Lavado de sobornos: Casanello vuelve a procesar a dos uruguayos y aplica la «ignorancia deliberada»

El juez federal Sebastián Casanello ha procesado nuevamente a los uruguayos Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, acusados de actuar como “facilitadores profesionales” en el lavado de un soborno millonario. Tras tres rechazos de la Cámara Federal, el magistrado apeló a la doctrina de la “ignorancia deliberada” para inferir el dolo, un concepto que permite establecer el conocimiento de la ilicitud de los fondos aun sin prueba directa.

Pérez Montero y Ribeiro Ricci son señalados por la Justicia como los engranajes técnicos que habrían permitido que un soborno de un millón de dólares, presuntamente cobrado por Gustavo Gentili, extitular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) durante el kirchnerismo, adquiriera una apariencia de legalidad. Aunque los dos uruguayos permanecerán en libertad, enfrentarán embargos por 900 millones de pesos cada uno, a la espera de una nueva revisión de la Cámara Federal porteña.

La decisión de Casanello se apoya en un dictamen del fiscal federal Carlos Rívolo y busca sortear el escollo que, en ocasiones anteriores, llevó a la Cámara Federal a revocar los procesamientos. El argumento recurrente de la Cámara era la falta de evidencia directa que probara que ambos intermediarios conocían el origen ilícito del dinero.

Gentili, quien debe ir a juicio oral junto con otros acusados, controló los peajes en rutas nacionales durante años, un circuito que movía miles de millones de pesos. La investigación judicial reconstruyó que desde su posición, habría cobrado retornos en licitaciones a los concesionarios de corredores viales, para lo cual habría recurrido a intermediarios especializados en el movimiento de dinero no declarado.

La «ceguera voluntaria» como prueba

Para Casanello, no es imprescindible demostrar que los “facilitadores profesionales” conocían directamente el origen espurio del dinero. En cambio, sostiene que existen indicios contundentes de que eligieron no saberlo, operando bajo una suerte de “ceguera voluntaria” o “ignorancia deliberada”.

La defensa de los acusados, sin embargo, califica el planteo de la “ignorancia deliberada” como una categoría “experimental e incompatible” con el Derecho Penal y Constitucional argentino, argumentando que su aplicación requeriría una base fáctica que, según ellos, no existe en este caso. Además, sostienen que el juez no aportó argumentos novedosos que justifiquen un cambio de postura de la Cámara Federal.

El juez Casanello sostuvo que no es necesario probar que los “facilitadores profesionales” conocían de modo directo el origen espurio del dinero que ayudaron a mover para Gentili cuando existen indicios contundentes de que ambos eligieron no saberlo. Es decir, que actuaron bajo una “ignorancia deliberada”, bajo una suerte de ceguera voluntaria.

Antecedentes y pruebas clave

El juez y el fiscal Rívolo invocaron el antecedente de “Carbón Blanco”, una investigación por narcotráfico donde se impusieron condenas por lavado de activos basándose en el dolo eventual y el conocimiento inferido a partir de indicios objetivos. Aplicado al caso Gentili, Casanello remarcó, por ejemplo, que en julio de 2013, tres días antes de la acreditación de un millón de dólares, la firma Aspen Trading Corp, controlada por Pérez Montero y Ribeiro Ricci, firmó un recibo reconociendo que no le adeudaba nada a otra sociedad, Febaro SA.

Este reconocimiento de pago antes de que el dinero existiera fue interpretado por el juez como una simulación clara para facilitar el movimiento y blanqueo de fondos ilícitos. Además, correos electrónicos incautados revelan la mecánica interna del esquema, donde los involucrados se referían al dinero como “la tarasca” o “los alfajores”. En uno de esos emails, Ricardo López Naón, otro acusado, alertó: “Técnicamente es una donación del padre, pero no lo podemos decir porque si se escarba, ¡explota todo!”.

Las inspecciones del Banco Central del Uruguay sobre la sociedad de Pérez Montero y Ribeiro Ricci también reforzaron la hipótesis judicial. En 2023, Pérez Montero, quien trató a Gentili por más de quince años, se negó a entregar sus correos personales a los inspectores. Años antes, en 2016, Aspen Trading Corp ya había sido sancionada por dificultar tareas de supervisión y carecer de controles antilavado adecuados. Para Casanello, esta reiteración demuestra un patrón deliberado de borrar rastros.

Ahora, la Cámara Federal deberá expedirse sobre la validez del planteo de Casanello, una decisión que podría sentar un precedente significativo para abogados, contadores, financistas, escribanos y otros profesionales sospechados de actuar como “sherpas” de la corrupción, exponiéndolos incluso si la sofisticación técnica es su principal herramienta.