Causa Vialidad: un año después, la Justicia no pudo decomisar bienes a Cristina Kirchner por $685.000 millones

A un año de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, la Justicia no logró decomisarle ni un centavo, a pesar de la orden de recuperar unos 685.000 millones de pesos. La expresidenta ha presentado una catarata de recursos judiciales para evitar el avance sobre sus bienes, llevando nuevamente el caso a la máxima instancia judicial del país.

Actualmente, el expediente se encuentra en la Corte Suprema, que deberá definir si rechaza el último recurso interpuesto por la defensa de Cristina Kirchner. De ser así, se habilitaría el remate de sus bienes mediante una plataforma digital por internet, un proceso que busca cubrir, al menos en parte, el millonario monto del decomiso.

La batalla judicial por los bienes

La estrategia legal de la expresidenta ha consistido en presentar múltiples recursos en el Tribunal Oral Federal 2, la Cámara Federal de Casación Penal y, ahora, nuevamente en la Corte Suprema. Esta última batalla se centra en 111 bienes identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, con el objetivo de que sean tasados y rematados. Existe, además, otro grupo de bienes señalados por la fiscalía que aún están en trámite ante el tribunal oral.

La Cámara Federal de Casación Penal ya rechazó el recurso extraordinario, confirmando la ejecución de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia. Sin embargo, la defensa de la expresidenta recurrió directamente a la Corte Suprema, un movimiento que los expertos consideran de difícil prosperidad.

La condena en la causa Vialidad no solo impuso seis años de prisión a Cristina Kirchner, sino también el decomiso de bienes por los 685.000 millones de pesos, una cifra por la que deben responder solidariamente todos los condenados. No obstante, los únicos con bienes cuantiosos susceptibles de decomiso son la expresidenta y sus hijos, ya que los activos de Lázaro Báez fueron rematados en la quiebra de Austral Construcciones y en la causa de la Ruta del Dinero K.

Fundamentos de Casación y el pedido del TOF 2

La decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, dejó firme la orden de avanzar con la ejecución de los bienes. La defensa de Cristina Kirchner argumentó que muchos de los bienes fueron adquiridos antes de los hechos que motivaron la condena.

En su voto, Hornos sostuvo que los recursos no demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte. El juez reiteró el fundamento general del decomiso en casos de corrupción, al señalar que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y que el instituto busca impedir que el ilícito produzca beneficios económicos permanentes.

El juez Barroetaveña adhirió al voto de Hornos, considerando que los agravios de las defensas se limitaban a expresar desacuerdos y no planteaban una controversia federal concreta. Borinsky, aunque coincidió en declarar inadmisible el recurso de Cristina Kirchner, mantuvo una posición parcialmente distinta respecto de los recursos de Lázaro Báez y los hijos de la expresidenta.

Tras la firmeza de la sentencia de Casación, el tribunal oral que dictó las condenas, a cargo del juez Rodrigo Giménez Uriburu, envió un oficio a la Corte Suprema. El objetivo es saber si alguno de los 111 inmuebles a ejecutar podría ser de interés de la propia Corte o del Consejo de la Magistratura para su uso, en función de las normas vigentes y en aras de un mejor servicio de justicia.

Reclamo por la tobillera electrónica

Paralelamente a la disputa por el decomiso de bienes, la expresidenta reclamó que se le retire la tobillera electrónica, amplíen su régimen de visitas y la dejen salir a la terraza, a un año de cumplir arresto domiciliario en su casa de San José 1111. Sin embargo, el fiscal Luciani se opuso y el juez Giménez Uriburu ratificó la vigencia de todas las condiciones de arresto la semana pasada.

El tribunal autorizó el ingreso libre a la vivienda exclusivamente para familiares, médicos, custodios y abogados, requiriendo autorización judicial para el resto de las personas. En cuanto al permiso para subir a la terraza del edificio, se autorizó su uso por dos horas diarias entre las 6 y las 20, considerando que Cristina Kirchner “conserva la posibilidad de acceder diariamente a un espacio abierto apto para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.