. De ese monto, 20.000 dólares fueron aportados en efectivo por Adorni y su esposa. Los 100.000 dólares restantes provienen de un préstamo en efectivo de Graciela Molina (jubilada de la Policía Federal) y su hija Victoria Cancio. Adorni ya pagó 30.000 dólares de esa deuda y debe cancelar los 70.000 dólares restantes más un interés del 11% antes de noviembre de este año.

Nuevas declaraciones complican al exjefe de Gabinete

La causa se inició a raíz de gastos, viajes y compras de propiedades que, según la denuncia, exceden los ingresos declarados por Adorni y su esposa. Esta semana, la exempleada Gisela Kocsis, responsable de la compra de blanquería hallada en el celular de Matías Tabar, ratificó ante la Justicia haber pagado más de ocho millones de pesos en efectivo y reveló otras compras para su exjefe.

Kocsis declaró que en mayo de 2025 gestionó la compra de un lavavajillas y un lavarropas Whirpool por aproximadamente 3.100.000 pesos para la casa de Indio Cua, pagando con su tarjeta y siendo luego reembolsada en efectivo por Adorni. A esto se suman refacciones y muebles adquiridos para un departamento en la calle Miró, Caballito, que superaron los 255 mil dólares.

Un informe sobre las tarjetas de crédito de Adorni reveló gastos por 139 millones de pesos en dos años y cuatro meses, lo que representa un promedio de entre 4 y casi 6 millones de pesos mensuales, mientras su sueldo se ubicaba en torno a los 3,5 millones de pesos.