Propiedad intelectual: Bayer advierte sobre la «fotocopia» de semillas y la inversión biotecnológica en Argentina

La posible adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y a la International Union for the Protection of New Varieties of Plants 91 (UPOV 91), un convenio internacional que fortalece los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales, genera un intenso debate en el país, especialmente en el sector de las semillas. Esta discusión fue abordada durante una reciente jornada sobre propiedad intelectual organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).

Actualmente, Argentina adhiere a UPOV 78, una versión más flexible. Sin embargo, el cambio hacia UPOV 91, que busca conferir protección a las variedades vegetales conforme a estándares internacionales, sigue en agenda. Gonzalo Rovira, a cargo del departamento de propiedad intelectual y licencias para América Latina de Bayer, destacó la importancia de este paso. “Si la Argentina fuera miembro de UPOV 91, el INTA también tendría más reconocimiento por la propiedad intelectual sobre sus desarrollos”, afirmó Rovira, quien también integra el comité de propiedad intelectual de AmCham.

El ejecutivo de Bayer puso como ejemplo a Embrapa, la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, a la que calificó como “la hermana del INTA”. Subrayó: “Brasil es miembro del PCT y puedo asegurar que es impresionante el vínculo (con empresas) que existe para favorecer el uso práctico de las investigaciones. Esto genera créditos para llevar adelante nuevos desarrollos biotecnológicos”. Incluso, mencionó que su compañía cuenta con una “oficina de vinculación” en el país vecino.

El debate por el “uso propio” de la semilla

El centro de la controversia se enfoca en el desarrollo del poroto de soja con tecnología avanzada y la comercialización, especialmente por el “uso propio” de la semilla que los productores realizan en Argentina sin pagar regalías, un beneficio contemplado en la ley de semillas de 1973.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), por ejemplo, sostienen que el país necesita reglas claras y previsibles que fortalezcan la propiedad intelectual en semillas y promuevan la innovación. Sin embargo, la entidad manifestó en un comunicado que “la adhesión a UPOV 91 es el camino erróneo y no refleja lo que precisa la realidad productiva argentina”. Carbap argumenta que “el Acta 1991 restringe el uso propio, amplía los derechos del obtentor y modifica el equilibrio histórico entre quien desarrolla la tecnología y quien la adopta”. Para ellos, el problema no es la falta de voluntad de pago, sino la ausencia de un esquema equilibrado y consensuado.

Inversión y desarrollo biotecnológico

Cuando una empresa tiene trabas para poder lanzar un desarrollo en el mercado de manera segura, se decide no avanzar. La semilla de soja con biotecnología de punta no se pudo comercializar en la Argentina por cómo estaban las reglas dentro del país. Sin embargo, sí llegó a Paraguay, a Uruguay y Brasil.

Con esta afirmación, Rovira, desde la visión de Bayer, explicó que cuando esto sucede, los productores argentinos no pueden acceder a la tecnología de vanguardia. Mencionó el ahorro de costos para el productor que usa tecnología que protege los cultivos de insectos o malezas, reduciendo la necesidad de insecticidas y herbicidas.

El ejecutivo de Bayer fue categórico al referirse a la práctica de la reproducción de semillas: “Es un problema si quiere tener acceso a la última tecnología, pero quiere pagar solamente por la primera bolsa de semillas y después hacer una la fotocopia”.

Rovira detalló que, por cada 5000 moléculas descubiertas, solo una llega a ser comercializada en un lapso de entre 10 y 15 años, con inversiones que superan los 2000 millones de dólares. Por ello, enfatizó la importancia de proteger las patentes “para seguir invirtiendo en el desarrollo de moléculas innovadoras, por ejemplo, para que lleguen a los pacientes si hablamos del sector farmacéutico”.

La adhesión al PCT, que se encuentra en vías de tratamiento en la Cámara de Diputados, es crucial según Rovira. Actualmente, las compañías o desarrolladores que buscan proteger sus innovaciones deben iniciar el trámite de cero en cada país donde desean tener presencia. “Cualquiera que invierte tiempo y recursos quiere proteger el desarrollo para que nadie pueda apropiárselo. Así se asegura la exclusividad por un período limitado”, concluyó.