Polémica propuesta de Pichetto: busca que el Congreso anule la condena a Cristina Kirchner por «gravedad institucional»
El diputado Miguel Ángel Pichetto presentó una controvertida propuesta para que el Congreso de la Nación anule la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El planteo se basa en una supuesta facultad del Poder Legislativo para intervenir sobre la Justicia ante situaciones de clara “gravedad institucional”, una idea que, según especialistas en derecho constitucional consultados por LA NACION, carece de asidero y antecedentes jurídicos.
La iniciativa formó parte de la exposición de Pichetto la semana pasada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. “Es una exploración que todavía no se ha desarrollado y sé que es un argumento que va a levantar la polvareda porque entro a jugar con el principio de división de poderes. Pero creo que son atribuciones inherentes del Congreso frente a temas de gravedad institucional y de nulidades evidentes y notorias”, explicó el legislador.
Pichetto, quien busca un acercamiento al kirchnerismo y promueve la creación de un “espacio de centro nacional”, argumentó que el Congreso posee facultades “inherentes” no escritas que le permitirían anular una sentencia firme del máximo tribunal. Buscó sostener esta idea con advertencias sobre lo inconveniente que resulta para la democracia que un exjefe de Estado se encuentre condenado, además de señalar presuntas irregularidades específicas en el desarrollo de la causa Vialidad.
Críticas a la Justicia y argumentos sin respaldo
El diputado repartió críticas hacia la Cámara de Casación, la Corte Suprema e incluso a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, a quien responsabilizó por autorizar el traslado a Comodoro Py de Diego Luciani, el fiscal que luego intervino en el juicio de Vialidad. También sostuvo que las cinco vocalías previstas para la Corte debieron haber estado ocupadas cuando el tribunal dejó firme la condena a seis años de prisión contra la expresidenta. Afirmó que los actuales integrantes de la Corte debieron apartarse al momento de resolver debido a un juicio político impulsado por el peronismo en su contra.
Según la visión de Pichetto, estas y otras supuestas “irregularidades” configuran un caso de “gravedad institucional”. Para fundamentarlo, invocó una doctrina que, dijo, la Justicia inauguró con el caso “Jorge Antonio”, vinculado con los bienes decomisados a un empresario cercano a Perón tras el golpe de 1955. Sin embargo, este antecedente no reconoce al Congreso ninguna facultad para anular sentencias, ya que la Corte utilizó esa figura para admitir un recurso contra una resolución que no era definitiva.
A pesar de que la condena contra Cristina Kirchner fue dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 2, confirmada por la Cámara de Casación y convalidada por la Corte Suprema, Pichetto aseguró que su planteo tenía como punto de partida la “presunción de inocencia” de la expresidenta. Insistió en que el Congreso posee la potestad de intervenir, declarar nula la sentencia y hacer valer el “equilibrio de poderes”.
“Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”, afirmó.
El ejemplo de Brasil y el rechazo de constitucionalistas
Como ejemplo “aplicable”, Pichetto mencionó la intervención del Congreso brasileño sobre el régimen de penas que podría alcanzar al expresidente Jair Bolsonaro. Se refirió a la denominada ley de dosimetría, sancionada en diciembre pasado en Brasil, que modificó retroactivamente las reglas de cálculo y ejecución de las penas y podría reducir el castigo impuesto a Bolsonaro. No obstante, esta norma no absolvió al expresidente brasileño ni anuló su condena, como propone Pichetto para Cristina Kirchner, sino que modificó con alcance general el régimen penal aplicable a los delitos vinculados con la tentativa de golpe de Estado. Además, esa ley fue posteriormente vetada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El constitucionalista Pablo Manili, consultado por LA NACION, fue contundente: “La propuesta del diputado Pichetto no tiene ningún asidero jurídico”. El experto explicó que “el Congreso de ninguna manera tiene competencia para anular un fallo judicial. Los fallos judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación solamente pueden ser dejados sin efecto como consecuencia de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que se haya tramitado primero una denuncia ante la Comisión y luego un juicio ante la Corte Interamericana”.
La propuesta generó rápidas reacciones en el arco político. Desde la Coalición Cívica, Mónica Frade declaró en Radio Zónica: “En la CC respetamos la división de poderes y no vamos a acompañar ningún proyecto para revertir el fallo contra Cristina Kirchner. Si la expresidenta considera que hubo irregularidades, tiene otros ámbitos para plantear el tema. Nosotros respetamos la división de poderes”.
