Conflicto sindical: la CGT denunció al Gobierno de Milei ante la OIT por «desmantelamiento» laboral
Las centrales sindicales argentinas, unidas en un frente común, denunciaron al Gobierno de Javier Milei ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza. Por primera vez en 25 años, el Estado argentino no envió representantes de rango desde Buenos Aires a esta cumbre del organismo especializado de las Naciones Unidas, lo que tensa aún más la relación entre el oficialismo y los gremios.
Jorge Sola, integrante del triunvirato de mando de la CGT, fue el encargado de exponer en representación de las tres centrales obreras. Sola acusó al Gobierno de «graves incumplimientos a las normas internacionales del trabajo» y de llevar adelante un «desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno Nacional está demoliendo desde diciembre de 2023».
La ausencia de funcionarios de alto nivel de la administración libertaria fue notoria. Los dirigentes sindicales esperaban que Julio Cordero, secretario de Trabajo del Gobierno, estuviera presente. Cordero, quien históricamente asistía a estos encuentros como representante del sector empresario o del Grupo Techint, no viajó esta vez ni expuso de manera virtual. La voz oficial recayó en Carlos Foradori, representante permanente de la Argentina en los organismos internacionales.
Críticas a la reforma laboral y la intervención gremial
La denuncia de Sola en la OIT coincidió con la reglamentación de la denominada ley de modernización laboral, una normativa fuertemente objetada por el sindicalismo en la Justicia. La CGT, a través de un comunicado, consideró que:
«Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad.»
Sola profundizó en sus críticas, señalando que el Poder Ejecutivo «vulnera nuevamente el convenio 150 atacando la libertad sindical y derechos individuales y colectivos» mediante «excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución nacional». El dirigente gremial citó como ejemplos la aplicación de sumarios administrativos y multas millonarias a gremios como La Fraternidad y la UTA por ejercer el derecho de huelga, y la intervención del gremio metalúrgico de la UOM.
Además, el referente sindical denunció un «desguace de organismos estratégicos» y una «aniquilación de los derechos laborales» promovida por la «ausencia de control estatal». Según sus palabras, la Administración Pública Nacional centralizada sufrió una reducción del 29% de su planta de trabajadores desde 2023, afectando particularmente a las dependencias encargadas de proteger el sistema de relaciones laborales y los derechos sociales.
Amenaza de un nuevo paro general
Mientras tanto, en Buenos Aires, diferentes sectores de la CGT y de las dos CTA evalúan la posibilidad de convocar a un nuevo paro general en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Cristián Jerónimo, otro de los jefes de la CGT, manifestó en declaraciones a Futurock: «Esta reforma no generó ni un solo puesto de trabajo. No se descarta un paro general. Vamos a defender los derechos adquiridos más allá de que vengan con una ley retrógrada. Si el gobierno no acata la ley de financiamiento universitario, por qué nosotros tenemos que aceptar una ley que tiene una carga negativa en la vida de los trabajadores».
De concretarse, esta sería la quinta huelga general que la CGT convoca contra la gestión de Javier Milei. La primera se realizó el 24 de enero de 2024, a poco más de un mes de la asunción presidencial.
