Ley de Lobby: Fopea y otras ONG denuncian «supervisión estatal permanente» y riesgos para la libertad de expresión

Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Fundar, Poder Ciudadano y Amnistía Internacional, elaboraron un contundente documento para expresar sus disidencias sobre aspectos centrales del proyecto de Ley de Lobby que el gobierno de Javier Milei remitió a la Cámara de Diputados. Las entidades expondrán sus reparos este martes en un plenario de comisiones en el Congreso, donde se debatirá la iniciativa.

El proyecto, denominado formalmente Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, busca, según la Casa Rosada, regular la influencia de diversos actores sobre decisiones gubernamentales y legislativas. Su objetivo declarado es generar un Estado “sin arbitrariedad ni privilegios, con mayor participación” y reglas claras que promuevan la calidad institucional en Argentina.

Sin embargo, las organizaciones disidentes definen al proyecto como una ley “de participación vigilada”. En el documento, al que accedió LA NACION, advierten que, de aprobarse el texto tal como lo envió el Poder Ejecutivo, podría aumentar la supervisión estatal, particularmente sobre entidades críticas del Gobierno, y afectar la libertad de expresión.

Alertas sobre la «supervisión estatal permanente» y asimetrías

Las organizaciones plantean que la ley de lobby libertaria podría someter actividades normales en una democracia, como reunirse con legisladores, impulsar reformas o participar del debate público, a una “supervisión estatal permanente”. Denuncian que la obligación de inscripción previa y reportes periódicos, junto con las sanciones administrativas o penales previstas, “pueden generar barreras burocráticas importantes”.

Este impacto sería especialmente gravoso para organizaciones pequeñas o con menos recursos, que verían incrementados sus costos administrativos y la necesidad de asesoramiento legal. La equiparación entre entidades de distinto porte es calificada como “jurídicamente incorrecta y políticamente riesgosa”. En este sentido, señalan que las multas, que podrían ser “insignificantes” para empresas internacionales, resultarían “impagables” para ONGs locales, generando una “asimetría en la severidad”.

Otro punto de conflicto es la equiparación de la “participación social” en la construcción de políticas públicas con el lobby comercial. Las entidades firmantes sostienen que:

Debe observarse con estricta sospecha toda iniciativa que -aún cuando los fines proclamados sean legítimos- derive en una limitación ilegítima del derecho.

Factores como la “falta de independencia” de la autoridad de aplicación y la “amplitud” de conceptos que quedan librados a la reglamentación posterior del Poder Ejecutivo implican “riesgos de implementación selectiva” y la “utilización arbitraria y discriminatoria de la ley contra actores críticos”.

Impacto en el periodismo, ONGs y control del poder

Según las entidades, la aprobación de la iniciativa tal cual la mandó el Gobierno podría someter a las organizaciones que controlan al poder a “mayores niveles de monitoreo y fiscalización” por parte del mismo poder, lo que “afectaría su independencia y capacidad de acción”.

Consideran que uno de los “aspectos más delicados” del proyecto es su “posible impacto sobre la libertad de expresión, el periodismo y la circulación democrática de información en asuntos de interés público”. Si bien el texto oficial excluye las actividades periodísticas de la ley de lobby, las organizaciones aseguran que esa excepción está “redactada de manera ambigua” y “condicionada”. Esto es “particularmente problemático” para el periodismo de investigación, ya que una dimensión de incidencia pública podría exponerlos a sanciones, con el riesgo que esto implica para el resguardo de las fuentes.

Fopea y las demás organizaciones firmantes subrayan que el proyecto no distingue entre incidencia ciudadana e interés comercial, lo que podría afectar significativamente el trabajo de organizaciones de derechos humanos, comunitarias, internacionales, movimientos sociales, universidades, centros de estudiantes, sindicatos e iglesias, entre otros.

Además, critican que el articulado “asocia de forma espuria a las organizaciones que reciben financiamiento de la cooperación internacional con la representación de intereses extranjeros”, lo que podría generar un riesgo “reputacional y político” y una “estigmatización” contra organizaciones críticas del Gobierno.

Registro público, reportes y sanciones

El documento también cuestiona la creación de un Registro público de gestores, ya que el Estado gozaría de “cierto grado de discrecionalidad” para aprobar, rechazar o demorar las solicitudes de inscripción. Esto podría “utilizarse para demorar o bloquear intervenciones importantes y sensibles al paso del tiempo y limitar la participación de determinados actores”.

La obligación de presentar reportes trimestrales podría, en el caso de las organizaciones que controlan al Estado, forzarlas a revelar información que afecte “su independencia y capacidad de control sobre el poder público”, exponiéndolas a “presión o persecución política”. Las entidades acusan que el proyecto va en contra de jurisprudencia internacional en la materia y que los conceptos de lobby y lobby extranjero son “extremadamente vagos”.

Este martes, las organizaciones llevarán estas preocupaciones a la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que se realizará a las 14 en la Cámara baja.