Femicidios: Usina de Justicia advierte sobre la «indiferencia» estatal ante la violencia letal

Los nombres de Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Rivero irrumpieron en la conversación pública para engrosar una lista que la Argentina conoce demasiado bien: la de mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas por la violencia. Detrás de cada femicidio, hay una historia singular, una familia devastada y una ausencia imposible de reparar, pero también una pregunta que interpela a toda la sociedad: ¿por qué se sigue llegando tarde?

Desde la organización Usina de Justicia, se sostiene que los derechos de las víctimas constituyen una de las medidas más exigentes para evaluar la calidad de una democracia. Allí donde una persona queda desprotegida frente a una amenaza grave y previsible, el problema deja de ser individual y se convierte en una cuestión pública, demandando una respuesta estatal.

Prevención y justicia: el rol del Estado

La respuesta a la violencia letal no admite simplificaciones. Los femicidios son una expresión extrema de la violencia humana, resultado de decisiones criminales individuales, pero también obligan a examinar la capacidad del Estado para prevenir riesgos, proteger a las personas vulnerables y administrar justicia con eficacia. En un contexto de indignación inmediata y búsqueda de soluciones rápidas, la tentación de creer que cada tragedia se resuelve con una nueva ley o una pena más severa es recurrente. Sin embargo, la experiencia comparada demuestra que las sociedades que lograron mejores resultados frente a la violencia letal no lo hicieron exclusivamente mediante reformas penales.

Desde su creación, Usina de Justicia ha defendido que el poder punitivo es una herramienta indispensable para la protección de los derechos fundamentales. Una sociedad democrática no puede renunciar a investigar, juzgar y sancionar adecuadamente a quienes ejercen violencia, ya que la impunidad no protege derechos, sino que los erosiona. Cuando el delito no encuentra una respuesta proporcional, la confianza de las víctimas en las instituciones se debilita.

El criminólogo británico David Garland observó que, en las sociedades contemporáneas, cada tragedia suele generar la expectativa de que alguien debió haberla evitado. Frente a los crímenes más graves, la pregunta por el rol del Estado es inevitable, especialmente cuando existen señales de riesgo previas. La prevención efectiva no depende de anticiparlo todo, sino de que las instituciones sean capaces de identificar amenazas previsibles y actuar oportunamente con las herramientas disponibles.

Factores contextuales y experiencia internacional

En una línea similar, Hannah Arendt señaló que la violencia suele expandirse cuando las instituciones pierden capacidad para generar confianza, autoridad y previsibilidad. Esta reflexión cobra especial relevancia en una época atravesada por el deterioro de los vínculos comunitarios, la fragmentación social, los problemas de salud mental y una creciente dificultad para aceptar los límites que impone la libertad ajena. Ninguno de estos factores explica por sí solo la violencia contra las mujeres, pero ayudan a comprender el contexto en el que se desarrolla. Desde otra perspectiva, el filósofo Byung-Chul Han ha advertido sobre la progresiva pérdida de la capacidad de reconocer al otro en su singularidad y vulnerabilidad, un fenómeno que invita a preguntarse qué ocurre cuando el sufrimiento ajeno deja de ser percibido como una urgencia moral.

La experiencia internacional ofrece enseñanzas valiosas. Canadá, por ejemplo, desarrolló en las últimas décadas sistemas especializados de análisis de homicidios domésticos, evaluación de riesgo y coordinación entre organismos públicos. El trabajo de la Canadian Domestic Homicide Prevention Initiative y de los comités de revisión de muertes por violencia doméstica permitió identificar factores recurrentes de letalidad y mejorar la detección temprana de situaciones de alto riesgo. La principal enseñanza de esa experiencia es que la prevención eficaz depende menos de multiplicar normas que de la capacidad institucional para compartir información, reconocer señales de alarma y actuar antes de que la violencia alcance un punto irreversible.

Desafíos en Argentina: coordinación y responsabilidad ética

Argentina dispone de herramientas jurídicas e institucionales relevantes. Entre ellas, se destaca la labor de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde hace años constituye una puerta de acceso fundamental para personas en situación de vulnerabilidad, permitiendo la recepción de denuncias, la evaluación interdisciplinaria del riesgo y la adopción temprana de medidas de protección. Su experiencia demuestra el valor de los dispositivos especializados para detectar situaciones críticas antes de que la violencia escale.

Sin embargo, a nivel nacional persisten importantes desafíos en materia de coordinación y articulación entre los distintos poderes del Estado, jurisdicciones y organismos con competencia en la materia. Incluso las mejores herramientas pierden eficacia cuando la información circula de manera fragmentada o cuando las intervenciones no logran integrarse dentro de una estrategia común de prevención y protección. Son los operadores del sistema quienes interpretan riesgos, evalúan evidencias, escuchan a las víctimas y toman decisiones que pueden resultar determinantes.

La prevención de la violencia exige algo más que protocolos, estadísticas o estructuras administrativas. Requiere una profunda responsabilidad profesional y ética de quienes integran el sistema de justicia.

Detrás de cada expediente existe una persona cuya vida puede depender de una decisión tomada a tiempo. La Justicia no puede evitar todas las tragedias, pero sí puede evitar que las víctimas vuelvan a ser heridas por la indiferencia, la burocracia o la falta de comprensión de quienes tienen el deber de protegerlas.

Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Rivero ya no pueden ser alcanzadas por ninguna decisión judicial ni por ninguna política estatal. Pero sus nombres obligan a una reflexión que excede estos casos particulares. Como advirtió Garland, la seguridad absoluta es una promesa imposible. La indiferencia, en cambio, es una elección. Usina de Justicia concluye que toda sociedad deja ver sus prioridades en aquello que decide proteger, y la pregunta que persiste no es por qué se sigue llegando tarde, sino cuánto valor se está dispuesto a reconocerle a una vida antes de que se convierta en una estadística.