Rulo financiero: la Cámara Federal unificó dos causas en el juzgado de Ariel Lijo
La Cámara Federal unificó en el juzgado interinamente a cargo del juez federal Ariel Lijo las investigaciones judiciales contra funcionarios del Banco Central y de casas de cambio. Los acusados habrían permitido maniobras millonarias para acceder a dólares al precio oficial y venderlos en el mercado paralelo durante el Gobierno anterior.
El camarista Roberto Boico decidió que el Juzgado Federal N° 11, bajo la órbita de Lijo, absorba el expediente que se tramitaba en el Juzgado N° 1, a cargo de María Servini. De esta forma, se concentrarán las pesquisas que involucran a Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, del Banco Central, junto a una decena de empresarios como Elías Picirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque, dueños de agencias de cambio y “cuevas”.
El origen de la disputa y los argumentos para la unificación
La controversia por la competencia judicial se inició el 8 de mayo de 2026, cuando Lijo solicitó a Servini la causa que ella investigaba para sumarla a su propio expediente. El argumento central de Lijo era que ambas pesquisas perseguían los mismos hechos: una red de personas y agencias de cambio que adquirían divisas al tipo de cambio oficial para luego inyectarlas en el mercado paralelo, obteniendo ganancias ilegítimas millonarias. A esto se sumaba la presunta connivencia o falta de control de los funcionarios del Banco Central (BCRA).
Desde el juzgado de Servini, en tanto, se argumentó que existían objetos procesales distintos y que solo compartían algunos imputados. El fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, sostuvo este planteo, aunque reconoció que la causa de Lijo era más amplia, al abarcar también irregularidades en la tramitación del sistema de importaciones SIRA, concluyendo que no había una identidad total de los hechos.
La decisión de la Cámara y sus fundamentos
El camarista Boico estimó que existe una “dependencia funcional y operativa” entre los sujetos investigados en ambos expedientes, con nombres en común como Arg Exchange SA, Gis Cambio SA y Banco Más Ventas, entre otros. Además, valoró el riesgo real de allanamientos múltiples y simultáneos sobre las mismas oficinas comerciales por parte de dos juzgados distintos, lo que podría generar inconvenientes procesales y operativos.
Boico también dio especial relevancia a las posturas de las defensas y del fiscal Carlos Stornelli, quienes habían coincidido en que, por la “comunidad probatoria”, unificar era necesario para lograr una investigación “integral, coherente y eficiente”, además de asegurar el derecho de defensa. En su resolución, el juez entendió que “la mayor amplitud del objeto procesal no excluye la conexión: la refuerza” y sostuvo que acumular el caso en el expediente más grande y complejo permite reconstruir el suceso histórico criminal en toda su dimensión real, evitando un análisis fragmentario o sesgado de la maniobra global.
Para la “mejor y más pronta administración de justicia”, y sumado a que la causa del juzgado de Lijo presentaba un grado de avance “sensiblemente superior”, Boico ordenó hacer lugar a la inhibitoria y unificar los casos. En paralelo, la jueza María Eugenia Capuchetti tiene otra causa por la misma maniobra con los mismos sospechosos y aún no se definió si se la queda, se inhibe o le plantea a Lijo que se excuse.
