Ley de Lobby de Milei: Advierten que el proyecto podría «perjudicar» a organizaciones civiles

El proyecto de ley que el Gobierno presentó la semana pasada para regular el lobby ha encendido alarmas en diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover la transparencia, la cooperación internacional y el monitoreo de la actuación estatal. Aunque reconocen la necesidad de transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, las entidades advierten que la iniciativa no distingue entre quienes buscan defender intereses particulares y quienes impulsan causas de interés público. Esta ambigüedad, sostienen, podría alcanzar actividades habituales de incidencia ciudadana y control del poder.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, expresó que la definición de “gestión de intereses” es “demasiado amplia”. Según explicó, cualquier reunión, llamado telefónico o correo electrónico dirigido a un legislador o funcionario con el objetivo de promover cambios en una política pública podría quedar alcanzado por el régimen. “Una cosa es un interés particular de una empresa y otra muy distinta impulsar mejoras en una ley de acceso a la información pública o una política vinculada al fortalecimiento democrático”, planteó Secchi.

Hablemos un poco del proyecto de Ley de Lobby. y empezamos preguntándonos
¿Ley anti-ONG?
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— Pablo Secchi (@pablosecchi) May 29, 2026

La iniciativa oficial define como “gestión de intereses” a toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento o incidencia destinada a influir en una decisión pública, ya sea realizada por personas físicas o jurídicas, con o sin fines de lucro, de manera gratuita u onerosa. También alcanza a quienes actúen en representación de terceros. Esta formulación genera reparos, además, en asociaciones de magistrados que observan que la redacción puede confundir el ejercicio profesional con el lobby.

Desde Poder Ciudadano, advierten que el texto no diferencia entre actividades de lobby orientadas a obtener beneficios particulares y acciones de incidencia vinculadas al interés público. Temen que organizaciones que promueven reformas legislativas, monitorean políticas públicas o buscan mejorar mecanismos de transparencia queden sujetas a las mismas obligaciones que empresas o consultoras especializadas en representación de intereses. “Con esa información el Estado podría, por ejemplo, presionar a funcionarios, legisladores, o asesores que se reúnen con la sociedad civil que tenga visiones diferentes a las del Estado en determinado tema”, explicó Secchi.

Preocupación por estigmatización y sanciones

Las preocupaciones se extienden a la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), una federación que nuclea a más de 280 organizaciones de todo el país. En un comunicado, tras la presentación del proyecto oficial, RACI advirtió que la amplitud de las definiciones podría abarcar buena parte de las actividades habituales de incidencia que realizan. Entre los riesgos identificados, menciona posibles situaciones de estigmatización pública, sobrecarga administrativa, incremento de controles, campañas de desinformación y una eventual utilización política de los registros.

“Si bien formalmente se presenta como una ley de transparencia y regulación del lobbying, la amplitud de sus definiciones, el enfoque sobre ‘intereses extranjeros’ y la incorporación de sanciones penales generan preocupaciones relevantes para organizaciones que trabajan en incidencia pública y cooperación internacional”, advirtieron desde RACI.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, comparte parte de esas objeciones. Si bien considera legítimo que exista una regulación de la actividad de lobby y señala que existen antecedentes internacionales en esa materia, cuestiona que el proyecto someta bajo un mismo régimen a organizaciones civiles y actores económicos con intereses comerciales. “No es lo mismo una actividad realizada por intereses económicos que otra impulsada por organizaciones de la sociedad civil que buscan promover causas de interés público”, sostuvo.

Talerico también cuestionó la severidad del régimen sancionatorio. “La pena de prisión es absolutamente desmedida”, afirmó. Según señaló, el ordenamiento jurídico ya contempla figuras como el tráfico de influencias para sancionar conductas orientadas a obtener beneficios indebidos mediante la influencia sobre funcionarios públicos. Además, la exfuncionaria agregó que existe una tensión con la reforma política impulsada por el oficialismo, sobre todo en el punto de financiamiento político, donde observa una flexibilización de controles que contrasta con el nivel de supervisión previsto para organizaciones de la sociedad civil.

Los detalles del proyecto oficial

La iniciativa, denominada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, fue girada a la Cámara de Diputados la semana pasada y este miércoles iniciará su debate en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. La regulación alcanzaría tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y busca transparentar quién intenta influir sobre decisiones públicas, en nombre de quién y sobre qué asuntos.

Para ello, propone crear un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse obligatoriamente las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades, y un Registro Público de Gestión de Intereses, donde los funcionarios deberán informar cada contacto mantenido con gestores, detallando participantes, fecha, organismo involucrado y temas tratados. El régimen obligaría, además, a informar quiénes son los clientes o beneficiarios finales de cada gestión, sobre qué asuntos buscan incidir y si representan intereses extranjeros. También establece la presentación de reportes trimestrales con el detalle de las actividades realizadas.

Uno de los puntos que se observa con atención es el listado de actividades excluidas. El proyecto establece que no estarán alcanzadas las actividades académicas, científicas, técnicas, periodísticas o de difusión general. Sin embargo, introduce una aclaración que genera reparos: la excepción rige únicamente cuando esas actividades no tengan por objeto influir en una decisión pública determinada.

Otro de los capítulos sensibles es el referido a los llamados “intereses extranjeros”. El proyecto obliga a declarar expresamente cuando una gestión se realiza por cuenta, financiamiento o beneficio de gobiernos, empresas, partidos políticos o personas del exterior y habilita requerimientos adicionales de información en determinados casos. La iniciativa prevé, además, un régimen de sanciones administrativas y penales. Las multas pueden ir de cinco a 500 salarios mínimos y escalar hasta 2000 salarios mínimos en casos agravados. También contempla penas de prisión para quienes realicen gestiones sin inscripción previa, oculten información relevante o actúen clandestinamente en representación de intereses extranjeros en áreas consideradas sensibles.