Administración fraudulenta: acusan al intendente de LLA de Allen por vínculos con un empresario
Marcelo Román, intendente de la localidad rionegrina de Allen y único jefe comunal de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia, quedó involucrado en un escándalo de presunta administración fraudulenta y peculado. La Justicia lo vincula con el empresario local Sebastián Ocampo, quien también fue señalado como partícipe necesario en la maniobra. La acusación se basa, en parte, en mensajes telefónicos que habrían mostrado al empresario impartiendo órdenes a funcionarios municipales.
Una audiencia preliminar se llevó a cabo este lunes con la presencia de ambos acusados. La instancia determinó un cuarto intermedio, y será el próximo 17 de junio cuando se defina formalmente si se da lugar a la formulación de cargos contra Román y Ocampo. Este desarrollo judicial se suma a una solicitud de revocatoria de mandato presentada por vecinos de Allen, que acusan al intendente de «negligencia e ineptitud» en la gestión.
La investigación y los indicios contra el intendente y el empresario
La investigación penal se inició a partir de una denuncia presentada el 26 de junio de 2025, que señalaba presuntas irregularidades ocurridas desde el inicio de la gestión de Román a fines de 2023 hasta mediados de 2025. El Tribunal de Cuentas de Allen fue el organismo que elevó la denuncia, indicando que Sebastián Ocampo, dueño de una radio local y un sitio web, habría ejercido funciones propias del cargo de intendente «sin tener la facultad legal para ello».
Según la denuncia, Ocampo habría tomado decisiones en la gestión municipal, participado activamente en reuniones de gabinete y resuelto sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias. El Tribunal de Cuentas afirmó contar con supuestos testimonios que certificarían la «existencia de este ejercicio irregular del cargo». Además, se investiga si la línea telefónica utilizada por Ocampo para comunicarse con funcionarios era abonada por la comuna municipal y si la radio del empresario recibía pagos por publicidad de parte del municipio como forma de honorarios encubiertos.
En julio de 2025, la Justicia, a través del Ministerio Público Fiscal y con las fiscales Graciela Echegaray y María Celeste Benatti a cargo, realizó múltiples procedimientos. Estos incluyeron allanamientos en el municipio y en propiedades vinculadas a Ocampo, con el objetivo de recolectar documentación y dispositivos electrónicos que pudieran aportar pruebas a la causa.
La defensa de Román y el reclamo vecinal
Tras la audiencia del lunes, el intendente Román se pronunció sobre las acusaciones, asegurando sentirse «tranquilo» y manifestando que la fiscalía carece de sustento probatorio.
«Nosotros tenemos la defensa preparada y vemos también que no hay mucha sustentación de parte de la acusación fiscal, porque en definitiva me califican con un delito y no dicen si lo cometí o no», afirmó el jefe comunal.
La situación judicial de Román se ve agravada por una solicitud de revocatoria de mandato impulsada por vecinos de Allen. Con más de 3000 firmas de empadronados, el escrito ingresó con sello oficial en el Concejo Deliberante. La petición acusa al intendente de «negligencia e ineptitud en la prestación de los servicios públicos» y de un «progresivo aumento de abandono» en diversas áreas relacionadas con el mantenimiento urbano de la ciudad.
