Pergamino: Productores piden levantar cautelar que restringe el uso de fitosanitarios tras fallo absolutorio

Después de un histórico fallo que absolvió a productores, un ingeniero agrónomo y un aplicador en la causa por el uso de fitosanitarios en Pergamino, un grupo de ruralistas de ese distrito bonaerense impulsa una nueva estrategia judicial. El objetivo es que el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, deje sin efecto la medida cautelar que desde 2019 restringe las aplicaciones de fitosanitarios y fertilizantes en un amplio sector periurbano, afectando, según afirman, unas 6000 hectáreas con severas limitaciones productivas.

La iniciativa se analizará este jueves en una reunión convocada por productores e instituciones de la ciudad, donde buscarán definir los pasos a seguir para solicitar una revisión de la cautelar que continúa vigente.

Según los impulsores de esta acción, el reciente pronunciamiento del Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario abre un nuevo escenario para volver a plantear la discusión sobre una medida que consideran excesiva y carente de sustento técnico.

Las restricciones vigentes desde 2019

A principios de septiembre de 2019, el Juzgado Federal N°2 de San Nicolás dispuso una medida cautelar que prohibió las pulverizaciones terrestres con fitosanitarios dentro de un radio de 1095 metros de las zonas pobladas y fijó una restricción de tres kilómetros para las aplicaciones aéreas.

Esta resolución fue consecuencia de la causa iniciada por la abogada Sabrina Ortiz, integrante del colectivo Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, quien denunció aplicaciones de agroquímicos en cercanías de distintos barrios de la ciudad y sostuvo haber sufrido, junto con su familia, consecuencias sobre la salud. Meses antes, el magistrado había impuesto una restricción de 600 metros que alcanzaba únicamente a tres barrios, para luego ampliar el alcance de la medida a todo el ejido urbano de Pergamino.

El impacto del fallo absolutorio

La semana pasada, tras un proceso judicial de siete años, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario absolvió a los productores, al ingeniero agrónomo y al aplicador acusados por las aplicaciones de fitosanitarios. En contraste, condenó a dos exfuncionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que existieron deficiencias en los controles.

Para el Tribunal, no se acreditó el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad penal individual a los productores, pese a que consideró probados los daños denunciados por los vecinos. La Fiscalía había solicitado penas de entre tres y cinco años de prisión, según cada imputado. Este pronunciamiento es el que ahora los productores consideran un antecedente relevante para insistir con la revisión de la cautelar.

Andrés Pereyra, ingeniero agrónomo e integrante de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de la Provincia de Buenos Aires (Aianba), explicó que el trabajo institucional comenzó incluso antes del juicio oral. “La movida viene de antes, no es que fue luego de conocerse la sentencia que absolvió a los productores. Hay un grupo de productores que, motivado por Aianba, nos hemos juntado con la Sociedad Rural de Pergamino, Coninagro, Federación Agraria y la Cámara de Comercio de Pergamino para empezar a trabajar”, señaló.

Pereyra indicó que antes del juicio ya habían elaborado un documento respaldando el trabajo del municipio, incorporado al expediente. Ahora, la intención es definir nuevas acciones. “El jueves nos estamos juntando para ver cómo seguimos y qué podemos sumar para acelerar la caída de la cautelar porque es una medida que continúa hasta que la sentencia quede firme”, afirmó.

El ingeniero sostuvo que la preocupación es importante debido a que numerosos establecimientos permanecen afectados. “Hoy en día esta movida se generó porque hay muchos productores que todavía están complicados e impedidos de producir. Son casi 6000 hectáreas que están afectadas por la medida cautelar”, indicó.

Pereyra describió el impacto en su propio lugar de trabajo: “En mi caso, trabajo en un semillero de Pergamino y de las 120 hectáreas tenemos la mitad atrapada dentro de la medida cautelar. Esas 60 hectáreas están empastadas con festuca, de la que sacamos una cosecha por año, y el resto permanece en descanso”. Recordó que intentaron desarrollar producción orgánica en unas 30 hectáreas, pero se abandonó “porque era inviable por antieconómica”. La situación también afecta a pequeños productores, con lotes que “quedaron abandonados” porque “hay que producir como hace más de 50 años, con muchas labores y sin herramientas modernas”.

Además, Pereyra advirtió sobre el fenómeno de los desarrollos inmobiliarios en la periferia: “Al quedar improductivos, empiezan a aparecer desarrollos inmobiliarios y muchos productores, sin otra salida, se sienten tentados a vender. Trabajar sin insumos implica perder entre un 30% y un 50% del rendimiento que tendría un planteo con tecnología”.

La búsqueda de un nuevo marco regulatorio

La reunión de este jueves buscará definir si existen elementos suficientes para solicitar formalmente una revisión de la medida cautelar. “La idea es ver si hay lugar para pedir la revisión de la cautelar que establece que a 1095 metros del ejido urbano no se pueden utilizar fitosanitarios ni fertilizantes”, remarcó Pereyra.

El ingeniero recordó que durante estos años distintas instituciones presentaron documentación técnica para intentar modificar la resolución judicial. “El municipio implementó buenas prácticas y también se adhirió al sistema de Aapresid. Hubo un intento para reducir la restricción de 1095 a 600 metros, pero no hubo una respuesta positiva”, indicó.

Ahora aguardan que el reciente fallo de Rosario modifique el escenario. “Esperemos que ahora, luego de la sentencia del Tribunal de Rosario que absolvió a los productores, el juez de San Nicolás tenga a bien revertir la cautelar. Son otros tiempos políticos, sin tanta movida mal llamada medioambientalista porque es muy cómodo hablar de ambientalismo cuando uno está sentado en un escritorio», expresó.

Pereyra también señaló que representantes de distintas entidades mantuvieron reuniones con el magistrado durante estos años. “Hemos tenido conversaciones con el juez Villafuerte Ruzo. Siempre tuvo buena escucha para con nosotros, pero es el juez. Ahora veremos cómo retomamos esta lucha”, afirmó.

Desde una mirada técnica, Guillermo Tempone, ingeniero agrónomo y productor de Pergamino, evitó opinar sobre la sentencia judicial, aunque cuestionó el criterio utilizado para fijar restricciones generales. “Priorizamos la salud de la gente, la de nuestros empleados, familias y la nuestra. Es imprescindible considerar cada producto, las condiciones de aplicación y controlar las pulverizaciones para evitar daños a la salud de las personas y al ambiente”, sostuvo.

“Desde el punto de vista agronómico, el criterio de prohibiciones generales o absolutas junto con las distancias fijas, creando amplias zonas de exclusión, es claramente anticientífico y genera diversos problemas.”

En ese sentido, Tempone consideró necesario avanzar hacia un marco regulatorio diferente. “Debe haber una legislación basada en criterios agronómicos probados, que contemple todos esos aspectos y garantice un control eficaz de las pulverizaciones en todo el territorio. El marco legal actual es contradictorio, con escasa base científica y tan diverso que llega a ser contradictorio entre las distintas jurisdicciones”, concluyó.