Contrabando de fauna en Corrientes: un inspector, cazadores brasileños y un circuito bajo la lupa
La provincia de Corrientes se encuentra en el centro de una investigación por presunto contrabando de fauna, que involucra a cazadores e influencers extranjeros y a un inspector local de vida silvestre. La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) de la Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió una carpeta de investigación tras una alerta de la Policía Federal y la organización Freeland International.
Según la información relevada, un grupo de cazadores e influencers extranjeros promociona desde abril de 2025 viajes de turismo cinegético (caza deportiva) a la localidad de Sauce, uno de los principales polos de esta actividad en Corrientes. Estos grupos, además de organizar las excursiones, asegurarían la colaboración de un “inspector local de vida silvestre” para garantizar la exportación de los animales cazados como “trofeos” sin inconvenientes hacia sus países de origen.
La operatoria bajo sospecha es grave, ya que Sauce no cuenta con las habilitaciones provinciales ni nacionales necesarias para la exportación de trofeos, según pudo corroborar LA NACION mediante un pedido de acceso a la información. La taxidermia, proceso para conservar animales muertos extrayendo sus órganos y rellenando la piel, es clave en esta cadena.
El inspector señalado: un pasado de furtivo y nueve denuncias
El foco de la investigación recae sobre Diego Miguel Ruiz Díaz, un inspector de flora y fauna de la Dirección Provincial de Recursos Naturales que trabaja ad honorem en Sauce. Múltiples fuentes consultadas lo señalan como un actor clave en el presunto esquema de contrabando. Curiosamente, Ruiz Díaz era conocido hace menos de cinco años como cazador furtivo en la zona, una descripción confirmada por su superior, Agustín Portela, director de Recursos Naturales de la provincia, en diálogo con LA NACION.
Antes de su rol como funcionario, Ruiz Díaz tuvo una carnicería clausurada por vender ciervo rojo sin la aprobación del Senasa. Sus redes sociales muestran su afición por la pesca y la caza, y su militancia radical correntina. Cuatro fuentes vinculadas al mundo de la caza en Sauce lo describieron como “abusivo” y “extorsivo”, y varias irregularidades han sido denunciadas ante la justicia provincial.
Entre 2022 y 2025, Ruiz Díaz acumuló nueve causas en la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de Curuzú Cuatiá. Los delitos incluyen abuso de autoridad, detenciones injustificadas, depositario infiel, incumplimiento de deberes, hurto, lesiones leves y asociación ilícita. Si bien fue absuelto en una, el resto permanece en trámite.
Consultado por LA NACION, Ruiz Díaz negó conocer la mayoría de las denuncias, afirmando:
“Acusan, acusan, y después resulta que no pasa nada porque era toda mentira”.
Solo reconoció haber sido notificado en un juicio por “astas” donde fue absuelto.
El caso de las astas de ciervo y un fondo sin trazabilidad
En 2021, Ruiz Díaz confiscó 582,8 kilogramos de astas de ciervo rojo, valuadas en aproximadamente US$5000, que tenían como destino China. El expediente judicial al que accedió LA NACION indica que 71 de esas astas provenían de caza furtiva. Aunque la ley provincial lo considera una falta administrativa, testimonios judiciales sugieren que las astas fueron vendidas, lo que para la fiscalía constituiría una violación de las atribuciones del funcionario.
Ruiz Díaz afirmó haber entregado las astas a la Dirección de Recursos Naturales, desentendiéndose del asunto. Desde esa oficina, ni Portela ni el abogado Diego Diratchette pudieron precisar el destino de la venta. Portela, de hecho, dijo no recordar si se vendieron y que, en general, se procede a la destrucción. Sin embargo, en este caso no se destruyeron. Diratchette explicó que la provincia tiene la facultad de “dar a los productos y animales comisados el destino que más convenga”, y que las astas se vendieron a distintos acopiadores.
Las ganancias de esta venta deberían ir a un “Fondo para protección y conservación de la fauna”, de uso exclusivo de la Dirección de Recursos Naturales para infraestructura y operativos. A este fondo también se dirigen las multas por irregularidades en la caza. Sin embargo, no hay trazabilidad sobre las ganancias de la venta de las astas.
Permisos irregulares y hostigamiento
Fuentes del turismo cinegético de la zona aseguran que los permisos de caza, aunque se tramitan online, avanzan o no según la relación con Ruiz Díaz.
“Si vos querés cazar y no tenés un campo, hablás con él y te facilita el proceso. Te da los permisos de caza y los registra como si fuera habilitado”,
describió un abogado rural.
Fabio Ávalos, dueño del coto La Alemana en Sauce, denunció hostigamiento por parte de Ruiz Díaz, quien le habría pedido entre el 20% y 30% de sus ganancias. La disputa entre ellos escaló a agresiones físicas, resultando en un proceso judicial por lesiones leves.
Los cotos investigados por Freeland International, que muestran en sus redes sociales a influencers y cazadores extranjeros, serían facilitados por Ruiz Díaz. En sus publicaciones, además de la caza de ciervo colorado (permitida en cotos), se observan armas con silenciadores y miras nocturnas, cuyo uso está prohibido en Argentina. El inspector justificó estas infracciones diciendo que “después los cotos pagan y pueden seguir”, y atribuyó las “infundadas acusaciones” a su “trabajo férreo” contra cazadores furtivos.
Agustín Portela defendió a Ruiz Díaz, destacando su “conocimiento empírico” sobre las anomalías y trampas en el mundo de la caza, a pesar de su posible falta de “formación académica como inspector”.
