Designación de jueces: ¿Puede el Ejecutivo retirar un pliego ya en el Senado?
La reciente controversia sobre el retiro de un pliego para la designación de un candidato a juez, que ya se encontraba en consideración del Senado, ha puesto en el centro del debate la potestad del Poder Ejecutivo para realizar tal acción y sus alcances. El constitucionalista Mario Midón desglosa las implicancias de esta decisión, subrayando la complejidad del proceso de nombramiento de magistrados en Argentina.
El procedimiento para la designación de un juez en nuestro sistema es riguroso y multifacético. Un postulante debe, primero, aprobar un examen escrito. Luego, superar una entrevista ante el Consejo de la Magistratura. En un tercer momento, lograr la nominación presidencial. Después de ello, el pliego es elevado al Senado para que este cuerpo preste su acuerdo y, finalmente, el Ejecutivo está en condiciones de realizar la designación definitiva.
Midón enfatiza que la Constitución Nacional no contiene una norma expresa que regule el retiro de pliegos. Por lo tanto, cualquier interpretación debe considerar la esencia de las atribuciones presidenciales, el derecho legítimo del candidato propuesto y, crucialmente, el interés público que reside en la adecuada conformación del Poder Judicial de la Nación.
Requisitos para un retiro legítimo
Aunque podría pensarse que el Ejecutivo tiene la misma facultad para retirar un pliego que para enviarlo, el constitucionalista aclara que no es tan simple. El pedido de devolución de una propuesta a la Cámara alta implica un desistimiento institucional de la nominación. Esto inhabilita al Senado para tratar lo que ya no es una propuesta presidencial activa. Sin embargo, para que este atributo sea válido, deben cumplirse dos requisitos fundamentales.
El primer requisito es que los senadores no hayan iniciado el tratamiento que constitucionalmente les fue asignado, es decir, no hayan comenzado a considerar la aprobación o rechazo de la presentación presidencial. El tratamiento se inicia con el primer acto producido por la comisión correspondiente con miras a dictaminar sobre el tema, respetando así el principio de división de poderes.
El segundo requisito es que el primer mandatario invoque y acredite la existencia de un hecho sobreviniente que altere la idoneidad del candidato. Si el presidente propuso a una persona y, posteriormente, surgen hechos que demuestran su inidoneidad, un retroceso en la designación es considerado saludable y acorde a los intereses de la Nación. Por esta razón, el acto de retiro debe ser fundado, ya que el sistema republicano exige que se conozcan las motivaciones detrás de las acciones del Ejecutivo, garantizando la publicidad y transparencia de sus decisiones.
El caso reciente: un acto caprichoso
En el supuesto examinado por Midón, al anunciarse el retiro del pliego, el Senado ya había comenzado a tratarlo e incluso existía un dictamen de comisión que propiciaba el acuerdo. Además, el Poder Ejecutivo no ofreció razón alguna para justificar su determinación. Por el contrario, la sustracción del tema del ámbito senatorial, según la fuente, estaría orientada a vengar una discrepancia particular con un periodista que sería pariente de la candidata.
En suma, así pintado, un acto caprichoso que denota abuso de poder y carece de toda legitimidad.
La conclusión del constitucionalista es categórica: en las condiciones descritas, la acción presidencial constituiría un acto caprichoso, una muestra de abuso de poder y, por ende, carecería de toda legitimidad institucional.
