Denuncia contra un arrepentido: el exjuez Bailaque acusa a su contador de mentir para beneficiarse
El exjuez federal Marcelo Bailaque denunció penalmente a su excontador, Gabriel Mizzau, quien se acogió a la figura del imputado colaborador en la causa que investiga al magistrado. Bailaque acusa a Mizzau de haber mentido deliberadamente para obtener beneficios procesales, presentando información falsa sobre la adquisición de inmuebles que, según la defensa, la documentación pública desmiente.
La presentación, realizada el 1° de junio por el abogado de Bailaque, Claudio Puccinelli, ante la Unidad Fiscal de Rosario, busca invalidar parte del testimonio de Mizzau. Este último había firmado un acuerdo de colaboración el 26 de mayo de 2026, homologado por el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, que fue considerado un avance decisivo por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en la investigación contra el exjuez.
Las supuestas inconsistencias en el relato del arrepentido
La denuncia de Bailaque se centra en los dichos de Mizzau respecto a la adquisición de un departamento en la calle 3 de Febrero 1927, piso 6, de Rosario. Mizzau afirmó que el inmueble fue comprado el 20 de noviembre de 2014, una fecha que la defensa del exjuez califica de falsa. Según la documentación aportada –un boleto de compraventa y una escritura pública–, la propiedad fue adquirida a la empresa Brender SRL el 23 de enero de 2007, cuando el edificio estaba en construcción. La transferencia formal se instrumentó el 19 de noviembre de 2014 y se inscribió el 30 de diciembre de ese año.
El argumento central de Mizzau ante los fiscales Juan Argibay Molina y Diego Velasco, de la Procelac, fue que el matrimonio Bailaque-Martínez Maulión habría comprado dos departamentos —el de 3 de Febrero y otro en Italia al 2000, piso 13— en un lapso de nueve meses, sin la capacidad económica documentada para afrontar ambas operaciones. Esta supuesta inconsistencia patrimonial fue presentada como indicio de enriquecimiento ilícito.
La declaración de Mizzau, según las transcripciones, detallaba que el departamento de 3 de Febrero era de “unos 40 y algo metros cuadrados” y que su adquisición en 2014, nueve meses antes de la compra del de calle Italia, le había llamado la atención. Sostenía que los ingresos del exjuez y su esposa no alcanzaban para ambas adquisiciones en tan corto tiempo.
La defensa de Bailaque contrapone esta cronología, señalando que el boleto del departamento de 3 de Febrero es de 2007, no de 2014, y que el de calle Italia fue firmado el 30 de octubre de 2013 y escriturado el 31 de julio de 2015. Esto implicaría que entre ambos desembolsos pasaron seis años, y no nueve meses, lo que desvirtuaría la inconsistencia patrimonial alegada por Mizzau.
Delitos de falso testimonio y violación de secreto profesional
La denuncia de Bailaque tiene dos ejes penales. El primero es la violación del secreto profesional. Mizzau fue contador del exjuez y su esposa desde 2009, lo que le dio acceso a sus claves fiscales, bienes registrables y composición patrimonial. La defensa sostiene que, al revelar esta información ante el Ministerio Público Fiscal sin haber sido relevado del secreto profesional, Mizzau habría incurrido en los delitos previstos en los artículos 156 y 157 bis inciso 2 del Código Penal.
El segundo eje se enmarca en el artículo 276 bis del Código Penal, incorporado por la ley 27.304 que regula la delación premiada. Este artículo establece penas de prisión y pérdida del beneficio para quien, acogiéndose a la figura del imputado colaborador, “proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos”. La defensa de Bailaque argumenta que no se trata de un error de memoria, sino de una falsedad construida intencionalmente, basándose en información que Mizzau tenía en sus propias anotaciones. Incluso, el escrito sugiere que el video de la declaración mostraría al contador consultando apuntes fuera del encuadre de la cámara.
La intencionalidad es clave para Bailaque, quien alega que Mizzau no podía ignorar la falsedad de sus dichos, ya que los construyó a partir de información que él mismo procesó como profesional. Hacerlo en el marco de un acuerdo de colaboración para obtener una reducción de pena configuraría la malicia exigida por el tipo penal.
Contexto de la causa y la estrategia de la defensa
La denuncia de Bailaque se suma a un escenario complejo en la causa FRO 9010/2024. Mizzau no es el único “arrepentido”; Carlos Vaudagna, extitular de ARCA en Rosario, se acogió a la figura del imputado colaborador en marzo de 2025. Vaudagna admitió que en el quincho de Bailaque se planificó una causa falsa contra el empresario Claudio Iglesias con fines extorsivos. También Fernando Whpei, financista, suscribió un acuerdo de colaboración, comprometiendo a Bailaque en el manejo irregular de fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín.
Bailaque, el único imputado que no ha firmado ningún acuerdo, cumple detención domiciliaria desde el 1° de julio de 2025, tras la aceptación de su renuncia por parte del Poder Ejecutivo Nacional. La causa original investiga el vínculo entre el exjuez y el narcotraficante Esteban Alvarado, de quien Mizzau también era contador. El mismo profesional que manejaba los números de las empresas de fachada de Alvarado le ordenaba los bienes personales al magistrado, y es acusado de lavado de activos por no reportar operaciones sospechosas.
La presentación del exjuez también solicita que la investigación sobre la supuesta falsedad del testimonio de Mizzau sea asignada a un fiscal distinto de los que intervinieron en los acuerdos de colaboración, invocando el artículo 95 del CPPF. Esto incluye al titular de Procunar, Diego Iglesias; el fiscal Matías Scilabra; y los miembros de Procelac, Juan Argibay Molina y Diego Velasco. La defensa argumenta que la participación de estos fiscales en la negociación y formalización de los acuerdos compromete su objetividad para investigar un posible delito cometido en ese mismo marco. La estrategia de Bailaque busca, además, posponer la fecha de inicio del juicio oral.
