Acuicultura argentina: la producción supera las 12.000 toneladas y proyecta un salto a 80.000 para 2030
La acuicultura argentina experimenta una transformación significativa, dejando atrás su imagen de actividad con gran potencial pero escaso desarrollo. El sector se consolida como un sistema productivo emergente, capaz de integrarse a las cadenas agroalimentarias, generar exportaciones, diversificar economías regionales y ampliar la matriz productiva y alimentaria del país. Este proceso, sin embargo, subraya que la competitividad acuícola no reside únicamente en el agua, la tecnología o la inversión privada, sino que se inicia en la iniciativa institucional.
Durante años, Argentina poseyó atributos favorables para el desarrollo acuícola: ambientes acuáticos de calidad, especies de interés biológico y comercial, capacidades científicas, tradición agropecuaria y pesquera, disponibilidad territorial y acceso potencial a mercados internacionales de alto valor. No obstante, hasta 2020, el sector avanzaba de manera fragmentada y con baja escala y coordinación. El desafío principal no era productivo o tecnológico, sino de gobernanza y organización.
La Ley de Acuicultura como motor del crecimiento
La competitividad en los agronegocios depende de reglas estables, coordinación entre actores y capacidad para reducir incertidumbres. Requiere un alineamiento competitivo donde provincias, organismos, empresas, ciencia, financiamiento y sociedad operen bajo un objetivo responsable y ordenado. En este contexto, la Ley Nacional 27.231 de Acuicultura Sustentable, sancionada en 2015, fue la primera política pública integral. Esta norma no solo reconoció formalmente a la acuicultura como una actividad productiva estratégica, sino que también creó un régimen nacional de promoción y fomento, fortaleció los sistemas de registro y trazabilidad, impulsó la investigación aplicada, consolidó criterios sanitarios y ambientales, y promovió mecanismos de coordinación entre Nación y provincias.
La ley incorporó una visión moderna del desarrollo, entendiendo que la competitividad no se limita a producir más, sino a la capacidad de articular ambiente, tecnología, financiamiento, mercados y legitimidad social. Es decir, el crecimiento sostenible requiere instituciones que coordinen intereses, reduzcan incertidumbres y generen confianza. Una ley, al orientar incentivos y coordinar actores, puede transformarse en una herramienta de desarrollo real, funcionando como una infraestructura invisible que permite proyectar inversiones, organizar capacidades, orientar la innovación y generar consensos a largo plazo.
Resultados tangibles y proyecciones ambiciosas
El régimen promocional de la Ley 27.231, que venció en diciembre de 2025 tras diez años de vigencia, fue concebido para una etapa fundacional, buscando reducir barreras de entrada y estimular inversiones. Los resultados de los últimos cinco años sugieren que esta etapa inicial ha cumplido gran parte de sus objetivos. En 2024, la producción acuícola nacional superó las 12.200 toneladas, un aumento significativo frente a las 1.900 registradas en 2019.
La trucha arcoíris (salmónidos) representa cerca del 82% de la producción nacional en la Patagonia norte, mientras que el pacú se consolidó como la principal especie nativa cultivada en el NEA. Buenos Aires y Chubut avanzan en el desarrollo productivo del pez limón, diversificando las especies de alto valor. Tierra del Fuego es un ejemplo concreto de este proceso, donde la adecuación de su marco normativo permitió pasar de restricciones a un escenario de desarrollo, atrayendo nuevas inversiones. Las proyecciones actuales indican que la producción nacional podría superar las 15.000 toneladas hacia 2026, y alcanzar entre 70.000 y 80.000 toneladas hacia 2030.
La acuicultura argentina comienza a dejar atrás la lógica del potencial para transformarse en un sistema productivo real. Este proceso dependerá, más que de la abundancia de recursos, de la capacidad de construir reglas claras, coordinación federal, confianza y condiciones estables para innovar, invertir y producir. El desafío futuro no es solo la continuidad del régimen, sino la evolución de la política acuícola, fortaleciendo la bioseguridad, impulsando la producción genética nacional, acelerando la innovación tecnológica y de inteligencia artificial, mejorando los sistemas de trazabilidad, armonizando marcos regulatorios interjurisdiccionales y consolidando una estrategia federal que acompañe el crecimiento del sector en las próximas décadas, siempre con el cuidado del ambiente como condición primaria.
El autor es exdirector Nacional de Acuicultura, asesor del Consejo Federal de Inversiones y Consultor del Banco Mundial
