Crisis en Oschoca: Hugo Moyano «auxilia» con millones a la obra social de Camioneros

Desde hace al menos seis años, el Sindicato de Camioneros, bajo la dirección de Hugo Moyano, ha condonado y transferido miles de millones de pesos a la obra social del gremio, Oschoca. Esta entidad, cuyo fondo de comercio es gestionado por Iarai SA, una empresa de servicios médicos propiedad de Liliana Esther Zulet, la esposa del histórico líder sindical, enfrenta una profunda crisis financiera que ha llevado a intensificar el auxilio económico.

La compleja situación de Oschoca, que se agrava año tras año, empujó a Moyano a buscar soluciones urgentes. La obra social ha visto crecer su pasivo de manera exponencial, pasando de $7944.892.541 millones en 2023 a $27.046 millones en 2024, según los libros de memoria y balance a los que tuvo acceso LA NACION. A esto se suma una preocupante caída en la cantidad de aportantes, que disminuyó de 90.000 a 72.719 trabajadores registrados bajo el convenio laboral 40/89 en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Millonarias transferencias y aportes empresariales

Las asambleas sindicales, donde Moyano no ha encontrado oposición, han avalado a mano alzada los actos administrativos que permiten la condonación de deudas y las transferencias de fondos. En los últimos tres años, el Sindicato de Camioneros intensificó su apoyo financiero a Oschoca:

• En 2023, transfirió $3157.731.000 millones.
• En 2024, el monto ascendió a $3594.604.000 millones.
• Para 2025, se proyectaron $4611.672.225 millones.

Lo que va de 2026 ya registra siete transferencias bancarias entre el 4 y el 13 de febrero por un total de $2971 millones, lo que indica que el salvataje para el período en curso recién comienza. Fuentes cercanas a Moyano reconocieron el déficit y los problemas de caja, pero desestimaron un riesgo inminente de quiebra, argumentando que “todos los gremios están financiando a sus obras sociales por las dificultades del sistema de salud”.

Además del auxilio gremial, Oschoca recibe un aporte financiero mensual de parte de los empresarios, quienes aceptaron otorgar $28.000 por trabajador. Este pago, que comenzó como extraordinario y se ha convertido en un ítem salarial adicional, fue autorizado por la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, la nueva ley de “modernización laboral” limitará este tipo de aportes, conocidos como cuota solidaria, a un máximo del 2%, lo que representará otro golpe para la recaudación sindical.

La trama de Iarai SA y el fideicomiso Dhanvantari

El fondo de comercio de Oschoca es desarrollado por Iarai SA, una de las empresas creadas por Liliana Esther Zulet en 2003. En el directorio de Iarai SA figuran Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, hijos de Zulet de matrimonios anteriores a su unión con Moyano. Recientemente, la obra social transfirió fondos a la compañía de Zulet a través de un fideicomiso denominado Dhanvantari. El domicilio fiscal de este fideicomiso es el mismo que el de Iarai y otras dos empresas familiares, Dixey y Aconra, que mantienen negocios casi exclusivos con el gremio de Camioneros.

Impacto en los afiliados y el futuro del sistema

La crisis financiera de Oschoca ya impacta directamente en los afiliados, quienes han manifestado reclamos por la suspensión de prestaciones y la falta de entrega de medicamentos. Ante esta situación, Moyano evalúa la venta del Sanatorio Antártida, ubicado en Caballito y considerado en su momento una institución modelo.

La situación de Oschoca no es un caso aislado. La CGT alertó en un documento reciente sobre el riesgo de cierre de numerosas obras sociales debido al crecimiento de los costos y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. La central obrera señaló que la recaudación promedio del sistema ($67.525 por beneficiario) se encuentra significativamente por debajo del costo del Programa Médico Obligatorio (PMO), que ronda los $90.000 per cápita, justificando así la intervención económica de los sindicatos para sostener a sus obras sociales.

Los libros contables del Sindicato de Camioneros también revelan que Moyano administra 44 inmuebles en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Además, entre 2024 y 2025, destinó $589.448.285 para “marchas, paros y movilizaciones”, un detalle que subraya la inversión en el funcionamiento del aparato sindical.