Regulación del lobby: el Gobierno negocia cambios tras un rechazo transversal en Diputados

La propuesta del Gobierno de Javier Milei para regular el lobby sufrió un revés contundente en la Cámara de Diputados, donde recibió un rechazo casi unánime en las reuniones informativas. Ninguno de los 26 expositores convocados en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General respaldó el texto oficial, lo que forzó al oficialismo a postergar el dictamen y abrir una instancia de negociación con la oposición.

Organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales y cámaras empresarias coincidieron en cuestionar aspectos centrales de la iniciativa. Las objeciones abarcaron desde la amplitud de las definiciones de “gestión de intereses” hasta las sanciones previstas, que, según los críticos, podrían criminalizar la participación ciudadana y las actividades legítimas de representación.

Frente a este escenario, La Libertad Avanza (LLA) se vio obligada a retroceder. El presidente del plenario, Nicolás Mayoraz, cerró el último encuentro reconociendo la necesidad de revisar el proyecto. Aseguró que los legisladores “han tomado nota de todas las observaciones y aportes realizados” y que estos serán considerados para alcanzar un texto “que reúna el mayor consenso posible y atienda las objeciones planteadas”. Las reuniones informativas, de hecho, continuarán esta semana.

“Criminalizar la participación ciudadana” y el rol de las ONG

Uno de los puntos más conflictivos fue la definición de “gestión de intereses”, considerada tan abarcativa que, según los expositores, podría incluir desde la actividad de una cámara empresaria hasta el reclamo de una organización social. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, fue enfático al señalar que la propuesta “no es regular el lobby corporativo, esto es criminalizar la participación ciudadana”. Alertó que referentes de causas humanitarias o asociaciones de víctimas, como las Madres del Dolor, podrían verse obligados a registrarse como lobistas para interactuar con funcionarios.

En la misma línea, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, sostuvo que la iniciativa implica una “criminalización del ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades”. Advirtió que la combinación de requisitos de registración previa y sanciones penales podría convertir en potencialmente ilícitas conductas habituales de la participación democrática.

⚠️ La transparencia es clave para una sociedad justa. Pero el proyecto conocido como “Ley de Lobby” no fortalece la transparencia: pone bajo vigilancia a las organizaciones de la sociedad civil que controlan al poder y puede limitar su participación en el debate público. Abrimos… pic.twitter.com/7fxhc8hSbO

— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) June 10, 2026

Otro de los aspectos más cuestionados fue la figura del “principal extranjero”, que obliga a registrarse como agentes de intereses externos a quienes reciban financiamiento o cooperación internacional. Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, afirmó que el proyecto “asocia de forma espuria la cooperación internacional con la representación de intereses extranjeros” e introduce una lógica de sospecha sobre organizaciones que trabajan en áreas como salud, derechos humanos o desarrollo social. “Burocratizar, estigmatizar y criminalizar la cooperación internacional y el activismo es un grave error”, resumió Cahn.

Las quejas del sector empresarial

Las cámaras empresarias también reclamaron modificaciones sustanciales. Si bien respaldaron el objetivo de transparentar la relación entre el sector privado y el Estado, cuestionaron la viabilidad práctica de varios artículos. Alejandro Díaz, CEO de AmCham, señaló que el proyecto debería distinguir entre la representación de intereses particulares y la representación colectiva que ejercen cámaras empresarias y asociaciones civiles. “Debería reconocerse la naturaleza colectiva de la representación”, planteó.

Díaz también pidió revisar la definición de “beneficiario final” y evitar que compañías con accionistas extranjeros sean consideradas automáticamente representantes de intereses externos. La Unión Industrial Argentina (UIA), a través de Agustina Briner, hizo observaciones similares, sosteniendo que la obligación de identificar beneficiarios finales puede resultar impracticable en algunos casos y afectar información sensible de las empresas.

A su vez, Ángeles Naveyra, presidenta de Fundación Barbechando, advirtió que una regulación “excesivamente amplia, ambigua o burocrática” podría terminar produciendo el efecto contrario al buscado, obstaculizando en lugar de transparentar.

#LeyDeLobby “La iniciativa no propone ninguna medida positiva por parte del Estado para promover la participación de grupos vulnerados. Los grupos y organizaciones de menor tamaño contarán con mayores barreras a las ya existentes para ejercer igualitariamente sus derechos”.

🗣️… pic.twitter.com/xx29qoww09

— ACIJ (@ACIJargentina) June 10, 2026

Con este diagnóstico prácticamente unánime, el oficialismo dejó en suspenso la firma del dictamen. Mientras tanto, bloques dialoguistas como la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Provincias Unidas y sectores de la UCR avanzan en la redacción de un texto alternativo. Este buscaría reducir las sanciones penales, precisar las definiciones más controvertidas, delimitar excepciones para actividades como el periodismo y fortalecer la independencia de la autoridad de aplicación. La discusión recién comienza, pero las reuniones informativas dejaron una señal clara: el Gobierno no encontró una sola voz dispuesta a defender su propuesta tal como fue enviada al Congreso.